Las protestas continúan y comprometen la actividad productiva, sobre todo en el sur del país, donde hay regiones con indicadores sociales y económicos no muy auspiciosos.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en un documento publicado en noviembre del 2022 (con datos del 2021), entre los departamentos con mayores porcentajes de empleo vulnerable (definidos como independientes o personas que laboran por cuenta propia, y trabajadores familiares no remunerados) se encuentran varios de los que hoy son foco de la convulsión social.
Si bien los datos son del 2021, se trata de una variable más estructural que coyuntural, por lo que sus variaciones en periodos cortos no son relevantes.
A nivel nacional, el porcentaje de ocupados en condición de vulnerabilidad es de 49.2%, que es superado por regiones como Apurímac (69.1%), Cusco (69%), Ayacucho (61.4%) y Puno (61.3%) -ver gráfico-.
Fernando Gonzáles, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) indicó que este indicador podría explicar, en parte, el descontento social que se refleja en la duración de las protestas.
“En las regiones que tienen una mayor proporción con trabajadores de ingresos menores o que ni siquiera reciben una remuneración directa, como son los trabajadores familiares, se va a generar este descontento”, anotó.
Señaló que aquellos con empleo vulnerable, a los que se podrían sumar los dependientes informales, son un segmento que no cuenta con protección social, depende por lo general del trabajo del día, y ha “sufrido” más la pandemia y el entorno de inflación.
“Los trabajadores familiares no remunerados, en su gran mayoría, se emplean en el sector agropecuario con prevalencia en zonas rurales. Entonces, departamentos con mayor tasa de ruralidad, como Apurímac o Cusco, tienen una proporción alta de empleos vulnerables. Si contamos también a los dependientes informales, en Puno, Apurímac o Cusco hablaríamos, por ejemplo, de una vulnerabilidad que alcanza a nueve de cada 10 trabajadores”, indicó.
Miguel Pintado, economista e investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), coincidió en que la alta incidencia del empleo vulnerable en estas zonas podría tener vínculo con las protestas (descontento social).
Explicó que, por la definición de empleo vulnerable, implica cercanía al sector agropecuario, el cual tiene baja productividad, menores ingresos y hace uso de trabajadores familiares.
“Los departamentos con mayor especialización agropecuaria son los que están en los primeros puestos respecto a empleo vulnerable. De toda la masa de trabajadores familiares no remunerados, la mayor parte corresponde a este sector (agropecuario). En Apurímac o Puno, por ejemplo, hay una gran presencia de agricultura familiar”, acotó.
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Más sensibles a las protestas
El economista del IPE mencionó que, en el segmento vulnerable, los trabajadores independientes son más susceptibles a la variabilidad de ingresos y, por lo tanto, más expuestos al impacto de las paralizaciones por las protestas.
Del mismo modo, los dependientes informales pueden ver fácilmente detenidas sus labores, sin tener respaldo bajo el actual contexto.
“Las regiones que concentran este tipo de trabajadores (independiente y dependientes informales) son las más afectadas en cuanto a la incertidumbre sobre sus ingresos. Podemos destacar a Puno y Tacna en donde se gatillaron protestas. El comercio se ha visto limitado en las zonas de conflicto, y este sector acoge a muchos independientes e informales”, indicó
Gonzáles mencionó que, por el lado de trabajadores no remunerados, el efecto negativo pasa por la posibilidad de transporte de productos.
“Respecto a la agricultura familiar se tiene un efecto en la medida que se corte el flujo de los productos y lleguen a los mercados y consumidores. Comparado, sin embargo, con comercio y servicios el impacto es menor, pues si el transporte de alimentos se puede realizar al menos dentro de la región, los productores no se afectan tanto”, aseveró.
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Pintado enfatizó que, por un lado, los bloqueos limitan la actividad agropecuaria, pero también el poder trabajar en otras actividades complementarias a la principal, lo que es usual entre trabajadores considerados como vulnerables.
Explicó que, en muchos casos, se trata de trabajadores vinculados al agro de subsistencia, que tienen que recurrir a otras actividades económicas para sustentar sus gastos.
“No todos los trabajadores que pertenecen a la agricultura familiar trabajan solo en sus propias parcelas, sino que se desplazan a las principales ciudades y pueblos cercanos para vender su mano de obra para completar sus necesidades básicas. Además de trabajar en otras parcelas, algunos de los sectores que son importantes como segunda o tercera actividad es la construcción (obra pública), comercio y servicios vinculados a turismo o minería, los que se han visto limitados por las protestas. Todo esto ha generado recortes en los ingresos de las familias”, indicó.
Agregó que las protestas también tienen impacto en la inflación de las regiones, choque que puede ser menos contrarrestado por los trabajadores de menor remuneración e ingresos volátiles.
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Baja bancarización en Puno
Según el INEI, considerando a la población ocupada entre 18 y 29 años, el 55.6% tuvo acceso a los servicios del sistema financiero formal, nivel por encima de departamentos como Apurímac (46.3%), Ayacucho (42.3%), Cusco (41.1%) y Puno (28%), este último con el porcentaje más bajo.
Gonzáles mencionó que una menor bancarización está relacionada con un menor desarrollo del mercado laboral, es decir, es reflejo del trabajo informal o vulnerable.
“Los trabajadores vulnerables requieren de menos servicios financieros, pero un menor uso de estos limita el desarrollo (acceder a un crédito o financiamiento). Doble causalidad. El menor acceso al sistema financiero formal es una fuente de vulnerabilidad importante, pues se accede a un sistema informal con tasas (de interés) mucho mayores”, anotó