El avance vertiginoso de la minería ilegal en el país es cada vez más notorio. El mejor ejemplo de su presencia en el último tiempo está en Pataz, donde opera Poderosa, el segundo productor de oro en el Perú. En un conversatorio, donde estuvo presente Gestión, voceros de la empresa describieron en qué situación operan hoy ante la presencia de mineros ilegales en su concesión minera.
El resumen es alarmante: hoy están en una situación límite. Para proteger su concesión, han tenido que elevar considerablemente su inversión en seguridad. Una capacidad de gasto que solo es posible en tiempos donde el precio del oro a nivel internacional está por encima de su promedio histórico.
A meses de que concluya el proceso de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), desde Poderosa exigen que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) acelere la presentación de su proyecto de ley para la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Mape).
Será clave el involucramiento de más entidades en el proceso, concretamente la Oefa y Osinergmin. Caso contrario, su operación se haría insostenible.
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Insostenible
En diciembre, Poderosa sufrió un ataque de mineros ilegales que significó la pérdida de nueve de sus colaboradores. Pero los ataques no han cesado. A la fecha, la empresa reporta que ya fallecieron 17 trabajadores, 16 de sus torres de electricidad han sido dinamitadas y 25 de sus galerías tomadas.
Además, se han tenido 600 incidentes con “parqueros”, nombre que se le da a las bandas vinculadas a minería ilegales la zona. Se han detenido 600 personas al interior de la mina, donde 56 han sido menores de edad. También se han incautado 42 armas.
El gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, Pablo de la Flor, explicó que las amenazas han implicado que la empresa incremente fuertemente su gasto en seguridad.
“Eso ha significado para nosotros invertir en contratación de personal de seguridad 10 veces más el presupuesto que manejábamos antes. De menos de 200 guardias a 1,300. Son dos guardias de seguridad por cada lugar de operación. Esto es posible en la medida de que tenemos precios a US$ 2,500, pero el día que esto baje, no hay manera de soportar una operación que tenga este tipo de gastos”, advirtió.
Si eso no fuese suficiente, Poderosa ha invertido poco más de US$ 20 millones en la instalación de 1,400 tapones. Estas son estructuras de hierro con rieles de tren que se usan para cubrir las zonas de los socavones que han sido invadidas por los mineros ilegales.
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Meses clave
El Reinfo tiene fecha de caducidad: 31 de diciembre del 2024. Al menos de momento, una vez pasada esa fecha, dejará de existir el proceso extraordinario de formalización que representa este registro.
Como ya informó Gestión en reiteradas oportunidades, hoy el Reinfo permite que mineros informales o ilegales se mantenga en un “limbo legal”, ya que al estar inscritos, no puede ser sindicados de alguna responsabilidad penal, a pesar de invadir incluso concesiones mineras.
Según datos de Poderosa, de los 86,141 Reinfos inscritos en Perú, solo el 27% están vigentes (cumplen los requisitos de ley). Además, el 3% está en zonas de exclusión, es decir, propiedades de terceros con autorización para explorar y explotar. La inmensa mayoría estaría en la La Libertad, donde está Pataz.
El porcentaje anterior puede resultar pequeño, pero el dato revelador que recopiló la empresa es que el “grueso” de esos Reinfo superpuestos a concesiones está sobre propiedades de otros pequeños mineros. El 77% está en áreas de la pequeña minería formal.
Con casos concretos, Poderosa asegura que mineras como Ananea, productor de oro artesanal ubicado en La Rinconada, tienen 1,493 Reinfos en su concesión. Las Bambas, una minera grande principalmente de cobre, tiene menos de la mitad: 570.
Para revertir esta situación, y reemplazar al Reinfo, el Minem ha socializado un proyecto de ley que plantea una nueva Ley Mape. Si bien aún no se presenta oficialmente en el Congreso, desde Poderosa exigen que se le dé celeridad, ya que plantea que más instituciones fiscalicen este proceso.
Según explican desde la empresa, Oefa y Osinergmin, claves en el manejo responsable de la actividad minera, no pueden fiscalizar a la pequeña minería. Por ese motivo, la iniciativa legislativa del Minem propone habilitar este camino.
“Los gobiernos regionales, a través de sus Direcciones Regionales de Energía y Minas, pueden encargar, previo convenio, las acciones de supervisión y fiscalización a su cargo respecto de áreas o materias específicas al Oefa y al Osinergmin, conforme con sus respectivas competencias”, señala textualmente el proyecto.
De La Flor sostiene que este cambio, aunque es clave, no sería una novedad, ya que en materia laboral, la Sunafil ya supervisa en regiones la actividad minera bajo acuerdos con los gobiernos regionales. “No es que no se pueda hacer, pero falta voluntad de los gobiernos regionales para suscribir los convenios”, indica.
Aparte, señala que el único impedimento existente para Oefa y Osinergmin puedan intervenir es legal, ya que cuentan con recursos. “Están impedidos porque la ley orgánica de descentralización, dice que las competencias (de fiscalización minera) son locales”, explica.
El vocero de Poderosa recuerda también que las empresas formales mineras pagan un aporte por regulación, que es un porcentaje gravado sobre las operaciones y ventas. “No es un presupuesto menor, en la medida de que los precios (del oro) sigan con este desempeño (alto), seguiremos pagando cada vez más”, refiere.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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