La minería ilegal en Perú, que por décadas se concentró en regiones como Madre de Dios y Puno, y en los últimos años se despliega con violencia en La Libertad, se expande cada vez más en departamentos del centro, norte y de la Amazonía peruana.
Según recientes reportes, actualmente esa actividad al margen de la ley alcanza mayor presencia en otras nueve nuevas regiones (Loreto, Amazonas, Huánuco, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Cusco, Arequipa y Pasco).
En la región Loreto, por ejemplo, comunidades en el distrito de Alto Nanay, en la provincia de Maynas, reportaron en las últimas semanas la operación de hasta 70 dragas y 30 “tracas”, equipos que componen la maquinaria con que los mineros ilegales extraen oro del lecho de los ríos de la zona.
Dragas en ríos amazónicos del Perú, fuente: informe de ACCA
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Suministro para Iquitos en riesgo
Ese accionar ilícito, según reportó un diario local (La Región) está destruyendo la zona de conservación de Alto Nanay, además de afectar el ecosistema del río Nanay, que es la fuente principal de agua potable para la ciudad de Iquitos.
Frente a esta situación, los pobladores de la zona de Santa María, capital del distrito de Alto Nanay, iniciaron el 19 de octubre último acciones de protesta ante una presunta inacción del Estado frente al avance de la minería ilegal, con el bloqueo a la navegación de embarcaciones por el río Nanay.
De acuerdo con fuentes locales, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estaría evaluando determinar la fecha de una reunión oficial en la zona de conflicto, aunque las comunidades insisten en que dicha cita debe contar con la presencia del presidente de la República, José Jerí.
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Bloquean tránsito fluvial
Mientras tanto, hasta el último miércoles se informaba que el tránsito fluvial continúa paralizado, sin pase para embarcaciones de transporte público ni carga comercial, salvo para los botes de los comuneros, quienes mantienen el control territorial en la zona como medida de resistencia frente a la minería ilegal.
Además de Maynas, en otras provincias loretanas, como Datem del Marañón, ya se había reportado meses atrás el accionar ilícito de un conjunto de 46 dragas y otros equipos de maquinaria pesada excavando en busca de oro en el río Marañón.
Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS–Perú), en años anteriores los ilegales habían arrasado con 15,821 hectáreas de bosques en esa región, afectando el hábitat de comunidades nativas.
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Dragas también en Huánuco
Vigilante Amazónico, plataforma de vigilancia de conflictos socioambientales, dio a conocer también la última semana una denuncia sobre la presencia de más de 30 máquinas excavadoras de mineros ilegales que se encontraban operando en el río Yuyapichis, en la región Huánuco.
Esta actividad –refieren- ha devastado en pocos meses gran parte del cauce y las riberas del mencionado afluente, destruyendo hectáreas de bosque primario y amenazando gravemente la Estación Científica ACP-Panguana. En cuestión de semanas, refiere esa plataforma, la minería ilegal ha excavado 36 kilómetros del curso del río Yuyapichis.
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Hasta antes de esta denuncia, según informe de Conservación Amazónica (ACCA), en Huánuco ya 1,763 hectáreas habían sido devastadas por la referida actividad en el lapso de un año en la zona de la Reserva Comunal El Siria, y comunidades indígenas.
En general, ese informe refiere que las dragas utilizadas para extraer oro ilegalmente pasaron de 148 en el año 2021 a 1,613 el año en curso, afectando a 73 comunidades nativas y más de 250 ríos en nueve regiones del país.
Avance de la deforestación en regiones amazónicas a causa de la minería ilegal, fuente: ACCA
Extracción ilegal de cobre también crece
En el Perú, la minería ilegal actualmente está abarcando no solo la extracción ilícita de oro, sino también a la del cobre, en línea con el crecimiento sostenido en su cotización en el mercado internacional en los últimos años.
Una de las empresas más afectadas por ese accionar ilícito es Minera Las Bambas, cuya zona de operación en la región Apurímac estuvo invadida por mineros ilegales que extraían material conteniendo cobre en esa área.
Según Bloomberg, en los últimos 15 años, del área bajo concesión a esa empresa minera los mineros ilegales habrían extraído unas 90 mil toneladas métricas del metal rojo, lo que equivaldría a pérdidas estimadas de unos US$ 950 millones.
Ya en el último Perumin 37, se había advertido que la exportación ilegal de minerales como el cobre y el oro evitaba que el Estado deje de percibir más de US$ 7,500 millones en impuestos entre los años 2023 y 2025.
Marcial García, experto en minería de EY Perú, indicó a Gestión que, según empresarios mineros, existen actualmente diversas concesiones dedicadas a la extracción cuprífera, que están siendo invadidas por mineros ilegales en algunas zonas altoandinas.
La presencia de los ilegales en algunos casos es tal que, según refirió, los titulares de las concesiones deben negociar con esas personas para tener acceso a sus propias concesiones, o simplemente no pueden operarlas.
“Cuando hablamos de los problemas de la minería solíamos mencionar la tramitología, la conflictividad social, pero ahora hay un factor adicional, que es la toma de zonas por la minería ilegal, que fueron destinadas para empresas formales”, apuntó.
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¿Y la Ley MAPE?
Mientras la minería ilegal avanza en forma acelerada, lo que hasta ahora sigue detenido en el Congreso de la República, es el debate del proyecto de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que debía poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que es usado como escudo por los ilegales.
Al respecto, el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, consideró que no se observa voluntad política para debatir el proyecto de la Ley MAPE, pues hasta el momento ni siquiera se cuenta con un predictamen de esa iniciativa.
Recordó que cuando el proyecto fue presentado hace un año atrás al Parlamento por el entonces ministro del sector, Rómulo Mucho, en octubre del 2024, en la comisión de Energía y Minas se consideraba ya que era tarde para ponerla en discusión.
En tal sentido, concluyó en que lo más probable es que antes que termine esta legislatura se termine aprobando una ley que determine una nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a pesar de que es evidente de que existe una vinculación de ese mecanismo con la minería ilegal y el crimen organizado.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
