La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó modificaciones a la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención (OCP).
De acuerdo con lo establecido, el Órgano Centralizado de Prevención (OCP LA/FT) remitirá en octubre de 2026 la información correspondiente al mes de setiembre del mismo año, manteniéndose la obligación de los notarios de registrar y enviar el registro de operaciones (OP) bajo el formato vigente hasta agosto de 2026.
La SBS consideró necesario ampliar en un año el plazo para que los notarios mantengan la obligación del registro y envío del RO a la UIF-Perú bajo la estructura y periodicidad del formato actual.
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La superintendencia sustentó su decisión en que el objetivo es integrar a todos los notarios del Perú en una gestión centralizada en materia de prevención del LA/FT y establecer una comunicación y coordinación oportuna que permita a todos implementar los aspectos técnicos necesarios en sus respectivos sistemas informáticos para que cumplan adecuadamente con el envío de la información requerida.
Entre las principales modificaciones, figura la precisión sobre los actos que deben ser reportados en el registro de operaciones, como los testamentos por escritura pública y cerrados cuando haya fallecido el testador, así como los documentos privados (minutas) no formalizados en instrumento público.
Asimismo, se refuerza la definición de la Base Centralizada de Información (BCI), a cargo del Colegio de Notarios de Lima, la cual integra y conserva la información remitida por los notarios del país.
NOTARIA DE LA AVENIDA MIRO QUESADA EN EL CENTRO DE LIMA. (Foto: Andrés Cuya/GEC)
La resolución también incorpora obligaciones de comunicación inmediata a la UIF-Perú respecto de operaciones vinculadas a medidas de congelamiento administrativo nacional en casos de delitos de LA/FT y extorsión.
FACHADA DE LA SBS. (Foto: GEC)
En materia de capacitación, se dispone que los notarios y sus trabajadores reciban formación mínima sobre congelamiento de fondos o activos, tanto en el ámbito nacional como en lo establecido por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
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Finalmente, la norma establece que las nuevas disposiciones entrarán en vigencia progresivamente a partir del 1 de setiembre de 2026, derogándose al mismo tiempo reglas anteriores aplicables a los notarios.
