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La nueva propuesta de Ley General de Ordenamiento Territorial que trabaja el Gobierno desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha sido cuestionada, pero desde las mismas entidades del Estado.
Cabe indicar que la norma propone que las regiones puedan definir las actividades económicas que se puedan realizar en su región, así como la exclusión de estas. Ello debido a la derogación del artículo 22 de la Ley 30230.
Esta norma regula el Ordenamiento Territorial y establece que ni la Zonificación Económica Ecológica ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de usos.
Advertencia de Energía y Minas
Ante esta decisión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha expresado a la PCM en un informe, que el artículo debería mantenerse, dado que “su derogación impactaría negativamente en la inversión de la actividad minera y la sostenibilidad del sector”.
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Hace unos días el Ministro de Energía y Minas, Eduardo González, explicó durante su presentación en el Congreso, que la minería tiene un aporte del 13% en la economía peruana.
Desde el Minem, detallan que la inversión minera asciende a más de US$ 50,000 millones en la cartera de proyectos, y en exploraciones hay más de 60 proyectos ubicados en 16 regiones del país.
“Hay una importancia económica de la minería para el desarrollo del país”, sostiene.
Su observación no solo se enmarca en la minería, sino en la posibilidad de excluir nuevos proyectos de hidrocarburos, recordando que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema, en cuanto a que el enfoque territorial no debe fijar usos ni exclusiones de usos, lo que no implica que las actividades no estén exentas al análisis ambiental o que tengan carta libre de incidir irrazonablemente en el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado.
Cuestionan que no se ha especificado cuál es el nivel de la participación civil, de las asociaciones y demás actores en este proceso de ordenamiento territorial.
Pese a las observaciones y cuestionamientos el Minem considera que la propuesta normativa es viable, pero se deben tomar en cuenta las observaciones.
Desde el sector privado
De la misma manera, Gestión conoció que gremios empresariales, de diferentes sectores, no solo minería o hidrocarburos, al conocer el proyecto de Ley han presentado observaciones a las entidades del Estado.
Entre sus puntos cuestionan la derogación del artículo 22 de la Ley 30230, que se menciona líneas arriba, indicando que un ordenamiento territorial no restringe ni excluye las inversiones.
Advierten, además, que en esta propuesta la PCM, y bajo el ministerio de Gobernanza Territorial, establece que debe emitir una opinión previa para los proyectos de ley e instrumentos de ordenamiento territorial, lo que consideran que es inconstitucional.
Indican que la formulación de los proyectos recae en el Congreso debido a su función legislativa y no están sujetos a las opiniones previas, de manera vinculante, en este caso a la PCM.
De otro lado, consideran que esta medida afecta la seguridad jurídica y las inversiones, aumentando el riesgo, debido a que, entre otras decisiones se plantea desconocer lo señalado por el Tribunal Constitucional, dejando en manos de las regiones o del mismo Poder Ejecutivo qué actividades económicas se realizan en cada territorio.
Finalmente, al impulsar esta iniciativa el gremio empresarial advierte que se está generando expectativa en la población al trasladar el poder de vetar un proyecto, y permitiendo que proliferen más actividades informales e ilegales.