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Únete al canal de GestiónLos mercados financieros brasileños cerraron una semana de pánico por los malabarismos del Gobierno de Jair Bolsonaro para romper el techo de gastos, lo que ha provocado una desbandada de altos cargos en el Ministerio de Economía.
La bolsa de Sao Paulo, que el jueves ya perdió 2.75%, cerró con una caída semanal de 7.3% y un descenso de 1.34% este viernes, con un ligero rebote después de que llegara a desplomarse durante la sesión 4.5%, en medio de la creciente incertidumbre sobre el rumbo fiscal de la mayor economía de Latinoamérica.
Las turbulencias se han sentido también en el mercado de divisas, donde el dólar estadounidense llegó a tocar esta semana los 5.75 reales, su mayor nivel en varios meses, aunque este viernes recuperó posiciones y terminó en 5.62 reales en el tipo de cambio comercial.
En un intento por aplacar el mal humor de los mercados, el presidente Bolsonaro aseguró que su Gobierno continúa firme con su compromiso de responsabilidad fiscal y que no se embarcará en “aventuras” que pongan “en riesgo” la economía del país, golpeada por un altísimo desempleo y una inflación de dos dígitos.
Más gasto social en año electoral
El origen de esta crisis de confianza radica en los planes del Gobierno de Bolsonaro para financiar la expansión de un programa de ayudas sociales que pretende impulsar de manera temporal durante el 2022, año en el que intentará su reelección.
Sin ningún margen en los presupuestos, un Producto Bruto Interno (PBI) fuertemente golpeado por el coronavirus y una recuperación cada vez más en entredicho, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y su equipo acordaron modificar las reglas del techo de gastos para, en la práctica, aumentarlo.
Guedes garantizó este viernes que la medida es “ponderada” y no quebranta el actual régimen fiscal.
El techo de gastos, que limita el aumento del gasto público a la inflación del año anterior, rige en Brasil desde el 2017 y fue impulsada por el Gobierno de Michel Temer, que adoptó una agenda de corte liberal en los poco más de dos años que estuvo en el poder.
Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército que en sus tres décadas como diputado nunca fue un ferviente liberal, siguió el mismo camino de su antecesor y consiguió ganarse el crédito de los mercados al escoger a Guedes, economista de la Escuela de Chicago, para dirigir el rumbo de la debilitada economía brasileña.
Sin embargo, a medida que se acerca la campaña electoral del 2022 y su popularidad cae en picado al calor de la crisis sanitaria y económica, el mandatario se ha desmarcado de los postulados de responsabilidad fiscal al proponer un fuerte aumento del gasto social en el 2022.
En este marco, el Gobierno anunció el miércoles sus planes de incrementar un 2% de media el valor de las ayudas a los más pobres hasta un mínimo de 400 reales (unos US$ 70), así como el número de beneficiarios, desde las 14.7 millones de familias actuales a 17 millones.
Cascada de renuncias
En medio de toda la polémica sobre el techo de gastos, el jueves presentaban su renuncia, por “motivos personales”, el secretario especial del Tesoro y Presupuesto, Bruno Funchal; el secretario del Tesoro Nacional, Jeferson Bittencourt, y los dos secretarios adjuntos de ambos.
En paralelo, la Cámara de Diputados daba el primer paso para avalar la ingeniería fiscal del Gobierno al aprobar en una comisión modificar el techo de gastos y, además, aplazar el pago de una parte de las deudas judiciales del Estado, lo que se traduce en más recursos para el 2022.
“El impacto macroeconómico es enorme porque el mercado interpreta que el Gobierno no tiene capacidad para controlar sus cuentas públicas”, explicó Juliana Damasceno, investigadora del área de Economía Aplicada de la Fundación Getulio Vargas.
También dimitió en la víspera el secretario de Petróleo, Gas y Biocombustibles del Ministerio de Minas y Energía, José Mauro Coelho, horas después de que Bolsonaro anunciara su intención de crear otro subsidio para ayudar a 750,000 camioneros, afectados por el alza del combustible.
En opinión de Damasceno, expandir de esa forma la asistencia social, apenas durante el 2022, “atiende a un interés electoral”, pues de lo contrario el Gobierno hubiera creado un “programa de largo plazo”, algo, por otro lado, necesario después de los enormes estragos del COVID-19.
