
En entrevista con Gestión, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero, descarta que se vaya a prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) más allá del 31 de diciembre del 2025, aún si el Congreso no aprobara la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape), pues no se tendría ya el marco legal para ello.
Además, señala que, una vez que su sector concluya con el proceso de formalización minera a fin de este año, la competencia de fiscalización de los que se hayan formalizado volverá a recaer en manos de los gobiernos regionales.
Con la aplicación del decreto que prorroga la vigencia del Reinfo hasta este 31 de diciembre, ¿qué cantidad de mineros han sido excluidos?
Esa información no la tenemos. Recién la vamos a tener el día de mañana [hoy martes]. El corte se va a hacer hoy a la medianoche [ayer] y tendremos la información disponible.
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Pero el primer ministro Eduardo Arana había mencionado que alrededor de unos 40 mil se estarían extinguiendo. ¿Esa sería la cifra?
Ese es un estimado grueso que se ha manejado en algún momento, pero tiene que ser confirmada el día de mañana [hoy] ya con números ciertos. Los números en este momento son muy dinámicos y queremos esperar a tener definitivos.
Desde que el Minem asumió la rectoría de la formalización, ¿hubo algún avance en el número de inscritos que están cumpliendo los requisitos para ser formales?
Sí, hay una dinámica interesante en el sentido de que están haciendo algunas operaciones mineras a pequeña escala, están haciendo un esfuerzo para ponerse vigentes y los números están cambiando. Demuestra que hay pequeños empresarios de la minería artesanal, de pequeña escala, que sí están interesados en continuar con su proceso de formalización.
¿Cuáles son los requisitos para su formalización que deben evidenciar hasta fin del presente año para concluir ese procedimiento?
Uno de los requisitos es que tengan un instrumento de gestión ambiental presentado y aprobado, declaraciones consistentes y verificables de producción semestral, y que tengan autorizaciones para manejo de materiales peligrosos, explosivos. También que tengan plan de minado, plan de cierre y, por supuesto, su contrato de explotación o su titularidad de concesión, además evidencias de acceso al terreno superficial.
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Diálogo entre concesiones e informales no funcionó
Sin embargo, un aspecto que traba la formalización es el hecho de que, muchas veces, los titulares de concesiones no quieren firmar contratos de explotación con mineros informales...
Nosotros entendemos que este proceso de negociación para la firma de acuerdos o contratos de explotación o cesión de uso dentro de concesiones de titulares mineros vigentes, que es un proceso de negociación fundamentalmente entre privados, ha sido dejado a la iniciativa de unos y de otros. Eso no ha funcionado.

¿Qué se puede hacer ante ello?
Se ha hecho evidente que se requiere la intervención del Ejecutivo, del Estado, a través del Minem, para que se tenga una intervención en el sentido de ser una instancia que convoca, que garantiza, que facilita el diálogo, una intermediación eficaz. Ese es el rol que nosotros entendemos y sabemos que tenemos que cumplir.
Entonces, ¿van a dar medidas para poder intervenir en ese ámbito?
Efectivamente, hoy se publica una resolución ministerial, por la cual nos facultamos para poder tener un rol de intermediación en los diálogos y en las negociaciones entre titulares de concesiones mineras y pequeños empresarios de la minería artesanal y a pequeña escala. Esto, para que ese diálogo se dé. Eso es lo más importante.
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¿El Minem promoverá ese diálogo?
El ministerio va a convocar formalmente a las partes, tanto a los titulares de las concesiones como a los titulares de las operaciones mineras a pequeña escala que están trabajando dentro de esas concesiones. Los va a convocar en día, lugar, fecha y hora precisa, para que puedan asistir a un diálogo donde el ministerio va a estar presente.
¿Desde cuándo empezarían las convocatorias al diálogo?
No garantizamos que, en todos los casos, se dé ese acuerdo, pero sí podemos garantizar que se va a hacer el esfuerzo y podamos tener la mayor cantidad posible de acuerdos de explotación. Esto vamos a activarlo en las próximas horas, en el momento en que salga la resolución ministerial, al día siguiente comenzamos con las convocatorias, comenzamos a trabajar.
