
Los niveles de protección social en el país -que analiza los accesos a empleo, salud y pensiones- vienen estancados en los últimos cinco años, revela el Índice Regional de Protección Social (IRPS) de Horizonte Laboral y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Pese a un mínimo avance en el 2024, a nivel nacional, el Perú obtuvo un puntaje de 0.50 en una escala de 0 a 1 en protección social. Antes de la pandemia, en 2019, la puntuación era de 0.49.
Si analizamos el indicador en una escala similar a las notas escolares -es decir, de 0 a 20,-, el promedio nacional sería de 10 puntos. Teniendo en cuenta que un nota aprobatoria mínima es de 11, esto significa que el país estaría “jalado” en protección social.
La situación es desigual por zonas. Solo siete regiones superan los 11 puntos, entre ellas Callao, Lima Metropolitana, Moquegua, Arequipa, Ica, La Libertad y Lima Provincia.
El resto del país, que representa casi un 60% del total de zonas evaluadas, presenta un desempeño inferior. Las peores puntuaciones se ubican en Cusco, Ayacucho, Cajamarca y Puno.
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Pese a que una parte se considere aprobada, Mayén Ugarte, presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral, precisó que estos resultados evidencian un comportamiento “mediocre”.
“Con 70% de informalidad en el Perú y los estándares de salud que tienes en el Perú, es bien difícil siquiera decir que alguien está aprobado. Todos tenemos notas bajas y dentro de esa mediocridad hay unos más menos mediocres que otros”, comentó a Gestión.
La desigualdad entre territorios es clara. Mientras el Callao alcanza un IRPS de 0.80 (equivalente a una nota de 16), regiones como Ayacucho (0.20), Cajamarca (0.16) y Puno (0.14) tendrían “calificaciones” de entre 2 y 4 sobre 20.
En medio de estos extremos, la mayor parte del país se ubica en un rango entre 0.30 y 0.50, que en la escala escolar equivale a calificaciones desaprobatorias.

Lo que está detrás de la brecha
Ugarte explica que detrás de esta brecha hay factores estructurales. Uno de los más importantes es el sistema de salud, que arrastra déficits graves desde antes de la pandemia.
La representante de Horizonte Laboral indicó que el país invierte en la etapa final del problema y no en la atención primaria, donde las enfermedades podrían detectarse a tiempo. De hecho, advirtió que el gasto público resulta muy ineficiente.
“Mucha de la inversión en salud se explica por hospitales y no por atender población en su primer momento. En los últimos años además hemos estado aumentamos salarios, pero no aumentamos la calidad de servicio”, refirió.
Esa falta de atención preventiva termina saturando hospitales, generando gastos más altos por paciente y dejando a la población sin capacidad de recibir atención oportuna.
Incluso esto golpea a regiones que muestran resultados positivos en el promedio. Por ejemplo, Lima Metropolitana tiene una calificación de 0 puntos en la dimensión de salud evaluada, que tiene en cuenta el gasto que hacen los hogares para atenderse, la recepción del servicio de salud y el tiempo para llegar al establecimiento.
Edgardo Cruzado, docente del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la PUCP, coincidió en que el aspecto de salud es el que más impacta en el rezago territorial. En regiones, indicó, el acceso de los trabajadores a la salud es más limitado.
“Tenemos regiones que tienen un proceso de desarrollo de una oferta de salud más consolidada, sobre todo estos departamentos del sur como Moquegua, Arequipa, Tacna y Lima, pero tenemos regiones que tienen mucho retraso, no solo en la prestación, sino también en la cobertura del servicio”, señaló.

Pese a que después de la pandemia se evidencia una mayor preocupación por la salud, Cruzado afirmó que el proceso de inversión de parte del Estado para mejorar esta cobertura no ha cambiado significativamente.
Asimismo, indicó que se observa un aumento del gasto de bolsillo de los trabajadores para acceder a servicios de salud con seguros privados. Sin embargo, la situación laboral tampoco muestra grandes mejoras.
Si bien no hay mucha rotación porque los peruanos trabajan más de un año en promedio en sus empleos, el empleo es poco adecuado y hay un elevado nivel de informalidad laboral en varias regiones.
La informalidad se evidencia especialmente en zonas como Ayacucho, Cajamarca y Puno, donde nueve de cada diez personas ocupadas no acceden a beneficios laborales ni a pensiones, indicó el especialista de la PUCP.
“En promedio el Perú tiene un 70% de informalidad, pero en estas regiones llegamos casi a 90% de informalidad, o sea, menos del 9% son formales”, refirió.
Esas tres regiones también están entre las zonas con menores niveles de población económicamente activa afiliada a una pensión y una menor proporción de jubilados o personas que reciben pensión.
"Tenemos muchos adultos mayores que siguen trabajando después de de la edad de jubilación y es un número muy alto en Perú y los que reciben pensión tiene un margen mínimo que les permita condiciones de subsistencia“, sostuvo Cruzado.
Aunque a nivel nacional, en pensiones se ve una relativa mejoría en términos de cobertura, esta es muy poco significativa. Los índices son relativamente altos en la costa, pero débiles en los Andes.
De hecho, el peor resultado lo reporta Huancavelica, con un puntaje de 0, el cual no ha cambiado en los últimos cinco años. Cabe añadir que, en esta región también se tiene el peor resultado de empleo, con 0 puntos desde el 2019.









