El presidente de Argentina, Javier Milei, está en medio de la crítica, tal vez con significativas sanciones, luego de que hace unos días publicara en su perfil de X (antes Twitter) sobre la criptomoneda $LIBRA. En solo cuestión de minutos su valor se quintuplicó para luego desplomarse. ¿El saldo? Afectadas más de 5,000 personas con pérdidas calculadas en más de US$ 4,000 millones.
A modo de “control de daños”, Milei se excusó de tener mayor responsabilidad en lo que terminó en un fraude millonario y subrayó que usó su cuenta personal, mas no una gubernamental. “Aquellos que participaron en ello [la inversión], lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, que eso quede claro. Yo no lo promocioné, lo difundí”, señaló en una controvertida entrevista a Todo Noticia este lunes 17.
Esta situación planteó una serie de dudas, aterrizados al caso peruano, sobre el impacto en la difusión de informaciones de altos funcionarios: las responsabilidades, diversos alcances y eventuales sanciones.
Alcances de responsabilidad
En general, Espitz Beteta, asociado en DLA Piper Perú, señaló que, “de manera concreta y específica”, no hay un delito, en la normativa peruana, por el que se sancione la difusión de información inexacta.
“Venga de quien venga porque la información no puede ser censurada según mandato constitucional. Aunque sí hay límites en los contextos judiciales o de otros procedimientos”, apuntó.
Sin embargo, Beteta comentó que, para el caso de altos funcionarios, sí aparecen implicancias políticas, además de sociales y morales. Esto responde a las exigencias de debida diligencia sobre lo que se comparte. “Lo mínimo que espera la sociedad de un alto funcionario es que tenga responsabilidad de lo que está compartiendo. Más allá de la legislación jurídica, hay una responsabilidad política. Podría abrirse un escenario de juicio político”, sostuvo.
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Por su parte, a partir del caso Milei, Carlos Caro, CEO en Caro & Asociados, resaltó que el hecho de usar una red social personal no exime de responsabilidades porque continúan siendo actos de función e interés público. Esto, salvo se trate de temas relacionados a la intimidad familiar.
En este caso puntual y aplicado a la normativa peruana, Caro observó que se configura una infracción inconstitucional, implicando el delito de patrocinio ilegal, que favorece a intereses privados a través de la función pública.
“Si bien no se hizo una recomendación, evidentemente, es un acto de favorecimiento. Se expresó del mecanismo dando una opinión favorable. Más aún considerando un tema relativo como las criptomonedas, que él es una persona con conocimientos especial, un profesor de economía y que tiene credibilidad”, apuntó.
Caro también indicó que resulta en una negligencia, considerando el perfil de Milei, no haber hecho una debida diligencia. “Es bastante claro que esto [la publicación de Milei] fue una influencia positiva sobre el flujo de inversiones. Dado que es un negocio estrictamente privado, sea bueno o malo, no debió hacerse una valorización. Al haberlo hecho, sin dicha diligencia, se configura una negligencia grave, que actuó con dolo o culpa inexcusable”, refirió.
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Beteta también observó, no obstante, que el nivel de diligencia tiene que estar tanto en la personas que emite y recibe una información. “Que una persona tenga responsabilidad, no anula la capacidad de otras. Todas las personas tienen un mínimo de capacidad de respuesta también, de ser responsable”, puntualizó.
Ambos expertos precisaron que este escenario de responsabilidades y eventuales sanciones alcanza a todo alto funcionario público: presidente, ministros, viceministros, directores ejecutivos o jefes de entidades públicas, gobernadores regionales, alcaldes, entre otros.
Límite de redes sociales en funcionarios
En un mundo de alta socialización virtual, Caro mencionó que los funcionarios públicos tienen una reducción de su privacidad y que el alegato de privacidad tiene límites bastante definidos.
“Si se tiene una red social para amigos, está cerrado para ellos y de allí se filtra por un tercero, es una situación distinta. Pero si se trata de una red que cualquier persona puede verlo y no está privado, la información es pública desde que está en una red abierta, así toque aspectos propios”, comentó Caro.
Caro explicó que, en algunos casos, personas que asumen un rol de alto funcionario público deriven las publicaciones para un especialista en comunicaciones o pone en pausa su perfil.
“Cuando uno es alto funcionario público, la red social es abierta para todos o cerrada para todos”, apuntó.
Beteta, en la misma línea, señaló que nadie puede evitar que otra persona se exprese y recordó que la censura es un delito. “[Que un funcionario o una entidad pública] bloquee a personas es una censura y eso es un delito. Esto es compatible con una noción de censura”, comentó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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