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En un rincón de las finanzas que rara vez genera titulares, los inversionistas están ocupados trazando caminos hacia enormes retornos mientras contemplan las consecuencias que tendrán las nuevas leyes en Europa.
Se trata de la financiación de litigios centrados en las transgresiones ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa). Regularmente financiadas por fondos de cobertura y otros inversionistas alternativos, las demandas apuntan a supuestas malas prácticas corporativas, como el incumplimiento de compromisos ambientales, la explotación de trabajadores o fallas del Gobierno corporativo. Un caso exitoso puede dejar a un financiador de litigios con retornos muy superiores al 25%.
El año pasado, los ciudadanos de la Unión Europea obtuvieron acceso a los tipos de demandas colectivas que durante mucho tiempo han alimentado litigios en Estados Unidos. Otra legislación de la Unión Europea que está a punto de finalizarse expone a las empresas a riesgos legales sin precedentes si se detectan violaciones ambientales o de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
Y en el Reino Unido, los financiadores de litigios se enfrentan a un “aumento” de consultas gracias a nuevas reglas de fondos ASG, de acuerdo a Kate Gee, socia de Signature Litigation.
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Entre los gestores de fondos de cobertura que asignan capital a la financiación de litigios se encuentra Gramercy Funds Management, con sede en Connecticut, que recientemente reveló una inversión de £ 450 millones (US$ 570 millones) en el bufete de abogados londinense Pogust Goodhead. El dinero está destinado a ayudar a presentar demandas masivas contra los fabricantes de automóviles involucrados en el escándalo denominado Dieselgate, así como demandas de inversionistas contra BHP Group Ltd. y Vale SA por su papel en el desastre de la presa Mariana en Brasil.
Una mayor regulación en Europa “traerá más litigios”, dijo Ana Carolina Salomão, directora de inversiones y socia de Pogust Goodhead, en una entrevista. También afirmó que cada vez más inversionistas se sienten atraídos por el “factor de bienestar” de estos casos.
Salomão dijo que la directiva de debida diligencia sobre sostenibilidad corporativa de la UE, que obtuvo respaldo provisional del Parlamento y el Consejo de la UE en diciembre, es clave.
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“Habrá mucha más información disponible en el dominio público, por lo que habrá un mayor escrutinio”, explicó. “Se volverá más evidente cuando una empresa haya incumplido” un tema ASG y “estamos viendo que grandes instituciones buscan el cumplimiento de la regulación”.
Steven Friel, director ejecutivo de Woodsford Group Ltd., que opera un gran negocio de financiación de litigios, dice que su equipo ASG está “siguiendo de cerca” el desarrollo regulatorio en Europa, que según él es “muy probable” que dé forma al trabajo de su empresa.
Actualmente, los casos en los libros de Woodsford incluyen una demanda contra Airbus SE, en el que los inversionistas institucionales luchan por su demanda ante un tribunal holandés. Quieren una compensación tras afirmar que las acciones de la empresa se desplomaron debido a un escándalo de soborno y corrupción que se resolvió en 2020.
Woodsford también está ayudando a los inversionistas a luchar en un caso contra Standard Chartered Plc relacionado con violaciones de sanciones, así como una demanda de inversionistas contra Boohoo Group Plc vinculada a acusaciones de esclavitud moderna.
El trabajo representa una “empresa de alto riesgo por la que hay buenas recompensas disponibles si se hace bien”, señaló Friel en una entrevista. “Entramos cuando hay un colapso catastrófico en ASG en las principales empresas con pérdidas para los accionistas o los clientes. Los movilizamos, colaboramos con la empresa, buscamos un acuerdo o litigamos”.
La financiación de litigios surgió hace dos décadas en Australia y desde entonces ha adquirido importancia en Estados Unidos y cada vez más en el Reino Unido. Swiss Re dice que la industria puede alcanzar los US$ 31,000 millones en inversiones para 2028, ya que los inversionistas se sienten atraídos por retornos del 25% o más.
En algunos casos, los retornos pueden ser cientos de veces superiores a la inversión inicial. Burford Capital, un financiador de litigios con sede en Nueva York, apunta a recibir más que US$ 6,000 millones después de asignar US$ 16.6 millones para ayudar a financiar un caso dirigido a la nacionalización de la empresa energética YPF en Argentina.
Con sumas tan enormes en juego, los financiadores de litigios están empezando a llamar la atención de los legisladores.
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Axel Voss, miembro del Parlamento Europeo, acusa a la industria de operar “en las sombras”, mientras se lleva una parte desproporcionada de cualquier indemnización. Es el arquitecto de una propuesta legislativa ahora ante el Parlamento de la UE que busca controlar a los entusiastas financiadores de litigios. Entre las recomendaciones se encuentra establecer un límite del 40% en cualquier adjudicación de financiación de litigios.
“Los financiadores siempre trabajan por sus propios intereses económicos y no por los de los demandantes”, aseveró Voss. “No quiero que el sistema legal se convierta en un patio de recreo para quienes buscan ganancias”.
Mientras tanto, las aseguradoras corporativas temen que el financiamiento de terceros pueda prolongar una demanda, aumentar el costo de las acciones judiciales y las primas.
El Instituto Swiss Re estimó que en los casos estadounidenses, hasta el 57% de los costos legales y las compensaciones van a abogados y financiadores, en comparación con un promedio del 45% en los casos típicos de responsabilidad extracontractual. Y eso tiene implicaciones para lo que la industria está dispuesta a asegurar, según Penny Seach, directora de suscripción del grupo Zurich Insurance.
La aseguradora suiza no respaldará contratos “si sentimos que el riesgo es uno que no podemos modelar o comprender”, dijo en una entrevista.
En el Reino Unido, el tribunal supremo dictaminó el año pasado que a los financiadores de litigios no se les permite llegar a acuerdos en casos de demandas colectivas antimonopolio a cambio de una parte del dinero obtenido por concepto de daños y perjuicios. La decisión significa que los bufetes de abogados y sus patrocinadores tendrán que “renegociar los acuerdos de financiación y desarrollar un nuevo modelo en el futuro”, según el bufete de abogados Slaughter & May.
Incluso en Estados Unidos, existe una presión creciente sobre los financiadores de litigios para que operen de manera más transparente. Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley bipartidista que busca la divulgación de entidades extranjeras que invierten en litigios en los tribunales federales. Y la cámara de comercio está presionando para que se regulen más las actividades de los financistas legales.
Pero hasta ahora, el efectivo de los inversionistas sigue fluyendo hacia los litigios ASG.
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