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En tanto la provincia más grande de Argentina busca reestructurar su deuda en default, los inversores que vivieron una saga similar con el Gobierno federal hace un año podrían encontrarse con una sensación de déjà vu.
Así como en el caso de los bonos soberanos, llegar a un acuerdo se complica por el hecho de que parte de la deuda de la provincia de Buenos Aires está sujeta a normas diferentes a las de otros tramos.
Se trata de las llamadas cláusulas de acción colectiva (CAC), que establecen el porcentaje de tenedores que deben aceptar un acuerdo para que este se lleve a cabo.
El umbral específico es de vital importancia porque los acreedores están divididos respecto a la última propuesta, lo que significa que la votación sobre el acuerdo podría ser ajustada.
Mientras que los US$ 5,200 millones de la deuda de la provincia requiere la aprobación de los tenedores de dos tercios del monto pendiente, los US$ 1,900 millones de bonos emitidos bajo normas anteriores requieren un acuerdo del 85% para arrastrar a todos los tenedores.
Existe el riesgo de una posición de bloqueo en los bonos con contratos más antiguos, según Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, con sede en Buenos Aires.
El Gobierno federal recibió un amplio apoyo para su reestructuración de US$ 65,000 millones en agosto del año pasado, con el 99% de la deuda reestructurada en el canje. Todavía quedaban algunos bonos que no cumplían con el umbral requerido, y el Gobierno acabó pagándolos en su totalidad, lo que benefició a los inversores que resistieron.
El mayor inversor de Buenos Aires, GoldenTree Asset Management, ha dicho que acepta la propuesta de deuda, y la provincia ha sugerido que tiene suficiente apoyo para los bonos con los umbrales más bajos de la CAC. La propuesta expira el 27 de agosto y los resultados se darán a conocer tres días después. Los bonos con vencimiento en el 2027 cerraron el martes a 49.5 centavos por dólar.
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Mucho menos seguro es el destino de los US$ 1,900 millones de bonos más antiguos, en parte porque la tenencia está más repartida. Además del umbral acumulativo del 85% para todos los bonos más antiguos, cada serie también necesita al menos dos tercios de aceptación para ser aprobado.
Ante una solicitud de coomentario, un funcionario provincial dijo que la oferta se presentó después de extensas negociaciones e incluye incentivos para que participen todos los tenedores de bonos, incluidos los que tienen bonos bajo los contratos del 2006.
Con casi 18 millones de habitantes y dos quintas partes del producto interno bruto de Argentina, el Gobierno provincial apuesta a que podrá persuadir a los acreedores reticentes con incentivos como el pago de los intereses devengados de los bonos existentes para quienes acepten antes de la fecha límite.
Pero si algunos bonos quedan fuera de la reestructuración, el litigio podría continuar sobre los bonos que no fueron canjeados, según la corredora TPCG Valores, con sede en Buenos Aires.
“Probablemente nos dirigimos a un canje de dos partes”, dijo Juan Manuel Pazos, economista jefe de TPCG. “En ese caso, continuaría el litigio sobre los títulos que no lleguen a las CAC”.