Cuatro horas y 11 minutos. Esto fue lo que le tomó a la presidenta Dina Boluarte leer, parcialmente, su discurso por Fiestas Patrias (el último antes de culminar su mandato). Resumir algunos pasos dados en el último año y –una vez más– intentar deslindarse del periodo de Pedro Castillo fueron los temas centrales expuestos frente al Congreso de la República.
Sin embargo, 10 páginas del final, pese a que contaban con las acciones a realizarse para lo que resta del Gobierno, fueron pasadas por alto por la mandataria (si las hubiera considerado, quizá superaba las 5 horas de lectura del discurso presidencial de julio del 2024).
Dicho esto, el sinsabor que ha quedado tras el discurso presidencial tiene implicancias que trascienden el 28 de julio, sobre todo por aquellos temas que se tocaron de manera tan somera que se pone en duda si hay un plan real para el último año de la gestión Boluarte.
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“En términos puramente económicos, el gran logro de la presidenta ha sido durar al mando del país (tras cinco figuras en el sillón de Pizarro en poco más de 5 años antes de su ingreso). Pero, no ha resuelto varios problemas: inseguridad ciudadana, minería ilegal y Petroperú”, consideró Elmer Cuba, socio de Macroconsult.
Es más, agregó que si no toma acción en este último año, estos temas podrían “explotarle en la cara” a Boluarte porque no resistirán 12 meses más sin medidas claras; lo que dejaría una “bomba de tiempo” para el próximo Gobierno. Pero, estos puntos no son los únicos.
La presidenta Dina Boluarte dio su último discurso por Fiestas Patrias de su mandato. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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Minería ilegal y Petroperú
A lo largo de las 97 páginas de su discurso, la palabra minería ilegal se mencionó siete veces, envueltas en el título: “Tolerancia cero frente a la minería ilegal”. En otro apartado, algo distante, se habló de la formalización minera.
“Me pareció ‘interesante’ cómo se separó el tema. Por un lado, estaba la minería ilegal y todos sus operativos; por el otro, estaba el tema de la formalización minera. En ambos casos no fue tan enfática como en realidad sí lo está siendo el ministro del sector (Jorge Montero). Por ejemplo, (el ministro) ha sido firme con no prorrogar el Reinfo y excluir a mineros informales que no cumplen ciertos requisitos, pero ella ha sido distante. Eso podría ser perjudicial”, indicó Paola del Carpio, coordinadora de investigación de Redes.
Para Cuba, este problema no puede quedar como una herencia desbordada para el próximo Gobierno. “Los mineros ilegales son fuertes y puede haber una fricción. Si no se arregla esta situación hasta diciembre con la publicación e implementación de la ley MAPE la propia presidenta podría caer y dar pie a un inicio conflictivo del nuevo mandato”, apuntó.
Solo por citar una cifra –que no excluye otras– es que la minería ilegal le costó al Perú S/ 7,500 millones en impuestos no pagados entre 2023 y 2025. Además, según cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2025, las exportaciones de oro ilegal superarían los US$ 12 mil millones. El golpe social es aún más doloroso, con una actividad ilegal que también deja muertos.
“Los mineros ilegales son fuertes y puede haber una fricción", dijo Elmer Cuba.
El otro tema que debe solucionarse es el de Petroperú. Es cierto que se anunció que la petrolera estatal firmó un acuerdo con Petroecuador para comprarle crudo y venderle, por ejemplo, diésel. Sin embargo, las cifras de la empresa del Estado van a necesitar que se acelere la contratación del Chief Transformation Officer (CTO) para que tome las riendas de la reestructuración en la gestión; tampoco se dio detalles sobre cómo finalmente se darán los pasos hacia la reestructuración financiera.
“Si quiere dejar huella, tendría que hacer una buena Ley MAPE y resolver los temas alrededor de Petroperú para que el siguiente presidente no tenga esos problemas y, esta vez, sí haya foco en reformas necesarias de temas clave”, indicó Cuba.
La petrolera ha aclarado que no necesitará un “salvavidas” financiero, sino más bien un reperfilamiento de su deuda; pese a que tiene un déficit en su capital de trabajo de US$ 1,000 millones. Esto ha generado dudas en distintos analistas.
