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Este viernes, el Pleno del Congreso decidió otorgarle al Poder Ejecutivo solo una parte de las facultades legislativas solicitadas en materia tributaria, financiera y para la inversión pública. Así, el Parlamento denegó principalmente todo lo relacionado con subida de tasas a la minería, a los alquileres, a personas naturales, y a las ganancias de capital, lo que para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representaba la oportunidad de sumar S/ 12,000 millones más en la recaudación anual.
En un país con una presión tributaria de solo el 14% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo del promedio de América Latina, y considerando los problemas sociales por atender post COVID-19, ¿se justifica la decisión del Congreso? ¿Qué se puede hacer en adelante?
“Fue una decisión razonable”, mencionó el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, quien señaló que las cuatro medidas que apuntaban a un incremento de impuestos fueron presentadas sin sustento suficiente. Incluso, añadió, el MEF se basó solo en un informe preliminar del Fondo Monetario Internacional (FMI) para argumentar la nueva tasa a la minería sin hacerlo público para su respectivo análisis.
En suma -dijo- el 75% de las facultades solicitadas por Pedro Francke fueron aprobadas, entre ellas la autorización para emitir normas sobre lucha contra la evasión y elusión tributaria, expedir el Registro Único del Contribuyente (RUC) de oficio, acciones contra el mercado negro de facturas; así como extender la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para los alimentos y, de esta manera, evitar que los precios de los productos de la canasta básica se eleven.
“Lo que supone que podría alcanzar un nivel de recaudación de S/ 9,000 millones al año, pero ni siquiera ha informado cómo ha hecho ese cálculo (de los S/ 12,000 millones). Es una cifra inflada y no creo que esa recaudación ocurra con las medidas administrativas que logró podría conseguir el 20% de la meta”, dijo.
Por su parte, el exviceministro de Economía, Carlos Casas, actual decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, señaló que si se establecen medidas adecuadas para reducir la evasión y elusión tributaria, como establecer sanciones para los evasores y un seguimiento continuo a través del cruce de datos, solo con ello se podría elevar la presión tributaria de 14% a 18% del PBI en el mediano plazo.
“Necesitamos mejorar la administración tributaria para reducir la evasión del IGV y el Impuesto a la Renta. Las normas ya están y lo que debe hacerse es que se cumplan. Adicionalmente, deberían establecerse sanciones para los evasores, que haya una mejor fiscalización y se detecte a los evasores. Todo ello permitirá que los contribuyentes comiencen a pagar sus impuestos”, anotó.
Asimismo, dijo estar a favor del incremento de tasas a los alquileres y a las ganancias de capital, no obstante, indicó que “ahora no es el momento de subirlas”. La recuperación del empleo y los ingresos apenas está recuperándose en Perú luego del golpe del 2020 por la pandemia.
¿Revisar beneficios tributarios?
Para el 2022 el titular del MEF, Pedro Francke, ha adelantado que enviará los proyectos de ley sobre las medidas en las que no le otorgaron facultades. “Reiteramos la importancia de una reforma tributaria que aumente la formalización y recaude más de quienes pueden hacerlo”, escribió en sus redes sociales.
Respecto a una mayor presión sobre la minería, Casas sostuvo que podría generar un efecto contrario, desalentando las inversiones en el Perú cuando los altos precios de los minerales ya están aumentando los ingresos del fisco este año.
Segura coincidió en que no se requieren cambios tributarios al sector extractivo sobre todo, cuando ya existe una carga tributaria “fuertemente progresiva” en el país y no se ha transparentado cuál sería el margen para elevar la tasa.
¿Por dónde podría haber un incremento de impuestos? Casas sostiene que hay beneficios tributarios que deberían evaluarse, entre ellos, la exoneración de impuesto a los intereses, así como en zonas geográficas en donde las exoneraciones no han significado un incremento de la actividad económica. Además, debería estudiarse la eliminación del beneficio a las universidades, aunque reconoció “que es un tema sensible”.
Adicionalmente, recomendó al MEF y al Congreso trabajar por el fortalecimiento de la Sunat desde el punto de vista tecnológico que le permita el uso de Big Data para detectar casos de evasión. Así como potenciar la recaudación municipal. “Cuando uno ve una notificación de la Sunat hace caso, cuando es de la municipalidad casi siempre se deja para el final”.
¿En qué priorizar la recaudación?
“El ciudadano quiere ver que realmente lo que paga se traduzca en mejores servicios, por lo tanto será importante también que el MEF informe cómo la reducción de la evasión y elusión tributaria está elevando la recaudación en beneficio del país; eso generaría un incentivo”, dijo Casas.
Al respecto, Segura opinó que el dinero que se lograría recaudar en el 2022 con las nuevas facultades otorgadas, no está contemplado en el Presupuesto del Sector Público del próximo año, por lo que mencionó que lo adecuado sería que el MEF presente proyectos al Congreso donde explique a qué sectores destinará ese dinero o si irá al Fondo de Estabilización, pago de deudas o al Tesoro Público, y “no que lo saque por decreto de urgencia”.
