La minería ilegal es la actividad criminal de mayor dimensión en el Perú, según un reporte de la Universidad del Pacifico (UP), y dentro de esta el comercio ilícito de oro es el viene posicionándose como el más importante.
El ranking de economías ilegales, con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), alerta que solo la minería ilegal de oro estaría moviendo alrededor de US$ 6,840 millones en el 2024, cinco veces más que otras actividades ilícitas como la trata de personas (US$ 1,300 millones) y el tráfico de ilícito de drogas (US$ 1,208 millones).
La exportación de oro ilegal en el Perú ha seguido la tendencia de crecimiento del precio de este mineral que, con proyecciones a mayo del 2024, estaría superando los US$ 75 por gramo.
Entre el 2005 y el 2023, el volumen exportado se multiplicó hasta por 7, llegando a envíos ilícitos de 77 toneladas de oro el año pasado, cifra que sería superada este año.
Para el 2024, el IPE proyecta que la exportación de oro ilegal ascenderá a 90 toneladas, teniendo en cuenta la diferencia entre los registros oficiales de exportación y la producción de oro. Diego Macera, director del IPE, precisó que el precio del oro se ha multiplicado y esto ha seguido muy de cerca la multiplicación de la producción.
“Una tema es qué tan rentable es la situación con un oro a US$ 200 o US$ 300 la onza y otra es con un oro a US$ 2,700 la onza, sobre todo con costos de producción que no han subido ni de cerca en la misma proporción. Para esta actividad hay márgenes enormes y ya empieza a penetrar en otros tipos de minerales, cada vez hay más presencia de cobre”, comentó durante su presentación en el seminario de Economías Ilegales de la UP.
Cabe mencionar que, según los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), la minería ilegal viene avanzando rápidamente entre los delitos que generan más riesgo al país.
La Superintendenta Adjunta de la UIF, Fernanda García Yrigoyen, precisó que en las primeras dos evaluaciones nacionales de riesgo, la minería ilegal no figuraba entre los primeros lugares, pero esto cambió hace cuatro años. En la evaluación del 2021, la última realizada, la minería ilegal se convirtió en el riesgo número uno para el Perú en relación al lavado activos.
“Hoy en día es minería ilegal en primer lugar, corrupción y tráfico ilícito de drogas en tercer lugar. La Unidad de Inteligencia Financiera del año 2014 al 2024, dentro de las comunicaciones de inteligencia que manda el Ministerio Público, identificó montos involucrados por US$ 80,000 millones por el delito de minería ilegal”, refirió.
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El país con mayor exportación de oro ilegal
En el 2023 se calculaba que entre el 30% y el 80% del oro exportado proviene de la minería ilegal. Por ejemplo, en Colombia, Ecuador y Venezuela alcanza más del 70%
Sin embargo, se estima que cerca de la mitad del valor de oro ilegal exportado analizado en América del Sur provenía del Perú, posicionándose por encima de países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela.
“Otros países de repente tienen una proporción más alta, como es el caso de Colombia, pero en monto es mucho menor. Entonces el Perú contribuye con casi la mitad de la minería ilegal de América del Sur. Cuando hablamos de oro ilegal en la región es un problema principalmente peruano, hay otros países que lo tienen también, pero en proporciones y montos más pequeños”, explicó Macera.
El director del IPE sostuvo que estos resultados evidencian que las políticas de formalización no han funcionado. Macera señaló que, por ejemplo, antes teníamos 22,000 mineros en Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigentes, la gran mayoría suspendidos
“(Del Reinfo) Los que han efectivamente transitado a una formalización efectiva son cerca del 2%. No hay ninguna política que puedas decir que fue exitosa con un 2%, es obvio que esto no ha funcionado y hoy se debate de nuevo la ampliación e incluso abrir la ventana para regresar al REINFO. Es una política que es evidente que necesita cambios estructurales”, precisó.
Si bien las políticas punitivas han sido claves, el economista afirmó que resultan insuficientes, sobre todo en zonas de difícil acceso. El IPE indicó que esto está relacionado a la adaptabilidad de los mineros ilegales y el desplazamiento de esta actividad ilegal a otras áreas, así como la falta de coordinación en el monitoreo y ejecución de políticas, y la corrupción y debilidad institucional.
En cuanto a la política de trazabilidad, consideró que esta no ha funcionado especialmente bien para la cadena de suministro de oro. El análisis concluyó que falta coordinación y articulación entre las entidades responsables, existe una debilidad institucional y complicidad de los actores legales, y hay desafíos para regular eficazmente los mercados internacionales para prevenir el comercio de minerales ilegales.
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