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Seguridad, sigue en espera
Otro tema que para Del Carpio y Cuba será difícil combatir en el año que queda es el de la inseguridad ciudadana. Si bien ha habido intentos por luchar en contra de este flagelo, no ha habido logros claros. “Ya no se va a poder contener y quedará para el próximo Gobierno”, coincidieron.
¿Por qué este tema ya quedará en manos del siguiente mandato? El asunto no es la falta de acciones o anuncios como tal, sino la ausencia de una estrategia contundente y no de medidas aisladas que no funcionan. Hasta ahora quedará como una “incógnita” cuál fue el plan del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que duró en el cargo casi 10 meses y que no dejó ningún logro memorable.
Solo en junio, según data que recopiló Videnza Instituto, se registraron 37,747 denuncias por principales hechos delictivos. Sí, es verdad que ha habido un ligero descenso respecto a meses previos, pero aún hay puntos que atender.
Además, con data actualizada a mayo de este año, el Perú cuenta con un promedio nacional de 3.9 efectivos policiales por cada mil habitantes, lo que ofrece una referencia sobre la capacidad del Estado para responder a las necesidades de seguridad ciudadana. Mientras Tumbes tiene 6.15 efectivos policiales por cada 1,000 habitantes, La Libertad cuenta con 2.40.
Esto son solo algunos de los retos que ya deben ir anotando aquellos que hoy pugnan por tomar las riendas del país.
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La formalización, la eterna tarea pendiente
Se afirma que el Perú es el rey de los diagnósticos, pero a la hora de llevarlo a la práctica trastabilla. Boluarte dijo que “próximamente” están por aprobar la estrategia nacional de formalización laboral, cuya meta es alcanzar una tasa de 50% de formalidad. Para ambos economistas, se abren dudas sobre un ofrecimiento de esta magnitud en un Gobierno de salida porque lograrlo recaerá ya en el próximo Gobierno.
Es más, Cuba recordó a Gestión que él ha sido partícipe de exposiciones ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para llevar propuestas como una Ley de la Microempresa con diferencias en la parte tributaria y laboral, un “combo formalizador” con menor aporte a pensiones y salud para las personas con salarios bajos en un inicio, entre otros. “He explicado dos veces una propuesta laboral y me dicen: ah, ¡qué bonito! miran para el cielo, y ahí queda”, se queja.
Los datos oficiales evidencian la distancia entre el objetivo y la realidad. Según el INEI, la tasa de empleo informal entre abril 2024 – marzo 2025, se ubicó en 70.5%. Es decir, no tienen acceso a beneficios laborales ni están protegidos por la legislación vigente.
Sí, hay más temas que quedaron en el tintero. Pero, los expuestos son aquellos que si no se arreglan en los 12 meses restantes, darán pie a un arranque riesgoso para los próximos cinco años.
Según el INEI, la tasa de empleo informal entre abril 2024 – marzo 2025, se ubicó en 70.5%. Es decir, no tienen acceso a beneficios laborales ni están protegidos por la legislación vigente.
Perú sin aprovechar su “suerte”
La presidenta Dina Boluarte señaló que la economía peruana crecería entre 3.1% y 3.5% este año, pero esta cifra –aunque positiva– no refleja que el país haya aprovechado la “suerte” que hoy lo envuelve con el contexto internacional de altos precios de los metales.
“No va a haber un crecimiento a ritmo mayor pese al contexto externo muy favorable, con términos de intercambio que son los máximos en 70 años. No hemos aprovechado ello y es una herencia que se va a dejar: no lo pudo hacer”, dijo Elmer Cuba.
El crecimiento económico, se ha repetido constantemente, es la clave para la reducción de la pobreza (al menos de aquella que está fuera del ‘núcleo duro’) (ver cuadro de anuncios).
Otro asunto del que no se habló en lo absoluto es el de la reforma del Estado. Incluso temas puntuales como la fusión de ministerios o la creación del Ministerio de Infraestructura quedaron como el gran ausente cuando habían sido “estrellas” en el discurso del 2024.
A esto se añade algo más que solo una anécdota: la presidenta leyó cifras erróneas –como las calificó el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes– sobre la “meta” del déficit fiscal, dejando dudas más que certezas sobre si se dará un nuevo incumplimiento y quedará como un problema por resolver para la nueva gestión.
