La brecha de infraestructura pública en Perú es inmensa. No hace mucho, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, indicó que esta asciende a US$ 150,000 millones. Para atender esa necesidad no hace falta solamente construir más, sino también proteger la infraestructura que ya está operativa. Por ese motivo, el ministerio dispuso recientemente que las entidades públicas identifiquen los bienes muebles a su cargo que podrían necesitar un seguro.
A finales de septiembre, el MEF publicó la directiva N° 001-2024-EF/54.01, mediante la cuál solicita, con plazos, a todas las entidades públicas que envíen su relación de bienes para que formen parte del “Registro de Aseguramiento de Bienes”, herramienta informática que estará a cargo del ministerio.
El primer registro de este tipo estará completo el 24 de marzo del 2025. En adelante, según la misma norma, el registro se actualizará anualmente a finales de febrero. ¿Qué implicancias traerá este proceso para la inversión pública? En Gestión te lo contamos.
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Relevancia
Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), explicó a Gestión que esta iniciativa que ha iniciado el MEF es “inédita” en la historia de la infraestructura pública peruana. “Es una figura que ya existe en las concesiones, como una responsabilidad atribuida a los concesionarios, pero como se sabe, la gran mayoría de infraestructura pública no está concesionada”, señaló.
El MEF ha explicado, en un taller explicativo online de la directiva a finales de octubre, que el objetivo de la medida es proteger la infraestructura pública ya existente ante fenómenos naturales como El Niño, pero también ante desmanes o vandalismo a estas estructuras, eventos que pueden ocurrir en protestas sociales.
Como ejemplo en dicha sesión, Jorge Prado, especialista legal de Cartera Inmobiliaria de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del MEF, recordó que en el terremoto del 2007 en Pisco, uno de los más fuertes de los últimos años en Perú, se generó una pérdida de US$ 257 millones, donde se afectaron 1,900 bienes inmuebles del Estado.
Y si bien el aseguramiento es para bienes ya operativos, no se puede ignorar que, entre las causales de paralización de obras que monitorea Contraloría, figuran los conflictos sociales y eventos climáticos.
De acuerdo al reporte más reciente, a septiembre del 2024, de las 2,256 obras paralizadas existentes en el Perú, 143 de ellas están en esa situación a raíz de esa clase de sucesos. Su costo actualizado asciende a S/ 1,212 millones.
Para Juan José Cárdenas, socio experto en infraestructura de Damma Legal Advisors, es “absurdo” que infraestructuras bajo Asociaciones Público-Privadas (APP) sí contaran con un esquema de protección, mientras que aquellas que son inversión pública totalmente no.
“Es paradójico. En una APP el Estado le exige al concesionario una serie de pólizas bastante exigentes, pero en obra pública no hay nada de eso. En un país como el Perú, donde los fenómenos naturales son recurrentes, es básico que la infraestructura pública esté adecuadamente asegurada”, apuntó.
De igual forma, consideró que fomentar el aseguramiento de bienes públicos evitará que sigan apareciendo obras públicas paralizadas por golpes climatológicos o conflictos sociales, ya que habrán recursos para reconstruirlas, a diferencia de la situación actual, donde “se tiene que hacer la obra de nuevo y más cara”.
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Proceso por delante
Si bien aún es muy pronto para conocer el valor de las pólizas que se contratarán, desde Apeseg confían en que cuando finalice el próximo año ya se pueden empezar a asegurar los primeros bienes identificados como parte de la directiva señalada.
“Durante el segundo semestre del 2025 (ya estaría asegurados algunos bienes). Creo que esa es la lógica detrás de esto. El objetivo es mantener el nivel del servicio público para los ciudadanos”, remarcó Morón.
Por ese motivo, el presidente de Apeseg también destacó el hecho de que el registro sea actualice anualmente. “Todas las entidades públicas tendrán que informar si hacen modificaciones a los bienes ya asegurados. Puede que de un año a otro tengan más infraestructuras a su cargo, vendan o compren otras. Eso es parte del proceso”, explicó.
Lo cierto es que para llegar a ello, aún el MEF tendrá que dirigir unos procesos previos. Lo primero será “filtrar” la lista de bienes que reciba la cartera de las entidades públicas inicialmente.
Además, el MEF tendrá que definir cómo hará estas contrataciones de seguros. Si bien han dejado a libre discreción de las entidades la identificación de bienes, luego de afinar la lista se tiene que decidir si harán una contratación centralizada de los seguros o no, consideró Morón.
El presidente de Apeseg también indicó que el ministerio deberá priorizar bienes sobre otros, tomando en cuenta que estamos en un contexto de déficit fiscal, donde los recursos para adquirir los seguros no abundarán.
“No estamos en una situación de abundancia fiscal. Entonces, si quiero emprender este proceso de aseguramiento, debo escoger con cuáles comenzar. Es una decisión que deberán discutir, podrían preferir asegurar lo más nuevo frente a lo viejo, por ejemplo”, señaló.
Al respecto, Cárdenas señaló que la forma en la que se han ido estructurando los seguros en las concesiones y APP podrían servir de modelo para que el MEF solucione estos aspectos procedimentales para los seguros.
“Se tienen cláusulas que protegen la infraestructura de todo riesgo y pólizas de responsabilidad civil de terceros. Se repiten en todas las APP. Te piden asegurar todo. Si un terremoto destruyera un aeropuerto concesionado, el seguro te cubre la reconstrucción completa”, aseguró.
Sobre el hecho de que el MEF deba priorizar bienes por asegurar, debido al contexto de escasez fiscal, el abogado consideró que no se puede ignorar que los seguros son “una inversión contingente”.
“Si todo está bien, te parece un gasto innecesario, pero el día que lo necesitas te cubre un riesgo altísimo. Como Estado, tienes que gastar en eso, reconstruir infraestructura no asegurada te saldrá mucho más caro”, refirió.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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