
En su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inseguridad ciudadana le cuesta al Perú S/ 19,800 millones, lo que representaría alrededor de 1.7% del PBI de 2025.
Ante tal panorama, tanto el sector público como el privado ven reducidas sus posibilidad de inversión en otras áreas de interés —y, sobre todo, de urgencia—. ¿Qué aprovechamiento se pierde a causa de la criminalidad?
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El eco de la inseguridad en otros sectores
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), detalló a qué montos de inversión se asemeja la cifra que la cartera brindó.
“El costo de la inseguridad ciudadana estimada por el MEF equivale, por ejemplo, a casi todo el presupuesto anual del sector Educación (S/ 19,000 millones) y se encuentra por encima de los presupuestos anuales de sectores clave como Interior (S/ 13,300 millones) o Desarrollo e Inclusión Social (S/ 7,000 millones)”.
Incluso, puntualizó la similitud con las cifras de algunos grandes proyectos: “Además, equivale al monto de inversión ejecutado para el desarrollo de Quellaveco (US$ 5,300 millones) o tres veces la inversión que implicaría desarrollar Tía María (US$ 1,802 millones)”.

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La ilegalidad frente a la desprotección
El IPE también trajo a colación el aproximado que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recogió acerca del costo de la inseguridad en Perú, el cual ascendió a más de S/ 30,000 millones en 2022 (2,8% del PBI). “La cifra se habría elevado con el reciente incremento de la criminalidad y la presencia de economías ilegales”, precisó Fuentes.
Al respecto, Nicolas Zevallos, director del Instituto de Criminología, compartió otro número significativo en la fórmula que compone la inseguridad.
“La propia Policía ha estimado que para cerrar sus brechas de equipamiento; es decir, de necesidades para operar, requiere aproximadamente entre S/ 8,000 y S/ 10,000 millones, en una inversión de unos cuatro años. Eso es la mitad de lo que estamos perdiendo según el MEF, con lo cual se evidencia la relevancia del monto”, indicó.
“Con la mitad de lo que perdemos podríamos darle a la Policía lo suficiente para que no tenga que prestarse radios entre sí o comprándose con dinero propio sus chalecos o municiones”, recalcó.
Para él, lo que muestran los S/ 19,800 millones de pérdida es que “la criminalidad no es solo un asunto de violencia, que no es una cosa menor, sino un asunto de impacto económico”.

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¿Qué hay después de la cifra?
Zevallos, sin embargo, hizo hincapié en el objetivo que debe perseguir la cifra estimada: “Ya el MEF ha planteado que tiene esa pérdida. La pregunta es cómo se va a traducir eso en la inversión prioritaria en el sector seguridad. Si va a decir que perdemos tanto dinero, pero no está dando fondos ágilmente, está lanzando un dato que juega en contra de su propia narrativa”.
Consideró que la visibilidad de la problemática es medular para reconfigurar el pensamiento entre la opinión pública: “Lamentablemente, nos quedamos con que el robo o la violencia son asuntos muy puntuales y que no nos llega a todos; pero, cuando vemos estos datos económicos, observamos el impacto real en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque yo dejo de vender, porque el proveedor me cobra más caro, porque el taxi cuesta más".
Coincidió el vocero del IPE y resumió la tendencia: “Cabe señalar que esta estimación del MEF considera los costos asociados para el sector privado y para el sector público; no obstante, otras estimaciones del costo de la inseguridad ciudadana consideran adicionalmente los costos asociados a las pérdidas en productividad de las víctimas de homicidios y de otros delitos violentos reportados”.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.