Preocupan las concesiones improductivas
Existen muchas concesiones mineras improductivas en el país: cada año se dan como 4,000 concesiones, pero las que producen son cerca de 1,300 unidades mineras. ¿Ese tema tendrá solución ahora o a futuro?
Ese es un asunto que compete directamente a la nueva legislación que estamos esperando, que está en debate en el predictamen de la Comisión de Energía y Minas (para la aprobación de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal - Ley MAPE).
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¿Pero es un tema de preocupación de su sector?
Este asunto de la naturaleza de las concesiones, los tiempos que pasan, las extensiones que tienen y el hecho de que no activen actividad minera es algo que preocupa a todos. Es un tema que tiene que ser discutido y resuelto en el seno de la construcción de ese proyecto, de este predictamen.
¿Qué expectativa tienen sobre el debate de el proyecto de la Ley MAPE?
Esperamos pronto se reanude la discusión, el debate y pronto tengamos una nueva Ley de la pequeña minería y minería artesanal, que reemplace a la del 2002 y pueda resolver este tipo de dilemas y este tipo de preocupaciones. Nosotros como ministerio vamos a participar de ese debate, vamos a participar de ese diálogo.
Gobierno insistirá con proyecto de Ley Mape que planteó
¿Insistirán con el proyecto de la Ley MAPE que presentara el Ejecutivo el año pasado?
Nosotros ya pusimos un proyecto de ley en la bandeja de entrada de la Comisión en noviembre del año pasado. Esa fue nuestra palabra, esa fue nuestra opinión. Hemos presentado informes complementarios, información complementaria hace unos dos meses aproximadamente.
Sin embargo, en su momento, el Congreso cuestionó la iniciativa que planteara su antecesor Rómulo Mucho, ¿Lo que usted indica significa, entonces, que insistirán con ese proyecto?
La propuesta de noviembre del 2024 es la propuesta del Ejecutivo. Nosotros hemos complementado esa propuesta con documentos que alimentan el análisis en 15 puntos para nosotros críticos de la nueva Ley Mape. Eso lo hemos puesto también a disposición de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Eso es algo que ya ha sido analizado y, de alguna manera, se podría reflejar en el proyecto de ley que finalmente se apruebe en la comisión.
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Fiscalización seguirá en los gobiernos regionales
Por otro lado, el titular del Minem se refirió a la implementación de la Ley 33213, dada meses atrás, que entregó al Minem la rectoría del proceso de formalización minera (dando la opción, a su vez, que se pudiera extender el Reinfo). Así, confirmó que, una vez finalizado dicho proceso este 31 de diciembre, la fiscalización a esa actividad continuará en manos de los gobiernos regionales.
Vale recordar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) había cuestionado que, en el reglamento de esa ley, el Minem no estuviera asumiendo la función de fiscalización al proceso de formalización, pese a que la propia ley le otorgaba esa competencia.
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¿Quién asume la competencia de fiscalización y sanción de la actividad minera? ¿Esto quedaría otra vez en manos de los gobiernos regionales? ¿Qué nos puede precisar sobre el tema?
En términos técnicos, queda claro de que la ejecución y fiscalización del proceso de formalización minera, corresponde al Minem hasta el 31 de diciembre del 2025. La fiscalización de los aspectos ambientales, laborales y operacionales de una operación minera de pequeña escala y artesanal formal es competencia de los gobiernos regionales.
Entonces, ¿se entiende que los gobiernos regionales -una vez aprobada la Ley MAPE- simplemente van a aplicarla para los que hayan culminado el proceso de formalización?
En este momento, tenemos más de 2,000 operaciones mineras a pequeña escala formales. ¿Quién está fiscalizando hoy día el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, laborales, de su seguridad operacional? Los gobiernos regionales. Esa facultad no la han perdido porque deviene de la Ley de Descentralización. Nosotros con nuestra fiscalización, gestión y estrategias para la formalización llegamos hasta el 31 de diciembre.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.