El Gobierno de Chile dijo que el fuerte interés de las empresas privadas en los acuerdos de litio significaba que podría superar su objetivo de tres o cuatro nuevos proyectos en desarrollo a finales de 2026.
Las 88 propuestas de desarrollo de litio recibidas por el Gobierno provinieron de 54 empresas y grupos individuales, según presentación realizada el martes por la ministra de Minería, Aurora Williams.
Casi 60 están domiciliadas en Chile, mientras que el resto incluye 11 de Canadá, cuatro de Australia, tres de Estados Unidos y dos de China. Los nombres de quienes compiten por los contratos no fueron revelados.
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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “los resultados de este proceso superan ampliamente las expectativas y abren espacio para la exploración de litio en lugares no considerados inicialmente”. También demuestra que la estrategia del Gobierno para impulsar la producción está lejos de una nacionalización, como algunos habían sugerido, dijo.
El interés se produce a pesar de una desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos que ha socavado los precios del litio. Chile, que alberga las mayores reservas mundiales de este metal para baterías, confía en que los inversores adopten una visión a largo plazo sobre la fortaleza de la demanda de vehículos eléctricos, mientras Estados Unidos y Europa intentan aflojar el control de China sobre las cadenas de suministro mundiales.
El 60% de los proyectos se encuentran dentro de 16 salares y más del 80% de las propuestas consideraron el uso de tecnología de extracción directa de litio, que requiere un menor uso de agua.
Ahora las autoridades deben elegir zonas para iniciar la consulta indígena antes de decidir los mecanismos de adjudicación de los contratos. El proceso es uno de varios en la estrategia del presidente Gabriel Boric para revertir una disminución gradual de la participación de Chile en el mercado mundial de litio, con la producción actualmente limitada a dos operaciones en un solo salar.
El enfoque del Gobierno se divide en tres categorías. Dos salares se consideran estratégicos, lo que significa que los contratos futuros serán controlados por el Estado. En otros dos, las empresas estatales tendrán la flexibilidad de negociar condiciones con socios privados. En un tercer proceso, se abre la puerta a que las empresas puedan controlar los proyectos e incluso hacerlo por su cuenta.
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