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Uno de los problemas que afrontan los mineros informales para realizar su actividad, como el no contar con la titularidad para operar en concesiones mineras, se buscará resolver mediante un proyecto de ley que elabora el Minem.
Así lo informó a Gestión el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que dio a conocer los siguientes pasos que prevé el Gobierno para implementar la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que aprobara en setiembre del 2022.
Dicha política establece lineamientos y propuestas para resolver a nivel multisectorial, con la participación de diversos ministerios y gobiernos regionales, el problema de la formalización de los mineros informales, así como de la minería ilegal.
El director general de Formalización Minera del Minem, Alberto Rojas, explicó que uno de los pasos para implementar tal política es plantear un proyecto para una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (que reemplace a la actual que data del 2002).
¿Qué aspectos abordará el proyecto de ley?
Indicó que ese proyecto, que hoy se está elaborando a nivel del Ejecutivo y que se espera remitir al Congreso en este primer semestre, buscará, entre otros aspectos, resolver la falta de titularidad de los mineros informales en las zonas concesionadas donde realizan sus actividades.
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Según reportes del Minem, cada año se solicitan entre 1 millón y 1.5 millones de hectáreas en un promedio de 3,000 concesiones que otorga el Ingemmet, por lo que gran parte del territorio está cubierto por concesiones, pero pocas se explotan.
En octubre último, por ejemplo, se registraron 695 concesiones mineras que realizaron actividades de explotación de productos metálicos y no metálicos, y otras 429, actividades de exploración, operaciones que se desarrollan en 1.8 millones de hectáreas o 1.43% del territorio.
Operadores informales en concesiones
Rojas reconoció que hay muchos mineros en proceso de formalización que cumplen requisitos exigidos para operar, e incluso contar con instrumentos ambientales y autorizaciones para operación en terreno superficial, pero no tienen título de concesionario.
“Existen muchas concesiones en el Perú que tienen muchos años bajo la titularidad de muchas personas -en su mayoría de pequeños mineros o artesanales- que no las trabajan, frente a mineros que están allí (operando informalmente en las concesiones) que necesitan trabajo; entonces hay que ver y evaluar desde el Estado cuál es la mejor salida que se les brinda, y eso sí se va a abordar en la (nueva) ley”, anotó.
Una alternativa, indicó, es que se les otorgue a los mineros que están en proceso de formalización, las concesiones que se consideran extinguidas, es decir que revirtieron al Estado, sea porque sus peticionarios no pagaron el derecho para seguir en su posesión, porque se concluyeron los proyectos, u otras razones.
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Explicó que es posible otorgar a esos pequeños mineros o artesanales, un régimen de derecho de preferencia para otorgarles concesiones extinguidas por un periodo determinado.
En la elaboración de la proyectada ley, refirió, se evalúa también qué pasará con las concesiones que permanecen improductivas (por muchos años) pero que siguen perteneciendo a un titular minero solo porque sigue pagando derecho de vigencia y penalidades (no muy altas).
En este aspecto, a fin de promover se ponga a esas áreas en producción, indicó que se evalúa el generar desincentivos para mantener concesiones improductivas, de forma que si en cierto plazo no acreditan producción, sus titulares tendrán que pagar una penalidad mayor a la actual.
Oportunidad para emprendedores
En general, el funcionario indicó que esta ley no solo busca promover el proceso de formalización y consolidar la operación de los que ya se formalizaron (que suman 11,000, hasta ahora), sino facilitar el ingreso de emprendedores que quieran incursionar en la minería.
“El público objetivo no solo es los que están en proceso de formalización, sino las personas naturales o jurídicas que quieren iniciar un proyecto minero y necesitan un marco normativo que les permita realizar actividades mineras”, aseveró.
Sin embargo, acotó que en su público objetivo no figuran los mineros ilegales, e indicó que abordar a estos últimos le compete al Mininter.
Pero, además, refirió que su sector busca promover la aprobación de un decreto supremo que permita fortalecer el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro, lo que permitirá transparentar la producción aurífera, y separar a los que están en proceso de formalización de aquellos que actúan ilegalmente (en zonas no concesionadas o prohibidas).
El objetivo es llegar a transparentar por lo menor entre un 30% y 50% de la producción aurífera de la pequeña minería y minería artesanal, dijo.
El incremento de la producción de oro formal declarada por ese tipo de productores permitirá pasar de 13 toneladas métricas finas en el 2021 a 75 toneladas al año 2030, lo que se traduciría en un aporte estimado de al menos 1% al PBI nacional, añadió.
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