A través de una ordenanza, la Municipalidad de San Isidro dispuso la prohibición de autorizaciones para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social (VIS) en este distrito y determinó la inmediata paralización de las obras que se estén ejecutando bajo esta modalidad.
Fuentes cercanas a la entidad municipal informaron que actualmente son seis proyectos de VIS que se vienen ejecutando en el distrito, los cuales, según la norma emitida, serán suspendidos. Sin embargo, los impactos de la disposición tienen mayor alcance.
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El presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Jose Espantoso, señaló que, además de los proyectos con obras en ejecución, son 19 casos que se encuentran en condición de anteproyecto aprobado, cuyo siguiente paso sería obtener la licencia de construcción, un trámite que ya no procedería, según las nuevas reglas de la comuna sanisidrina.
“Hay muchas empresas que, confiando en el estado de derecho que hay en el país, han comprado terrenos, han aprobado anteproyectos, y ahora no les van a recibir los expedientes para sacar la licencia de construcción. Esto es muy grave porque están afectando a proveedores y todos los actores de la cadena, pero también a empresas que muchas veces se endeudan con los bancos para asumir estas inversiones”, explicó el representante. Lamentó que sean más de 700 familias las perjudicadas con esta ordenanza.
En ese sentido, Espantoso, quien consideró “arbitraria e ilegal” la medida de la Municipalidad de San Isidro, sostuvo que serían aproximadamente 14 inmobiliarias las afectadas por esta disposición. “El Tribunal Constitucional (TC) ha sido claro al señalar que su sentencia (municipios pueden decidir si autorizan o no la construcción de viviendas sociales en sus distritos) no tiene efectos retroactivos y rechaza el pedido de las municipalidades de declarar la nulidad de actos anteriores”, reiteró el ejecutivo.
En ese sentido, invocó a que el TC resuelva lo antes posible el pedido de aclaración a la sentencia planteado por la Procuraduría del Estado a fin de culminar con la controversia.
De otro lado, el representante de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Antonio Amico, manifestó que las negociaciones de una empresa para adquirir un terreno con una inversión dispuesta de S/ 34 millones para la ejecución de un proyecto de 20 pisos bajo la modalidad de VIS en la avenida del Ejército se cancelaron cuando empezó la polémica en torno a este tema.
“Lamentamos que la municipalidad de San Isidro no tome en consideración la segunda parte de la sentencia del TC en el que se alude a la promoción de la vivienda de interés social. Los ciudadanos serán los principales afectados”, remarcó el líder gremial.
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La controversia
Por medio de la ordenanza 585-2023, el municipio de San Isidro formalizó la no admisión de solicitudes de anteproyectos en consulta, licencias de edificación y otros procedimientos regulados en el marco de la Ley 29990.
Asimismo, agregó que se suspende la ejecución de obras de los proyectos de VIS, vinculados o no a anteproyectos aprobados por la Comisión Técnica Distrital para Edificaciones o por Revisores Urbanos, que se encuentren sujetos a un proceso judicial y/o pendientes de un pronunciamiento por parte del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) hasta que se cuente con una sentencia firme del órgano jurisdiccional.
Así, la disposición surge luego de que el TC estableciera en junio último que los municipios pueden decidir si autorizan o no la construcción de viviendas sociales en sus distritos.
Por su lado, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, ya se había mostrado en contra de este tipo de proyectos al considerarlos no viables en el distrito. Además, también rechazó la iniciativa del MVCS sobre la propuesta del 10% de territorio para viviendas sociales, posición también compartida por las comunas de Miraflores y La Molina.
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Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.
