La Sunat publicó el proyecto de resolución que busca establecer nuevos sujetos obligados a la presentación del Reporte de Beneficiario Final. Ahora se obligaría a toda empresa con ingresos mayores a 300 UIT (S/ 1,380,000) anuales y a todo ente jurídico (como fideicomisos o fondos de inversión) a presentar dicho reporte.
Hoy, solo los principales contribuyentes (Pricos) están obligados a presentar el Reporte de Beneficiarios Finales, el cual contiene la data acerca de las personas que obtienen un ingreso como consecuencia de poseer acciones de la empresa o ente en cuestión.
Álvaro Arbulú, socio de EY Perú, señala que ahora se está incluyendo a los medianos y pequeños contribuyentes, quienes deberán realizar el reporte en distintos plazos.
Plazos
El proyecto plantea que toda empresa con ingresos mayores a S/ 4.6 millones presente la declaración en junio próximo. Las empresas con ingresos entre S/ 2.3 millones y S/ 4.6 millones deberán presentarlo en setiembre del 2022.
Aquellas con ingresos netos entre los S/1.38 millones y S/4.6 millones tendrán que cumplir con dicha obligación en junio del 2023, con información de mayo de dicho año (ver tabla).
Fondos
En el caso de los fideicomisos y fondos de inversión, la obligación para presentar el reporte vence en enero del 2023.
Álvaro Arbulú, señala que se le ha otorgado un plazo mayor a este tipo de personas jurídicas debido a que las normas que regulan la presentación del reporte de beneficiarios finales para dichos entes necesitan mejoras.
“Hay demasiadas formalidades con las cuales tienen que cumplir, que pueden dificultar y encarecer el uso de estos mecanismos de inversión, como, por ejemplo, que la información del beneficiario final deba estar acompañada de la firma de dicho beneficiario legalizada ante un notario”, explica.
Señala que los fondos de inversión tienen miles de beneficiarios y pedirle a cada uno que legalice su firma ante el notario cada vez que se haga el reporte iría “contra la dinámica del producto”.
EL DATO
Reporte. El reporte de beneficiario final se utiliza para verificar en manos de quién termina el dinero que reparten las compañías y busca evitar casos de lavado de activos, elusión y evasión fiscal. Los pricos vienen presentando dicho reporte desde el 2019.