Mientras se espera que ya se instale la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para retomar el debate de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE), un aspecto pendiente por resolver para avanzar en el proceso de formalización de mineros informales es su acceso a las concesiones mineras.
En esa línea, no solo está pendiente que esa comisión retome el debate de la Ley MAPE, sino también de dos iniciativas legales que recibió para modificar la Ley General de Minería e introducir cambios en la regulación de esas concesiones.
Ya en el debate del proyecto que aprobó la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) los congresistas habían advertido que el punto de conflicto que impedía avanzar en la formalización era que, a los que querían formalizarse, se les exigía haber firmado contrato de explotación con el titular de la concesión del área donde operan.
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Sin embargo, un reclamo constante de los informales es que los titulares de las concesiones, en muchos casos, se niegan a suscribir esos contratos.
Como se sabe, una concesión otorga a su titular el derecho de poder realizar en esa área estudios preliminares a las actividades de exploración o explotación, pero no le obliga a iniciar una u otra, más allá de cobrarle por derecho de vigencia (al inicio de la concesión) y penalidad al cabo de algunos años de inactividad.
Coincidentemente, según cifras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la mayor cantidad de concesiones mineras que se han otorgado en el Perú permanecen inactivas.
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Solo 2.79% de concesiones mineras registra actividad
Cada año, el Ingemmet otorga un promedio de 4,000 concesiones de ese tipo (entregó 4,003 el año pasado) que en conjunto suman un aproximado entre 1 y 2 millones de hectáreas anualmente.
Hasta noviembre del 2024, esa entidad registraba un acumulado de más de 38,000 poseedores (titulares) de concesiones mineras otorgadas en los últimos años, y que ocupaban en conjunto 15.5 millones de hectáreas.
No obstante, hasta diciembre del 2024, el Minem reportó que solo 1,062 concesiones mineras estaban en actividad, 724 en explotación (metálica y no metálica) y 338 en exploración, en un área de solo 1.9 millones de hectáreas (de las 15.5 otorgadas).
Estas cifras equivaldrían a que, del universo de 38,000 concesiones mineras vigentes, apenas el 2.79% estarían realizando operaciones, o visto de otro modo, que el 97.21% de ellas no reporta ninguna actividad formal.
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Proyectos para penalizar concesiones improductivas
En este escenario, los grupos parlamentarios de Renovación Popular (RP) y Bancada Socialista presentaron en cada caso proyectos de ley para que se revoquen las concesiones mineras que no reporten explotación o exploración en determinados plazos.
En el primer caso, la propuesta propone modificar la Ley General de Minería de forma que la concesión revierta al Estado al cabo de cinco años consecutivos sin iniciar actividad productiva sin justificación aprobada por la autoridad competente.
Además, la iniciativa da plazo a los titulares para que inicien inversión en exploración al cabo de tres años, o a presentar un plan de trabajo (bajo pena de caducidad).
El otro proyecto (de Renovación Popular) plantea incrementar el monto a pagar por derecho de vigencia a razón de US$5.00 por hectárea por año (desde los US$3.00 actuales) y caducar la concesión al cabo de diez años de no invertir en exploración, o de 20 años si no inicia producción (el plazo actual es de 30 años).
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Lo que plantea el Minem
El director general de formalización minera del Minem, Máximo Gallo, refirió que ese sector evalúa modificar la normativa que regula las concesiones mineras, a fin de que, una vez que éstas se extingan (caduquen) reviertan al Estado y se otorguen a los mineros artesanales en vías de formalización.
Añadió que este cambio normativo debe ser analizado de manera técnica y consensuado con el Parlamento, y que apunta al objetivo del sector de lograr que más de 25 mil mineros (informales) puedan entrar a la legalidad.
Los proyectos de ley antes mencionados generaron preocupación en gremios y entidades del sector minero.
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Se podría desincentivar inversiones
Domingo Drago, presidente de Rumbo a Perumin, advirtió que cualquier cambio en las normativas que regulan las concesiones mineras podría desincentivar el interés de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, por colocar capitales en el Perú.
El experto enfatizó que no existen concesiones inactivas y que la inmersión de una empresa sobre el territorio concesionado es progresiva, donde el obtener una concesión minera es un paso importante, pero muy preliminar cuando hablamos de desarrollar un proyecto minero.
“Los plazos requeridos para construir el relacionamiento social y la generación de confianza con las poblaciones aledañas a la concesión o dentro de la misma, el acceso al terreno superficial, la etapa de exploración, el dimensionamiento de un yacimiento, diseñar la infraestructura requerida y obtener los permisos necesarios sobrepasan muchas veces las dos décadas”, detalló Drago.
En tanto, Walter Tejada, presidente de ProExplo 2025, consideró que el país cuenta con un sistema de concesiones mineras bien estructurado y que es competitivo, con reglas claras y que brinda seguridad jurídica, que resulta fundamental para un negocio de alto riesgo como la minería.
Riesgo para la competitividad
Francisco Tong, socio de Rodrigo, Elías & Medrano Asociados, consideró que recortar los plazos con los que cuentan (los titulares de) las concesiones para desarrollar un proyecto minero, podría destruir la competitividad del país.
En un evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Tong señaló que un recorte en los plazos actuales podría afectar el pilar del boom minero que se vive en el país desde los años 90.
“No queremos afectar esa competitividad que podría generarnos un arbitraje más donde el Estado es líder frente a otros países en arbitrajes de inversión, afectaría derechos adquiridos y afectaría la exploración que el país necesita para salir adelante”, aseveró.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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