Más de 200 funcionarios públicos fueron despedidos por no contar con requisitos mínimos

Cerca de 220 funcionarios públicos han sido desvinculados de la función pública por falta de idoneidad, entre los que se encuentran seis viceministros y tres secretarios generales, en aplicación de la Ley 31419 -emitida este año- la que establece los requisitos mínimos para cargos de confianza en el Estado, informó la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

“El último estudio que hicimos (desde Servir) reveló que -por ejemplo- los secretarios generales en los ministerios duraban 7 meses, en promedio, cuando la curva de aprendizaje es de 4 y 6 meses. Con estos resultados es bien complicada la continuidad de políticas públicas”, detalló su presidenta ejecutiva, Janeyri Boyer Carrera.

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A esta situación se añade la brecha de conocimiento de más 35% de directivos públicos, siendo el principal problema su desconocimiento sobre cómo funciona el sistema administrativo del Estado. “También encontramos un déficit de competencia de los directivos públicos, como la falta de liderazgo”, agregó.

Así contó que tras un operativo “inédito” para determinar la idoneidad de los funcionarios de cargo de confianza a nivel nacional, en cumplimiento de la Ley 31419, se tuvo como resultado la desvinculación de 220 servidores públicos en los tres niveles de gobierno nacional, regional y local.

“Incluso (entre el personal desvinculado) encontramos a seis viceministros y tres secretarios generales. Lo que estamos evidenciando es que -ahora- los jefes de recursos humanos de las diversas entidades del Estado están siendo escuchados y se está respetando su criterio técnico”, argumentó durante su presentación en la Comisión de Descentralización.

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La Ley 31419 -comentó- está ayudando a imponer rectoría en las instituciones públicas. La norma establece restricciones y requisitos, así como impedimentos para nombrar a funcionarios de libre designación y remoción que fue aprobada por el pleno del Congreso.

-Burocracia retrasa el tránsito a Servir-

El tránsito hacia el servicio civil es el camino para mejorar los servicios públicos y contar un sistema de gobernanza respetable, pese a que existen 40 proyectos de ley que buscan limitarlo y que la ponen “en riesgo de muerte”, comentó.

En esa línea, Boyer Carrera dijo que hay cerca de medio millón de servidores públicos que aún no han sido incorporados al régimen Servir lo que “es preocupante”.

“Lo que encontramos -en enero 2021- fue un procedimiento sumamente extenso para que las entidades pasen al servicio civil. Hicimos un esfuerzo de simplificación hacia marzo 2021. No obstante, lo que encontramos -ahora- es que la simplificación no da para más. Por más que simplifiquen los pasos, el proceso de tránsito está tardando 967 días (poco más de dos años y medio). Lo que es demasiado”, subrayó.

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Esta situación se debe a que existen muchas “barreras burocráticas” que no solo están en manos de Servir sino del MEF que habilita el presupuesto.

“Cuando se ha hecho supervisión en regiones, lo que encontramos es que la realidad de las oficinas de recursos humanos de las entidades del Estado puede ser bien compleja. Por ejemplo, cuando solicitamos el legajo de un directivo es de apenas una hoja. La organización interna de las entidades públicas suele ser bastante caótica y eso es por la falta de un ente rector. Esta realidad es compleja de revertir en poco tiempo”, afirmó.

Ante ello, dijo que se ha remitido un MEF una propuesta para el tránsito acelerado a Servir, ya que se -dijo- se hace urgente atender la demanda de los funcionarios públicos que piden mejores condiciones.

“Si hay interés de los servidores públicos, por lo que necesitamos activar concursos más masivos. Por lo que necesitamos claridad de que se va a respetar el mérito, para que se promueva una carrera pública”, apuntó.

La propuesta planteada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) busca tener una participación “muy cercana” con las entidades públicas, argumentó.

“Se apunta también a una mejor planificación, sostenibilidad y apostando por concursos en la que se habiliten posiciones de carrera, es decir, analistas o especialistas, de las personas que se encargan de promover o empujar que las políticas públicas tengan sostenibilidad. Además, los plazos se acotan y se hace crucial la participación del MEF para poder aprobar el instrumento final en que se encuentra la habilitación presupuestal”, explicó.

Desde Servir -anotó- se está apuntando para tener un modelo acabado de incentivos y concursos por niveles en el primer trimestre de 2023. La funcionaria detalló -además- que en una primera fase (de la propuesta planteada) se va a priorizar 48 entidades, de las cuales 10 entidades se encuentran relacionadas con el cierre de brechas.

“Estamos necesitando un presupuesto de S/ 80 millones y es crucial que este presupuesto pueda ser directamente transferido a Servir o a las entidades, ya que no funcionado que las entidades públicas trabajen con sus saldos. Es complicado y retrasa el pase al servicio civil”, puntualizó.