Un Congreso fragmentado y el escaso capital político del Ejecutivo pesan sobre el sentimiento de inversión del sector privado e implican un costo de oportunidad para el crecimiento económico, sostiene S&P Global Ratings.
Tras rebajar las calificaciones soberanas de largo plazo de Perú de ‘BBB+’ a ‘BBB’ en moneda local y de ‘BBB’ a ‘BBB-’ en divisa extranjera, la clasificadora de riesgo ajustó en el mismo sentido el rating de seis instituciones financieras.
“Rara vez calificamos a las instituciones financieras por encima del soberano donde operan porque consideramos poco probable que las instituciones no se vean afectadas por la evolución de las economías nacionales”, refiere.
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Con ello, el descenso del rating soberano influye en la calidad crediticia de las instituciones financieras debido a los efectos directos e indirectos que el estrés del Gobierno tendría en las condiciones comerciales de los bancos.
Así, para Credicorp, BCP, MiBanco, Scotiabank Perú y BBVA Perú la clasificación bajó de ‘BBB’ a ‘BBB-’, mientras que en Intercorp Servicios Financieros (IFS) el downgrade fue de ‘BBB-’ a ‘BB+’.
S&P aclara que la evaluación del riesgo económico del Perú podría debilitarse si los acontecimientos políticos y otros eventos (como los climáticos) afectan significativamente la resiliencia económica, y dañan el desempeño operativo de los bancos y la calidad de los activos.
Encarecimiento
Es lamentable, aunque inevitable, que el ajuste negativo del rating del país se traslade al sector corporativo, y ocasione un daño en primera instancia en la dinámica crediticia de las entidades financieras, sostuvo Juan José Marthans, director de Economía del PAD de la Universidad de Piura.
Según el economista, la principal consecuencia de esta decisión es el encarecimiento de la deuda que tomen estos bancos con entidades extranjeras.
Esta degradación no responde a un análisis propio del sector financiero, sino a un contagio del deterioro del entorno político, sostuvo.
Asimismo, Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, mencionó que el techo máximo de calificación, comúnmente, lo otorga el bono de Gobierno; y si este se reduce, las mejores clasificaciones de los bancos se deben alinear.
“El ‘downgrade’ nos dice que el entorno político social donde se hace negocio es inestable, que el Gobierno no puede asegurar la tranquilidad y el derecho a la propiedad privada”, añadió.
S&P detalla que las perspectivas de estas empresas ahora son estables, e incorporan la expectativa de una recuperación moderada del PBI real, mientras que la deuda neta del gobierno general continúa aumentando pero se mantiene por debajo del 30% del PBI durante el período 2024-2027.
IFS
Los economistas advierten el caso particular de IFS, cuyo ajuste en el rating lo relega de ‘grado de inversión’ a ‘grado especulativo’.
“Cambiar de ‘BBB’ a ‘BBB-’ representa para el banco un mayor pago de intereses por adquirir financiamiento fuera del país, pero bajar de ‘BBB-’ a ‘BB+’ es como bajar de 11 a 10 en nota, los jala”, consideró Castellanos.
Perder el grado de inversión tiene un costo más elevado que un aumento en la tasa de interés, pues implica no poder ser sujeto de crédito para muchos bancos internacionales por el mayor riesgo, dijo.
Marthans reprocha el daño que se está infligiendo a la calidad crediticia de las entidades del sistema financiero y el acceso limitado a fondeo de exterior.
No obstante, precisa que el perfil de riesgo de una entidad financiera se sustenta en la calificación otorgada por, al menos, dos clasificadoras. De este modo, el impacto más fuerte sobre el costo de financiamiento no sería automático sino en el mediano plazo, si otras calificadoras internacionales reevalúan el rating de dichos bancos en el mismo sentido que S&P, explica.
Incertidumbre
S&P espera que el complejo panorama político del Perú persista en el período previo a las próximas elecciones presidenciales y del Congreso.
“En nuestra opinión, esto, a su vez, limita la capacidad del Gobierno para implementar políticas más oportunas que impulsen las perspectivas de inversión y crecimiento económico”, expone.
Las persistentes incertidumbres políticas plantean un costo de oportunidad para el crecimiento, a pesar de los precios favorables del cobre, agrega.
En este escenario, la agencia de rating crediticio precisa que la calificación de los emisores corporativos (empresas que emiten bonos para financiarse) se alinea a una medida similar tomada respecto del soberano de Perú.
Aclara que los mayores riesgos sistémicos para las entidades financieras que operan en Perú, combinados con un hipotético deterioro en la calidad crediticia intrínseca del banco, no tendrían un impacto en las calificaciones, si tienen el apoyo de su matriz.
Sobre IFS, añade que podrían darse modificaciones si, además de una degradación del soberano, las difíciles condiciones comerciales resultan en un debilitamiento significativo de los dividendos recibidos por el holding.
En tanto, S&P reafirmó la calificación de Interbank y Cofide y mantuvo las perspectivas estables. “Bajaríamos la calificación de Interbank si su perfil crediticio independiente cayera por debajo de ‘BBB-’, pero creemos que esto es poco probable en los próximos 12 a 24 meses”, señala.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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