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El Gobierno peronista argentino anunció que acordó con molinos de harina y productores de alimentos la creación de un fideicomiso de trigo para evitar alzas en los precios domésticos de comida, en momentos en que el valor internacional del cereal está en su pico más alto en 14 años tras la invasión rusa de Ucrania.
Argentina es un exportador mundial líder de trigo y su Gobierno, que estimó la cosecha 2021-2022 del cereal en un récord de 22.1 millones de toneladas, ya limitaba las exportaciones del grano para contener los precios de los alimentos en una economía con una inflación cercana al 50% en el 2021.
Sin embargo, por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que en conjunto representan el 29% de los embarques de trigo, los precios globales están en niveles históricos. En el mercado local el cereal cerró el miércoles en un promedio de 32,103 pesos (US$ 298) por tonelada, un 19% más que hace una semana.
“Este mecanismo da respuesta a la necesidad de desacoplar precios para proteger el mercado interno en un contexto global de conflicto bélico y con el precio internacional del trigo alto y sostenido”, dijo el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.
Según el Gobierno, el fideicomiso tendría vigencia hasta el 31 de enero del 2024 y busca concentrarse en los precios de venta doméstica de harina de trigo y de fideos secos.
“La implementación de esta política contempla volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales”, agregó el comunicado.
Según datos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de trigo 2021-2022, cuya recolección finalizó en enero, fue de un récord de 22.1 millones de toneladas.
A su vez, el Gobierno argentino ha limitado las exportaciones de trigo 2021-2022 a 14.5 millones de toneladas. Según información oficial, hasta el miércoles empresas exportadoras habían declarado ventas al exterior por 13.6 millones de toneladas.
Reacciones negativas
Según el comunicado, el acuerdo fue logrado tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la cámara de procesadores de granos CIARA y compañías productoras de alimentos.
Sin embargo, entre la lista de participantes del encuentro no figura la presencia de representantes de asociaciones agropecuarias, que el año pasado realizaron huelgas comerciales ante medidas de intervención estatal en los mercados de exportación de maíz y de carne bovina.
Los líderes del poderoso sector rural, el motor de la economía argentina y su principal fuente de necesitadas divisas, reclaman una mínima participación del Estado.
La semana pasada, ante versiones de una potencial aplicación de un fideicomiso, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) rechazó una medida de ese estilo, a la que calificó de “estímulo negativo” para la cadena productiva.
“Tanto en estimaciones propias como en consensuadas con toda la cadena de los cultivos en cuestión no existen problemas de abastecimiento del mercado doméstico”, dijo la BdeC en un comunicado, donde agregó que la incidencia del trigo en los precios de los productos procesados es muy limitada.