Existe preocupación por los “avances” acotados (o estancamiento) sobre la nueva propuesta de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE), que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), utilizado -consideran algunos analistas- como un “camuflaje legal” para la minería ilegal en Perú.
A días de caducar su vigencia, el año pasado, el Gobierno peruano y el Congreso de la República aprobaron una tercera extensión del Reinfo hasta fines de junio de 2025, en tanto se preparaba una nueva propuesta de Ley MAPE. Esto, luego de que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, bajo el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fuera rechazado.
Alertas
Ya transcurrido un mes y medio de los seis establecidos como meta inicial no se han tenido reportes de mayores y/o significativos avances. De las últimas semanas, se destaca que Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, tuvo diversas reuniones con representantes de gremios informales.
A esto se sumó el retiro de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de una mesa de trabajo en el Legislativo al observar que ya se había “sentado una posición respecto a cómo abordar los problemas” alrededor del minería legal e informal.
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En diálogo con Gestión, la vicepresidenta de esta comisión, Diana Gonzáles (Avanza País), señaló que el congresista Gutiérrez estaría manejando la agenda de dicho grupo “a su discreción”. Formalmente, debería instalarse la primera semana de marzo para empezar la discusión de la propuesta correspondiente, pero la legisladora destacó que tiene la facultad de convocar para sesiones extraordinarias.
“Es importante que se escuchen absolutamente a todas las voces y no solo a algunos gremios. Aún desconozco el tenor de la fórmula que están evaluando, pero muestro mi preocupación de que [Gutiérrez] sea juez y parte de un tema tan delicado, recordando que él mismo presentó un proyecto de ley, que lo estaría dictaminando. Espero que se presente un texto que resista un análisis técnico”, alertó Gonzáles.
A la luz de los hechos, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, comentó que ya preveían este escenario de no reportar significativos avances en la elaboración de la Ley MAPE en las mesas de trabajo convocadas por Gutiérrez y de la cual se retiraron.
Sin embargo, dio a conocer que, desde dicha comisión del Legislativo se solicitó comentarios sobre la propuesta de Ley MAPE que presentó la gestión de Mucho casi a fines de noviembre. “Se ha pedido comentarios sobre la anterior propuesta. Entendemos que esto va a ser la base sobre la cual se va a discutir”, comentó.
Esto fue confirmado por Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien comentó que viene participando de las reuniones y donde hay un “componente fuerte” de representantes de la artesanal y pequeña minerías, además de “voces que defienden intereses de los ilegales”.
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“Hasta mañana [hoy viernes] se pidió que enviemos comentarios sobre la propuesta de (Rómulo) Mucho. Durante las reuniones, hemos visto mucho polaridad, posiciones antagónicas. Hay quienes, sin decirlo directamente, defienden los intereses de la minería ilegal”, indicó de Vinatea.
El gerente del IIMP destacó que la propuesta de Ley MAPE de Mucho se caracterizaba, principalmente, porque acotaba los plazos de diferentes procesos, que algunos lo habían tomado como indefinidos. Esto estaría relacionado con la permanencia en el Reinfo. También consideraba que la pequeña y artesanal minería no iba a estar exenta de controles y que se iba a respetar el sistema de concesiones. “Esto lo hizo competitivo al Perú”, refirió.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, también consideró que el “avance” en la elaboración de esta ley viene siendo “un proceso bastante confuso y accidentado” y con reuniones caracterizadas por una “presencia bastante nutrida y significativa de representantes de mineros informales”.
“Estamos preocupados por las implicancias que pueda tener el texto, habida cuenta de algunas iniciativas que se han barajado desde la propia presidencia de la comisión”, complementó.
Ejes prioritarios
Gonzáles destacó que la nueva propuesta de la Ley MAPE debe fortalecer la rectoría del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para asumir el control es este panorama. A esto agregó que deben realizarse trabajos de exclusión de mineros ilegales de los informales y también establecer un marco de trazabilidad del mineral que se termina explotando.
Para Grossheim, este nuevo sistema debe enfatizar en la trazabilidad de los insumos que se usan para la minería, de los minerales explotadores, la adquisición de maquinarias, entre otros.
A su turno, de Vinatea puntualizó que es clave realizar la diferencia entre la minería informal y la ilegal, la cual debe ser sancionada a su manera. Otro aspecto que destacó es que la pequeña y artesanal minería debería “volver al seno” de la Ley General de Minería, pues permitirá una mayor articulación. “Además, la formalidad debe abordarse como una política de Estado”, agregó.
Por último, De la Flor también alertó de eventuales modificaciones a los regímenes de propiedad y concesiones mineras. “El éxito del desarrollo de la minería se levanta sobre las bases de un régimen y sistema de concesiones que es considerado modelo a nivel internacional. La inversión minera que hemos tenido, en los últimos 30 años, no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un régimen de concesión que permita el desarrollo de proyectos mineros”, apuntó.
![Ricardo Guerra Vásquez](https://gestion.pe/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Felcomercio%2Fd7bc35b7-5071-4e3b-a84f-c37ac7588e81.png?auth=d1e6f98962cbf3954f0cb2ae45855237595edb84b27137a566b1d966a388b171&width=64&height=64&quality=75&smart=true)
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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