El Congreso de la República le ha puesto la mira al mecanismo de Obras Por Impuestos (OxI). Gestión identificó que, desde inicios del mes pasado, ingresaron al Legislativo tres proyectos de ley con la intención de extender el alcance y posibilidades de financiamiento de esta modalidad de ejecución de inversión pública, pero con beneficios tributarios para el sector privado.
El cambio más relevante busca que tributos como el Impuesto General a las Ventas (IGV) sean deducibles bajo las OxI. Además, se sugiere no solo restituir los topes presupuestales de las entidades públicas, sino incluso llegar a extenderlo.
Estas modificaciones se empezarían a discutir en las comisiones del Congreso, justamente, en el 2024: año histórico para las OxI. Según datos de ProInversión, en lo que va del año hasta el 17 de octubre, se han adjudicado 92 proyectos por S/ 2,834.1 millones. Se trata de un score nunca antes visto para el mecanismo en sus 16 años de historia.
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¿Más tributos?
La congresista Lady Camones propuso que el IGV y otros impuestos como el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), el Impuesto Especial a la Minería y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) estén explícitamente señalados en la Ley 29230, que regula las OxI, como los tributos deducibles bajo esta modalidad.
Camones indicó, en su exposición de motivos, que la inclusión del IGV, sumado al Impuesto a la Renta (IR), podría reducir el incumplimiento tributario y destinar esos nuevos impuestos a financiar más obras públicas a través de OxI.
Según explicó a Gestión, Denisse Miralles, Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, ya antes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se opuso a la inclusión del IGV, pero por una cuestión “operativa”. Ahora, consideró, podrían adecuarse, con un tiempo prudente para actualizar los sistemas de recaudación de la Sunat.
“Lo que señala la congresista es correcto: podría ayudar a tener un menor incumplimiento. Al final, el objetivo del Estado no es recaudar impuestos, sino transformarlos en inversión y cerrar brechas velozmente. Eso es OxI”, comentó.
Karen Ángeles, Counsel Especialista en OxI de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, recordó a este Diario que el 2% del IGV, a diferencia de otros impuestos, corresponden al Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Según la ley de las OxI, para “encajar” en el mecanismo, este debe ser 100% recaudado por el Tesoro Público, algo que se no cumpliría con el IGV.
Por ello, la abogada señaló que, en el debate parlamentario, debería considerarse no solo cuál sería el impacto de incluir al IGV, sino tal vez buscar una aplicación escalonada.
“La idea no deja de ser interesante, pero hay que medir el impacto: cuántas empresas aplicarían y cuál sería el beneficio real. El IGV va a menor escala, no a agrandes empresas”, indicó.
Al respecto, Miralles reveló a Gestión que en ProInversión hicieron un sondeo empresarial consultando sobre qué más impuestos deberían estar considerados. “Las que ya financian OxI dijeron están dispuestas a seguir. Las que no están, dicen que no pagan tanto IR, pero sí IGV”, apuntó.
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Nueva modalidad
A finales del 2023, bajo el llamado Plan Unidos, se anunció desde el MEF la creación de Servicios Por Impuestos (SPI), un mecanismo derivado de las OxI que, hasta la fecha, no ha visto la luz.
Como contó Gestión en julio, a pesar de no haber podido impulsar un proyecto sobre SPI bajo el marco de la delegación de facultades legislativas, persistía la intención en el Ejecutivo de lanzar el mecanismo. Camones, ahora, lo introdujo en su proyecto de ley, aunque como parte de la ley OxI original y sin detallar los tipos de servicios aplicables.
Al respecto, Miralles saludó esta intención. Sin embargo, consideró que es necesario que se defina en qué consistirá SPI y cuáles serían las temáticas abordables.
“Cuando hablas de servicios, es muy amplio. La idea en Unidos era limitarlo a sectores como salud, educación, desastres naturales o friajes. Yo recomendaría eso para que los sectores identifiquen lo que más necesitan para cerrar brechas”, explicó.
Ángeles, por su parte, consideró que podría desarrollarse un capítulo propio, dentro de la ley de las OxI, que siente las bases del SPI y desarrolle su aplicación. Para la abogada, esto es clave, ya que el mecanismo, actualmente, está muy vinculado al sistema del Invierte.pe.
“Tiene indicadores de brecha pensados bajo temas de infraestructura, más que servicios. Si presento un proyecto de ese tipo hoy, no pasaría por el Invierte.pe, que se volvería una barrera para esas iniciativas de servicios. Se debe ver la forma idónea”, detalló.
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Corrección
Los otros dos proyectos de ley presentados buscan modificar la fórmula para el cálculo del Tope CIPRL. En sencillo, consiste en la capacidad presupuestal máxima que una entidad pública dispone año a año para financiar las OxI.
Este valor sufrió cambios recientemente. Como informó Gestión en agosto, una disposición en la última ley del crédito suplementario dispuso reducir el límite temporal para hacer la sumatoria de todos las transferencias que se consideran hoy para su determinación, entre ellas el canon.
El tiempo se redujo de dos años a solo uno, lo que dejó en vilo a varios gobiernos regionales y locales. “Fue una reducción del 30% en el tope general para todas las entidades, pero hubieron algunas municipalidades que tenían OxI con empresas interesadas y se quedaron sin oportunidad de lanzar el proceso porque ya no tenían dinero”, lamentó Miralles.
El congresista Edgard Raymundo presentó un proyecto de ley para restituir que el cálculo tome los dos años previos. Pero la legisladora Diana González presentadó otra iniciativa que busca, más bien, “premiar” a las OxI por su buen ritmo de adjudicación en el 2024 y extender la temporalidad a tres años.
Ángeles recordó que hay una disposición del MEF que señala que las entidades públicas que incumplan su regla fiscal no podrán financiar las OxI. En ese sentido, observó que el proyecto de González no justifica por qué sería pertinente extender la temporalidad a tres años.
“El MEF busca medir el impacto. Está bien, las OxI adjudicó bastantes [montos], pero cuánto se uso del canon, por ejemplo. El proyecto no da una explicación técnica, salvo decir que sería bueno. Debe evaluarse”, agregó.
Miralles recordó que, durante los 16 años de vida de las OxI, siempre fueron dos años los considerados para el cálculo. “Desde que nació, se determinó que dos años mantiene la estabilidad fiscal sin poner en riesgo las finanzas municipales. Eso denota la sumatoria de la fórmula. Pueden ser tres o cinco, pero el MEF debe medirlo”, recalcó.
Miralles también resaltó que la proyección es que las adjudicaciones de las OxI cierren el 2024 cerca de los S/ 3,000 millones. Para el 2025, la meta es de S/ 1,500 millones, aunque la proyección es que, si se cierran ciertos proyectos, se alcancen S/ 2,000 millones.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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