La minería ilegal y las actividades criminales vinculadas continúan creciendo. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el Perú habría exportado 92 toneladas de oro ilegal en 2024, casi 20% más que en 2023 y tres veces lo registrado hace una década.
Ante el significativo incremento del precio internacional del oro, las exportaciones de oro ilegal habrían sumado más de US$ 7,000 millones, lo que representa un crecimiento de 46% frente al 2023, cuatro veces el crecimiento promedio de las exportaciones totales (11%).
Dicho monto equivale a más de 200 veces los presupuestos anuales destinados en 2024 para reducir la minería ilegal y formalizar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
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Focos de minería ilegal
La Amazonía se ha mantenido como uno de los focos principales de esta actividad ilícita. Según un estudio de la Universidad de Chicago, varias zonas de la Amazonía alejadas de las ciudades principales y cercanas a las fronteras – principalmente en Madre de Dios y Loreto – registran los niveles más altos de PBI per cápita del país, medida a través de indicadores como la iluminación de noche y emisiones de CO2.
Sin embargo, en estas regiones, menos de la mitad de los hogares tiene acceso a servicios básicos y más de la mitad de los niños menores a 3 años sufre de anemia. Así, la riqueza por habitante en esas zonas equipara las observadas en regiones como Ica, Arequipa y Moquegua, donde el acceso a servicios y la salud infantil son significativamente mejores.
Por otro lado, si bien las estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de extracción artesanal de oro en Madre de Dios indican una caída continua desde el 2016, la realidad es otra. Los mayores niveles de deforestación, delincuencia y uso de combustible en la región son claras señales del persistente avance de la minería ilegal.
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Así, por ejemplo, el consumo por habitante de combustibles en Madre de Dios no solo es cinco veces mayor al promedio nacional y el de otras regiones de la Amazonía, sino que ha ido en aumento a la par con el alza del precio del oro, indicando un uso cada vez mayor de este insumo en actividades como la minería y tala ilegal.
Peor aún, la venta de combustibles en la Amazonía se encuentra exenta del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), medida que no solo se ha traducido en altos costos fiscales, sino que también ha funcionado como un subsidio a la minería ilegal.
Un estudio reciente del IPE calcula que, en los últimos 20 años, producto de estas exoneraciones, se han dejado de recaudar S/10,000 millones, de los cuales S/2,940 millones corresponderían a Madre de Dios. De este último monto, considerando los patrones de consumo de combustible en otras regiones de la Amazonía, el 72% (S/2,111 millones) habría beneficiado a la minería ilegal.
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Riesgos y líneas de acción
Se espera que la cotización del oro se mantenga en niveles elevados durante los próximos años. Con ello, los incentivos al avance de la minería ilegal serán cada vez mayores. En esa línea, si el precio del oro aumenta 20% este año, como proyecta JPMorgan, y la producción ilegal de oro mantiene su ritmo de crecimiento de la última década, el valor de las exportaciones de oro ilegal crecería cerca de 40% en 2025.
Pese a estos riesgos, a fines del 2024, el Congreso de la República prorrogó por quinta vez la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de 2025, bajo el argumento de otorgar un plazo para la elaboración de la nueva Ley de formalización de la MAPE. Sin embargo, en la práctica esta medida sigue cubriendo bajo un manto de legalidad a la minería ilegal.
Por ello, es prioritario cerrar el Reinfo y desplegar una estrategia integral de combate contra la minería ilegal. Así, se requiere:
- Una política de formalización con plazos claros y adecuada a las características de los diferentes tipos de minería ilegal.
- Un esquema de trazabilidad de toda la cadena de valor del oro.
- Aumentar la presencia del Estado en estas zonas y desarrollar actividades económicas alternativas viables.
Toda esta estrategia se debe dar en el marco de un fortalecimiento de la coordinación intersectorial y transfronteriza, con acciones concretas vinculadas a un mayor presupuesto.
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