El incendio en el Centro de Lima registra tres días en el calendario, clasifica como código 3 y moviliza a más de 50 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Su magnitud, que podría extenderse hasta el domingo, deja una huella entre las decenas de familias perjudicadas y trastoca la economía del rubro.
Tras el siniestro que se desató en un edificio de la cuadra 4 del jirón Cangallo, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, ha determinado —después de un notable silencio— dos acciones municipales: la intangibilidad del almacenaje en Barrios Altos y el impedimento de que la mercadería ilegal ingrese a la zona.
“Estábamos evaluando, pero creo que esto ya precipita una solución más radical. Pido a los regidores presentes que me apoyen a declarar la intangibilidad de todo tipo de almacenaje en Barrios Altos y de todas las zonas circundantes. No se va a poder almacenar nada ahí. Además, con la ayuda del Congreso tendremos el marco jurídico para impedir que mercadería del exterior entre a esta zona antigua”, manifestó López Aliaga.
Su declaración, sin embargo, ha exasperado los ánimos de los actores que mueven el comercio en Mesa Redonda. En conversación con Gestión, Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios del emporio, detalló que la lectura de la autoridad ante la catástrofe no converge con la del sector.
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La intangibilidad en términos económicos
Cieza aclara que la Asociación de Empresarios de Mesa Redonda aún no pacta el destino para el almacenaje en el caso de que prime la intangibilidad en Barrios Altos, pero es enfático al mencionar que difícilmente alguna disposición podría suplir esta dinámica en el comercio.
“Los empresarios no van a mover el circuito comercial que han tenido acá durante años. No hay algo que pueda suplirlo. [...] Esto ha sido trabajado durante cinco administraciones y se ha continuado trabajando con la actual”, sostiene.
En esa línea, asegura que la reacción de López Aliaga “ha roto una tranquilidad” y precisa que su diagnóstico se aleja de otros orígenes del problema: la inseguridad ciudadana, la corrupción y la falta de fiscalización. “¿Qué ha pasado con sus funcionarios? [...] El alcalde tenía la función urgente de controlar y no lo ha hecho. El incendio fue el que desnudó todo”, cuestiona. Asimismo, expresa que son terceros los causantes del incendio.
La preocupación de Cieza es a largo plazo. “¿Quién ha ganado con todo este distanciamiento de soluciones? Los extorsionadores están contentos. [...] la resolución de la municipalidad, en vez de un trabajo en conjunto, debilita. Y más con sus advertencias sobre la mercadería”, resume.
Especifica, además, que una de las primeras afectaciones económicas de la restricción del acceso a esta zona de Lima sería la pérdida de la mercadería al por mayor, “sobre todo de aquellos que no están asesorados y tienen créditos con los bancos”.
Por ahora, la salida específica del burgomaestre se ha enfocado en los vecinos que se han quedado sin hogar.
“Hoy (ayer) me comuniqué con el premier pidiendo la declaratoria de emergencia en la zona afectada y coordinando con él, le dije que se vea en el Consejo de Ministros un bono para las familias damnificadas, que son 30 aproximadamente, que les permita reconstruir su hogar y puedan salir de este problema”, indicó López Aliaga.
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La informalidad en Mesa Redonda
A pesar de que el vocero señala a la inseguridad ciudadana como la madre de este accidente, el fuego no cubre la informalidad de la zona. No obstante, Cieza ratifica el protagonismo del primer factor y no tanto del segundo.
Argumenta lo siguiente: “Esos temas se ven en una mesa, en la cual podemos tener la ubicación exacta de los infractores y la municipalidad puede ejecutar una serie de acciones, de sanciones. Por ello no puede poner a todos los 18,000 como informales”.
Refuerza la premisa con la información de que los importadores registran en Aduanas los lugares de almacén y depósito, “y otros atributos más”.
Al respecto, agrega que López-Aliaga carece de habilidad para manejar una crisis. Es reiterativo con la idea de que, ante un escenario en el cual los empresarios han perdido el trabajo de su vida, la directriz sea limitarlos. “A Defensa Civil hay que pedirle el expediente. [...] Hay que visualizar los comandos que no están resolviendo los problemas. Hay que mirar toda la línea de sucesión”, añade.
Sedapal y el Ejército del Perú continúan en el intento de sofocar las llamas, mientras el empresariado tomará acciones este jueves 6 de marzo frente a la intangibilidad del almacenaje.
Los tres caminos que se abren frente a decisión de López Aliaga en Barrios Altos
Si bien la municipalidad provincial tiene competencia para dictar normas de zonificación y restringir determinados usos en algunos espacios, “ese ejercicio tiene que ser respetuoso de otros derechos”, subrayó Carlos Monteza, socio del Área Derecho Público de Cuatrecasas.
“Si la Municipalidad de Lima emite una ordenanza o disposición y termina afectando ilegítimamente a terceros, estos terceros tendrían tres alternativas”, explicó.
¿Cuáles son las opciones que se abren? Monteza lo detalla:
- Promover que algún sujeto legitimado interponga una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza. “Ese tercero podría ser el Defensor del Pueblo”.
- Pueden directamente interponer demandas de amparo que no atacan directamente la norma, sino el efecto que tiene sobre los derechos constitucionales.
- Podrían iniciar una acción ante Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por imposición de barreras burocráticas, “calificando esta medida como una que los saca del mercado, que constituye una suerte de expropiación regulatoria que impiden desarrollen su actividad económcia”.
Monteza recordó que se han dado situaciones en el pasado donde una ordenanza no afecta a los que actualmente ya tienen sus negocios, sino que limitan las actividades futuras. Este punto será clave de entender de la normativa que pueda aprobar la Municipalidad Metropolitana de Lima para saber si finalmente los comerciantes, por ejemplo de Mesa Redonda, serán perjudicados o no.
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Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
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