El Ministerio del Ambiente (Minam) se ha propuesto aligerar los procesos burocráticos en torno a la certificación ambiental para proyectos en el Perú. Según comenta a Gestión el titular del sector, Juan Carlos Castro, desde el 2001, cuando se aprobó la ley pertinente que regula estos asuntos, las entidades públicas han entorpecido poco a poco la celeridad con la que se realiza esta evaluación. La consecuencia es que los inversionistas no ven al país como un lugar atractivo para establecerse.
El ministro asegura que muchas de estas trabas se presentan en un solo lugar: la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que, si bien no es parte de su sector, ya está recibiendo órdenes especiales para aligerar su accionar. Castro detalla a este diario paso a paso qué cambios regulatorios harán para darle mayor predictibilidad a inversiones como la minera.
El objetivo es llegar a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de noviembre con un proceso de certificación ambiental ágil que pueda despertar mayor interés de las 21 economías que conforman el grupo en el Perú.
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-Se dice bastante que la aprobación de proyectos en Perú no solo es lenta, sino entreverada. ¿Cómo lo explica el Minam?
En junio del 2001 se aprobó la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con eso, por primera vez el Perú entraba a la regulación ambiental que ya tenían otros países de América Latina. Estábamos retrasados a pesar de que muchos profesionales peruanos habían asesorado a los otros países. Yo mismo estuve en Ecuador viendo temas de cuencas.
Esa ley indica cómo evaluar proyectos de inversión pública o privada, quiénes hacen la evaluación y los plazos que deben tener. Para un megaproyecto, como Chancay o una minera como Quellaveco, indica que deben tomarse 150 días hábiles para aprobarlo, unos ocho meses. Sin embargo, luego de que se reglamentó la norma, los sectores comenzaron a crear nuevos criterios, procedimientos y trámites que fueron haciendo que esto se burocratice. Incrementaron la tramitología. Así, hemos pasado de evaluar proyectos en meses a años. Un proyecto, dependiendo de su envergadura, se gesta en cinco o ocho años, especialmente los mineros.
-¿Cuántos proyectos están hoy en esa larga espera y qué puede hacer el Minam para revertir esta situación?
Lo que estamos haciendo es sincerar los trámites para regresarlos a lo que decía la ley. En el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) tiene 106 proyectos en evaluación que representan en conjunto US$ 14,000 millones y buscamos destrabarlos. Para avanzar, Senace necesita la opinión de la ANA, de Serfor, del Ministerio de Cultura (Mincul), entre otras.
-De todas las entidades involucradas, ¿cuáles son las más “tardonas”?
Entre todas las opinantes, hay dos claves, que son vinculantes: la ANA y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Sin su opinión no avanza una obra. En Sernanp, que es nuestro, ya han hecho los sinceramientos. Hoy emiten sus opiniones más rápido. Los problemas están en la ANA.
-¿Qué ha pasado en la ANA?
Su calidad de evaluación es altamente exigente y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que llegan allí son muy débiles técnicamente. Son insuficientes para todo el análisis que hace la ANA. Evalúan hasta 300 aspectos en materia hídrica.
-Si la ANA no les compete como sector, ¿qué están haciendo con Agricultura para mejorar esta situación?
Dos caminos: sincerar los trámites y darle predictibilidad a los proyectos, eso significa modificar los Términos de Referencia (TDR), que elabora cada sector. Hemos publicado el Decreto Supremo N.° 004-2024-MINAM con ese fin. Si la ANA evalúa 300 criterios, deben estar en el TDR, así cuando llega el EIA aprobarlo se vuelve un checklist y avanza más rápido.
-¿La ANA ya está optimizando su TDR?
Sí. Le hemos llamado TDR común del contenido hídrico en los estudios ambientales. Ellos dirán que evalúan allí y qué quieren que tenga cada EIA. En ese estadio es donde se hace la evaluación de fondo, donde pueden observar cosas.
Ante está la etapa de admisibilidad, que debería tomar cinco días con el D.S N.° 004-2024-MINAM, porque hoy toma dos años. Por ejemplo, es como si para entrar al Minam, te pida aparte de tu DNI, tu partida de nacimiento. Y luego te pida las partidas de tus padres y sus DNI también. Te van entrampando.
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-¿Cuándo acabaría la ANA su nuevo TDR y qué vendría después?
Cuando la ANA culmine su TDR, el resto de entidades opinantes vinculantes y no vinculantes la acogerán para hacer sus propios documentos. Tendrán 120 días para hacerlo. Sacaremos un nuevo DS, que hoy está por entrar al Consejo de Coordinación de Viceministros. Una vez consensuado, pasará a Consejo de Ministros. Esperamos que se apruebe para la segunda semana de junio.
Así facilitaremos el proceso, deberían haber menos observaciones, menos tiempo de evaluación. La idea es sincerar y no entrampar, como pasa en Serfor o el Mincul.
-Serfor también pertenece a Agricultura, ¿cuál es el problema allí?
Las empresas le indican que verificarán flora y fauna en las zonas del proyecto, presentan su solicitud y metodología. Serfor se toma entre seis a ocho meses para aprobarlo. Indican que no les gusta la metodología y se entrampan. No debería tomar tanto tiempo porque cuando presenten el EIA, Serfor opinará. Eso es después de la etapa previa: la admisibilidad.
-Es como si Serfor adelantara su opinión porque ya da a entender que no le convence.
Así es. Esas cosas se han desvirtuado con el tiempo. Eso es lo que hoy estamos corrigiendo.
-¿Hay otros cambios que buscarán hacer?
La comunicación a cada titular del proyecto es secuencial. Primero, evalúa el opinante vinculante con su información, luego el sector. Si la ANA demora años, tienes que esperar para luego ir al Senace o un ministerio y que inicien su evaluación. Ahí hay un año más. Son tres años evaluando, más dos años previos de admisibilidad. Ahí están los cinco años.
-¿Cómo arreglarán eso?
Haremos que no tengan que esperar a los opinantes. Tú, como sector, terminas tu evaluación y comunicas al titular para que vaya levantando información. Llega la ANA, comunica; Serfor culmina e igual. No tienes que esperar, como era antes, todo para hacer un solo informe.
También le hemos dicho a los sectores que identifiquen qué proyectos en zonas urbanas ya no requerirían un EIA, sino solo una ficha técnica ambiental, que se aprueban en 15 días y regula temas como manejo de ruido y polvo. En Lima, por ejemplo, quedan pocas zonas 100% naturales, pero a las empresas les observan presencia de fauna. Hay una exageración en la certificación ambiental que debemos regular.
-¿A cuánto se podría acortar el tiempo con todos estos cambios?
Esperamos poder reducir los plazos a los que le dice la ley: ocho meses, máximo con algunas observaciones, a un año. Nosotros aprobamos proyectos en cinco años, Chile en seis meses. No somos competitivos.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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