La distribución de gas natural en siete ciudades del norte del Perú a cargo de la colombiana Promigas, y los planes para masificar su uso en esa zona podría correr el riesgo de paralizarse, tras la controversia surgida entre esa compañía y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), a raíz de las tarifas para eses servicio que aprobó dicho organismo regulador.
¿Cómo se llegó a este punto? El 27 de diciembre pasado el regulador aprobó una resolución que fija tarifas para la distribución de gas en Lambayeque, Chiclayo, Huaraz, Chimbote, Trujillo, Cajamarca y Pacasmayo, bajo la concesión de Gases del Pacífico (empresa de Promigas), y que reduce las mismas en un 32% con respecto a la tarifa inicial establecida en su contrato de concesión.
Frente a ello, Gases del Pacífico (GdP) presentó el 23 de enero del 2025 un recurso de reconsideración contra esa fijación tarifaria (que se aplicará a partir de este año y regirá hasta el año 2028) por considerar que hacen inviable económicamente para la empresa cumplir determinadas obligaciones bajo su contrato de concesión (suscrito el 2017), y en general, la operación de la misma.
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¿Qué reclama Promigas a Osinergmin?
De acuerdo con dicho recurso de reconsideración, GdP considera que en la fijación de estas tarifas el citado organismo regulador habría actuado de manera arbitraria, injusta, irrazonable y discriminatoria, afectando gravemente los derechos de la compañía y pide se declare su nulidad y que suspenda sus efectos en forma inmediata.
Hasta ese momento, la empresa refiere haber invertido más de US$ 340 millones en la concesión y que ha conectado a más de 290,000 familias, superando su compromiso contractual que preveía se brinde el servicio para 150,137 conexiones.
Sin embargo, observa que las tarifas aprobadas -presuntamente- estarían sobredimensionando la demanda de los consumidores residenciales, industriales y pesqueros.
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El foco, se conoció, es que las tarifas dispuestas no reconocerían las inversiones y los costos eficientes (que la compañía ha realizado) para la prestación del servicio, y no proveen los recursos mínimos para que GdP opere el sistema de manera segura, confiable y continua y en cumplimiento de su contrato de concesión, ni los contratos con los consumidores.
Vale indicar que, de acuerdo con el cronograma de fijación de tarifas de distribución del gas natural por red de ductos en la Concesión del Norte, que maneja Osinergmin, la fecha para que emita resolución respecto a recursos de reconsideración vence este miércoles 5 de marzo.
Gestión consultó a Osinergmin respecto a si hasta este martes ya habían tomado una decisión respecto al recurso de reconsideración antes mencionado, pero hasta el cierre de este reporte no recibimos respuesta.
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SPH advierte riesgos para consumidores y el país
El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, advirtió que, si el ente regulador no corrige su resolución que fija las mencionadas tarifas, se abren dos escenarios de riesgo para los consumidores y el país.
El primero, según refirió, es que GdP interponga un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) requiriendo una indemnización, y señaló que tiene amplias posibilidades de ganarlo pues consideró que la revisión tarifaria no sería objetiva y excedería la ley.
El segundo escenario es que el concesionario se retire del país, lo que repetiría el antecedente que consideró nefasto, del retiro de la empresa Naturgy de la concesión de distribución de gas natural en ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, el año 2020, tras lo cual su operación se encargó a Petroperú.
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Antecedente que preocupa
Al respecto, el exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, recordó que precisamente el retiro de la española Naturgy de la concesión del sur se dio, luego que Osinergmin aplicara una fijación de sus tarifas de distribución de gas que objetó la empresa y que llevó a que ésta emprendiera un arbitraje contra el Estado peruano.
Vásquez, quien fuera gerente de Estudios Económicos de Osinergmin, reconoció que ese organismo ha tenido muchas críticas en relación a sus modelos de cálculo tarifario, no solamente en gas natural, sino también en distribución eléctrica, pues aplica criterios muy teóricos.
“Hace muchos años he pedido que haya una reforma en la forma cómo se calcula las tarifas, con modificaciones reglamentarias y normativas para que Osinergmin no sea tan discrecional en el uso de los cálculos porque ellos plantean un modelo de eficiencia, pero utilizan costos teóricos”, remarcó.
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El experto consideró que la Presidencia del Consejo de Ministros, que supervisa a los organismos reguladores, debería pedir cuentas a Osinergmin pues consideró que se estaría produciendo un atentado contra el proyecto de masificación del gas natural en el país.
Además, indicó que no se toma en cuenta que las concesiones de distribución deben competir con las empresas comercializadoras de gas natural comprimido, que son las que proveen a industrias en ciudades del interior del país, y que falta clarificar la política que quiere seguir el Estado respecto a la esperada masificación de ese combustible.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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