El Gobierno oficializó la adjudicación del proyecto minero “El Algarrobo” a la Compañía de Minas Buenaventura, contemplando una inversión total de US$ 2,753 millones en el distrito de Tambogrande (Piura). Sin embargo, desde el Congreso de la República se busca eliminar la minería en esta zona.
Hace unos días, se presentó un proyecto de ley que busca declarar a Tambogrande como zona agrícola e industrial, prohibiendo así toda actividad minera en su territorio. La propuesta deberá ser evaluada a nivel de comisiones.
La iniciativa, presentada por la congresista Margot Palacios, advierte que el proyecto minero no cuenta con la licencia social que debe ser otorgada por la población de Tambogrande. Incluso, recuerda el documento, en febrero, se desató una protesta en contra de un próximo inicio de estas operaciones mineras ante el temor de que se afecte la agricultura de la zona.
“Los manifestantes argumentan que la explotación minera representa una grave amenaza para los recursos hídricos y afecta la economía local, basada principalmente en la agricultura”, justifica el proyecto de ley. Esta no es la primera vez que ocurre una protesta antiminería en Tambogrande, pues en 2002 un conflicto minero logró que se retirara una concesión.
Sin embargo, los representantes del proyecto indican que, teniendo en cuenta los retos que ha enfrentado la minera en esta zona, lo que se planea en “El Algarrobo” está estructurado de una manera distinta a otros proyectos mineros.
Durante la suscripción del contrato de concesión, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) resaltó que antes de dar inicio a la actividad minera se ha establecido priorizar la construcción de infraestructura para garantizar fuentes de agua para el consumo humano y el sector productivo.
“Este es un proyecto diferente y esto no afectará la margen derecha del río Piura. No requerirá reasentamientos y se desarrollará con minería subterránea permitiendo la convivencia con la agricultura”, afirmó Luis Del Carpio, director ejecutivo de Proinversión.
De acuerdo con los cronogramas establecidos por Proinversión, tras la firma del contrato, durante tres años, el proyecto estará en periodo suspensivo, mientras se busca un acuerdo social. En ese plazo, la empresa deberá negociar con la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto -área de influencia del proyecto- el desarrollo de un proyecto hídrico, con un compromiso de inversión mínimo de US$ 5 millones.
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¿Proyecto de ley podría detener a minera?
Pese a una eventual aprobación del proyecto de ley recién presentado en el Congreso, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no esperaría una paralización del proyecto.
En conversación con Gestión, el viceministro de Minas, Henry Luna, afirmó que, aunque se establezca un protección en la zona, esto no anula actividades que ya obtuvieron los derechos previamente.
“El hecho de que existan proyectos de protección de las áreas no significa que se van a suspender todas las actividades productivas porque, en este caso, se trata de derechos especiales del Estado, del proyecto de Tambogrande y estos proyectos tienen prioridad en el tiempo frente a cualquier proyecto”, comentó.
En ese sentido, Luna recordó que existen antecedentes de proyectos mineros ubicados en áreas protegidas que han continuado desarrollándose luego de la declaración de estas.
El viceministro explicó que cuando se se desarrolla cualquier proyecto, primero se identifica en el catastro minero qué concesiones ya existen y qué actividades se están desarrollando en la zona. Esa información, indicó, forma parte de una línea de base que se considera en las memorias de las medidas de protección.
“Por ejemplo, en el Parque Nacional de Huascarán, que es un área natural protegida, hay cuatro o cinco proyectos pequeños que se desarrollan a pesar de que es un área protegida. Estos proyectos se desarrollan porque estuvieron antes de que naciera esa área natural protegida”, sostuvo.
Con eso en cuenta, resaltó que se tienen al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como garantes del Estado para evitar impactos negativos en la población.
Luna reiteró que tras esta firma de la concesión quedan pendientes una serie de compromisos que tienen que hacerse para seguir a la etapa de los estudios previos hasta que el proyecto recién pueda iniciarse y se les puedan transferir las concesiones oficialmente a la Buenaventura pues, por ahora, se tienen “contratos de opción”.
Por el momento, tras la adjudicación, la Compañía de Minas Buenaventura ha precisado que están en proceso de relacionamiento con Tambogrande.
“Antes del inicio de cualquier actividad minera, en esta primera etapa, nuestra prioridad es construir un acuerdo social sólido con las comunidades y autoridades, el primer paso para consolidar nuestras relaciones y poder pasar al proyecto hídrico, previo al inicio de las exploraciones comunes”, dijo Aldo Massa, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Comercialización de la empresa, tras la suscripción del contrato.
Solo después de obtener la licencia social y la ejecución de la fase hídrica del proyecto, aseguraron, se buscará desarrollar actividades de exploración para desarrollar la mina subterránea. Con esta, se estima que se podría alcanzar una producción inicial de 5,000 toneladas métricas de cobre, plata y zinc por día que aumentaría hasta 15,000 toneladas diarias en la fase de expansión.
¿Era necesario tener el acuerdo social antes?
Una de las observaciones del proyecto de ley que busca prohibir la actividad minera en Tambogrande es la falta de “licencia social” del proyecto previa a la adjudicación. Sin embargo, Mario Pinatte, socio de CPB Abogados, consideró que el argumento carece de sustento legal, presentando solo una supuesta incompatibilidad entre la minería y la agricultura.
Según precisó el especialista en derecho, el acuerdo social realmente no es un requisito legal ni un documento que deba presentarse antes de la adjudicación de un proyecto minero.
“Están usando esta ausencia de licencia social como un argumento. Lo plantean como que no se están cumpliendo con los requisitos, o sea, se están saltando las barreras y no es cierto”, comentó a Gestión.
Asimismo, Pinatte sostuvo que el proyecto de ley también sería inconstitucional, pues afecta el principio de libre empresa e incluso podría ser perjudicial para la formalización del sector pues podría abrir la puerta a la minería ilegal, que no cumple con ningún tipo de regulación ambiental ni social.
Durante tres años el proyecto estará en periodo suspensivo, mientras se busca un acuerdo social.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
