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El factoring es un mecanismo de financiamiento a corto plazo por el que una entidad financiera (bancos, SAB, SAFI, empresas de factoring, etc.) adelanta el pago de sus facturas por cobrar a un proveedor (pyme o emprendedor), con la finalidad de que este pueda obtener liquidez de forma inmediata.
Vencido el plazo del documento (a 30, 60 o 90 días), la entidad financiera realiza la cobranza del monto total facturado al adquiriente (mediana o gran empresa).
Daniel Lastra, jefe comercial de alternativas de financiamiento del Grupo BVL, aclara que este mercado está pensado en las pequeñas y microempresas, que son las que brindan servicios o venden sus productos a grandes empresas.
Además, “si bien el factoring se asocia con el financiamiento de facturas, en la práctica se da sobre diversos tipos de documentos como las letras, recibos por honorarios y órdenes de compra”, señala.
¿Qué es una factura comercial y una negociable?
Lastra detalla que desde el 2016, Cavali, como Institución de Compensación y Liquidación de Valores, es el único articulador del factoring en el mercado peruano con el registro de las facturas en su plataforma Factrack.
Este registro convierte a una factura comercial en negociable, lo que le da el estatus de título valor y con ello le otorga mérito ejecutivo para que se puedan realizar operaciones vía factoring.
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¿Cuál es la situación actual del factoring?
Según Cavali, durante el primer trimestre del 2023, el financiamiento a través de facturas negociables alcanzó S/ 8,650 millones, 44% más que en igual periodo del año anterior (S/ 6,006 millones).
Esto representó una facilidad de cobro para 11,232 empresas a nivel nacional (en el primer trimestre del 2022 fueron 8,509 empresas), lo que implicó 348,235 facturas anotadas en cuenta en la plataforma de Factrack, 28% más que el periodo previo (272,059 facturas).
En términos anuales, el monto negociado de las facturas anotadas ha crecido en más de 48 veces, pasando de S/ 629 millones en el 2016 a S/ 30,458 millones en el 2022. Asimismo, en cuanto al número de facturas anotadas, estas pasaron de 14,401 en el 2016 a 1,261,456 facturas en el 2022.
El monto del ticket promedio actual transado por factura bordea los S/ 25,941, cifra seis veces menor que la transada en los inicios del registro en Cavali, en el 2016 (aproximadamente S/ 159,000).
El número actual de proveedores (pymes) es de 33,783, 6% mayor que en el 2022 (31,754 empresas), y en 39% respecto del 2021 (24,182 empresas). Además, en cuanto al número de adquirientes (grandes o medianas empresas), al cierre de marzo se cuentan 49,743 empresas, 4% más que en el 2022 (47,860), y 26% más que en el 2021 (39,479 empresas).
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¿Qué está frenando el desarrollo del factoring?
Alejandro Niquen, presidente de la Asociación Peruana de Factoring, manifiesta que las malas prácticas por parte de las empresas adquirientes configuran una de las principales trabas en este mercado.
“Cuando se detecta una obstrucción por parte del adquiriente (gran o mediana empresa), nosotros, como asociación, notificamos a dicha empresa el marco legal para que esté informada sobre las multas aplicables en caso que se pongan trabas sin fundamentos. Adicional a ello, la plataforma Pago Oportuno del Ministerio de la Producción es una herramienta que ayuda a registrar los referidos casos de obstrucciones”, señala.
“Sin embargo, muchas veces el problema es el temor que tienen las pymes de perder a sus clientes si es que denuncian estas trabas. Por ello, en muchos casos ese miedo evita que se tenga un registro real de la totalidad de los casos que constituyen malas prácticas empresariales”, añade.
Desde su creación en abril del año pasado, la plataforma Pago Oportuno tiene registradas a 194 empresas que realizan irregulares prácticas empresariales como incumplir con los pagos oportunos de las facturas negociables. Así, los plazos de incumplimiento van desde 27 días hasta cuatro años.
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Rafael Zorrilla, gerente general de Banpro Factoring, manifiesta que el factoring ha venido avanzando en el mercado peruano, pero lo que se necesita para que el mercado siga creciendo es que las grandes empresas y las estatales tengan procedimientos bien establecidos que les permitan efectuar la rápida validación y confirmación de las facturas negociables en la plataforma de Sunat.
“Lo que muchas veces sucede es que las grandes empresas no suelen confirmar las facturas negociables en el plazo de ocho días que les da la ley. Y ya que luego de ese plazo se da la conformidad presunta, lo que termina sucediendo es que dichas empresas no honran esas deudas porque argumentan que no han podido validar la correcta entrega del servicio o producto comprado, lo cual constituye una mala práctica empresarial”, afirma.
Añade que hay otro grupo de empresas que impiden la libre circulación de las facturas negociables porque no quieren realizar ese tipo de transacciones o porque buscan direccionar esas operaciones hacia una determinada entidad financiera de su interés (a veces relacionada). “El impedimento a la libre circulación se da cuando una pyme lleva una factura a una empresa de factoring y esta institución tiene que pedir la conformidad a la gran empresa (el pagador). Entonces, hay empresas pagadoras que contestan indicando que su proveedor (pyme) no tiene la autorización para hacer factoring o que ellos no realizan operaciones de factoring. Pues bien, estas constituyen malas prácticas empresariales”, explica Zorrilla.
