La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha propuesto una serie de modificaciones al reglamento referido a las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPA) y Ofertas Públicas de Compra (OPC) en el mercado local.
Así, se fija un plazo de hasta veinte días hábiles para evaluar las solicitudes de OPA. Culminado ese periodo, la SMV podrá emitir un pronunciamiento. De lo contrario, se considera que existe un silencio administrativo positivo, es decir, la oferta pública procederá, ¿cómo es hoy el trámite?
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Actualmente, no existe ese procedimiento previo, sino que, una vez presentada la OPA, la SMV tiene cinco días hábiles para efectuar cualquier observación.
“No es del todo malo (el que exista un procedimiento previo de la SMV). Es cierto que muchas veces que se lanza la OPA, luego se formulan observaciones a la documentación presentada. El problema principal es que le dan veinte días hábiles (al supervisor), que es poco más de un mes, y creo que es demasiado tiempo porque la información se filtra. Entonces, el mercado al final termina reaccionando ante una OPA que está por venir”, advirtió Carlos Arata, socio senior del estudio Muñiz.
“Si todo el mundo se entera de que viene una OPA, el valor de la acción va a empezar a subir”, manifestó a Gestión.
Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, consideró que siempre existen riesgos de filtraciones y acotó que faltaría un mayor respaldo para la modificación planteada, que incluya la sustentación de motivos, como la frecuencia con la que se ha paralizado ofertas públicas tras presentarse observaciones por parte del regulador.
La SMV actualmente conduce la selección de la entidad valorizadora en una OPA. (Foto: GEC)
Valorización de una OPA
Además, el supervisor busca transferir parte de sus facultades a sus propios regulados, por ejemplo, en lo que compete a la selección de la entidad valorizadora que deberá estimar el precio mínimo para la acción, proceso que ahora recaerá en los mismos oferentes, según los analistas.
La SMV argumenta en su propuesta que en países como México, Chile y Colombia los supervisores no asumen la conducción de un procedimiento de selección de la entidad valorizadora para las OPA.
Refiere, asimismo, que, a nivel local, ya los propios emisores de valores contratan los servicios de sociedades de auditoría y de empresas clasificadoras de riesgo cuando la norma lo exige.
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Contexto previo a la propuesta
Las modificaciones planteadas por la SMV no pueden analizarse sin recordar los cuestionamientos que se presentaron el año pasado a la OPA de Inversiones Portuarias Chancay, según expertos consultados. En ese momento, se objetó, por ejemplo, la selección de Diviso como valorizadora, entre otros motivos, por su falta de experiencia.
“Por estos últimos casos, la SMV, viendo las experiencias comparadas de otros países, ha dicho: ¿por qué me debo encargar yo de esto si no es solo una carga regulatoria, sino política? Entonces, como la SMV, voy a estar pendiente, lo voy a supervisar, pero no me voy a encargar, yo me salgo de eso”, opinó Luis Miguel Garrido, asociado senior de Rubio Leguía Normand.
“La SMV se dedicaba al proceso de selección de la entidad valorizadora, y si se revisan los hechos de importancia o boletines de la BVL de los últimos años, era muy común ver que se declaraba desierto el proceso de designación de la entidad valorizadora”, añadió.
La SMV tendrá el reto de supervisar los procesos para evitar conflictos de interés entre valorizadora y adquirente. (Foto: iStock)
Posibles conflictos de interés
Para Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, está en cuestionamiento la capacidad del supervisor para asegurarse de que no existirán conflictos de interés entre el obligado o adquirente y la entidad valorizadora de la OPA que el primero deberá seleccionar.
“¿Tiene la SMV capacidad para investigar, detectar y luego sancionar? Al final, la imposibilidad del Estado para aplicar sus propias reglas, el enforcement, es lo que genera el incentivo a las malas prácticas. No me queda claro que la SMV tenga la capacidad operativa, y mi crítica de fondo es que no hemos encontrado evidencia en la exposición de motivos que justifiquen esta medida”, señaló el abogado.
Sin embargo, Carlos Arata, del estudio Muñiz, consideró que no es necesario que la SMV elija a la entidad valorizadora para asegurar que el proceso será transparente.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
