La inversión minera habría caído 14.1% el 2023, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El Gobierno peruano sabe que destrabar un grupo de proyectos mineros podría inclinar la balanza hacia una recuperación en 2024; en general los impulsos que apunten al sector son clave para la economía del país. Por eso, como parte del Plan Unidos, hay un espacio especial en el sector minero. Algunas de las propuestas normativas de mejora ya han sido publicadas. En total son 21, pero 16 aún están en maduración.
Gestión pudo acceder al detalle de cuáles son las próximos cambios normativos que se trabajan. El foco está en la exploración minera, es decir, el descubrimiento de nuevos yacimientos. Cabe recordar que actualmente el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene una cartera de exploración minera de 70 proyectos por US$ 521 millones.
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Optimización
A octubre, la inversión en exploración minera en 2023 alcanzó los US$ 341 millones, lo que representa un ligero aumento de 0.7% respecto al mismo periodo en 2022, según las cifras más recientes del Minem.
La razón detrás, comenta Gonzalo Tamayo, extitular del Minem, es el tiempo que se toman las entidades para aprobar los permisos de la actividad. “Esa siempre ha sido la cuestión, más allá de si se duplican los pedidos de información entre las instituciones del Estado. No es tanto el contenido de los documentos, sino el tiempo de evaluación”, comenta el también socio de Macroconsult.
Por eso, según pudo conocer Gestión, el Gobierno tiene planificado disponer la aplicación de un silencio administrativo positivo para los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La prepublicación de esta disposición sería durante este primer trimestre.
A Tamayo esta medida le parece crucial para facilitar el descubrimiento de nuevos yacimientos mineros. “Actualmente no está habilitado. La exploración minera no genera tanto impacto ambiental. Una decisión como esa respondería a un criterio de eficiencia del Estado en autorizar esas actividades con la responsabilidad que eso implica”, sostiene.
La medida también es saludada desde la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE). “El ITS se aplica para operaciones ya existentes donde una minera demostrará un mínimo impacto ambiental. Por eso un silencio administrativo positivo sobre ello es correcto”, señala Víctor Gobitz, su presidente.
El Minem también apunta a las Fichas Técnicas Ambientales (FTA), un documento para impactos ambientales no significativos que hoy en día es muy similar al DIA, que es para afectaciones leves.
El FTA se “dividirá” en dos, uno apuntará a actividades de exploración con mínima complejidad (solo hasta 10 plataformas), mientras que habría un FTA común, donde de los 253 requisitos, se eliminará 55 sobre calidad del aire, hidrología, mapas y otros que no le corresponden u otros que ya los tiene el sector público.
En el caso del DIA se apunta a ampliarlo: hoy se aplica para actividades entre 21 a 40 plataformas, pero la propuesta es que se extienda a 80 plataformas. En el caso del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-SD), para temas más complejos, se mantiene de 81 a 700 plataformas.
Además, se estaría evaluando “optimizar” el proceso de consulta previa. La idea es adelantar el procedimiento para exploraciones, de tal manera que, cuando se presente un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), se puedan identificar posibles afectaciones a comunidades.
Gobitz cree que la medida daría claridad sobre la necesidad del procedimiento. “Erróneamente se ve a la consulta previa como una negociación. Eso es válido para una nueva mina, pero no para una exploración porque tal vez no termine siendo un componente minero”, explica.
Para Tamayo, habrá que revisar a detalle el planteamiento. “El IGA se socializa. El asunto sería ver la viabilidad de empaquetar ese proceso de participación ciudadana con el de consulta previa para no hacer dos procesos similares”, acota.
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Cambios en mina
El Gobierno también se encuentra afinando modelos de trámites que involucran a la etapa de operación. La más conocida es la Ventanilla Única Digital (VUD).
Según pudo conocer este diario, a pesar de que se anunció que su primera etapa estaría lista antes de fin del 2023, ahora su implementación será a “mediano plazo”.
Su avance a la fecha es haber completado la etapa de interoperabilidad con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), un logro rescatable para Gobitz, ya que después del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la ANA es la entidad “opinante” más relevante.
El Minem también habilitará una ampliación excepcional de la vida útil de las unidades mineras, a través de una modificación del plan de cierre progresivo. Para ello, ya se elaboró un informe, con el que la cartera busca solucionar casos donde las reservas estimadas tienen la cobertura del IGA, pero no se pudieron extraer en su totalidad.
Desde la SNMPE saludan está propuesta porque consideran que alentará el cumplimiento de la normativa ambiental. “Sería un reconocimiento para quienes acreditan un historial de relacionamiento positivo”, acota Gobitz.
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Multisectorial
El paquete de medidas para los trámites mineros del Gobierno incluye cambios reglamentarios de sectores más allá del Minem. Uno de ellos, en coordinación aún, es mejorar el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA).
Según el Minem el problema actual con el Ciras es que hoy solo puede pedirse para áreas menores a 30 hectáreas o longitudes menores a 20 kilómetros. Lo anterior causa que los mineros soliciten Ciras fraccionados, alargando el trámite.
Para Tamayo, el Ciras podría replantearse a partir de las zonas ya conocidas por su valor. “Se sabe de zonas donde hubo asentamientos culturales. El Mincul podría precisar en qué áreas debería pedirse un Ciras naturalmente porque para algunas se hace predecible que no hubo actividad previa”, refiere.
“Implicará una discusión cultural, pero hacen falta lineamientos claros sobre lo que es un resto de valor histórico. Lo cierto es que el Gobierno está avanzando. Lo que queda es una mejora continua”, agrega Gobitz.
Otra medida multisectorial es el establecimiento de nóminas de especialistas que emiten opinión sobre los IGA. A la fecha, solo el Senace contaba con este personal. Las primeras entidades en aprobar sus nuevos cuadros serían la ANA y el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), este mismo mes.
De acuerdo al Gobierno, el problema era que no se podía contratar personal competente en otras entidades para el cargo. Los locadores tampoco se hacían responsables del contenido de sus informes, lo que recargaba a los CAS, que debían firmarlos.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
