El Perú vive sus momentos de más alta criminalidad en su historia y con una expansión que no encuentra freno. Ante la falta de medidas efectivas del Gobierno, el Congreso de la República y otras autoridades, el sector empresarial se percibe abandonado y, a su vez, obligado a tomar acciones en búsqueda de su propio resguardo. Los costos son significativos para ellos y la economía del país.
Una de estas medidas es la adquisición de herramientas, como las cámaras de vigilancia, para tratar de mitigar el nivel de vulnerabilidad. Gestión identificó que el dinamismo de este rubro presenta una fuerte tendencia ascendente, como respuesta a la curva creciente de la extorsión.
Como se informó recientemente, septiembre cerró registrando el mayor ritmo de crecimiento de las denuncias por extorsión en 17 meses, con casi 20% anual. Esto determinó que el promedio de estas denuncias, en el último año móvil, fue de 73.3 diarias.
Extorsión en niveles récord marcará la agenda de José Jerí: cifras y costos del crimen
Importación de cámaras
Miguel (nombre usado para reservar la identidad de un pequeño empresario) tiene una librería puerta a calle desde hace 25 años en un distrito de Lima Este, cuyo ámbito comercial fue expandiéndose conforme pasaron los lustros. Hace poco más de un año, cuenta que decidió comprar una cámara de vigilancia para el exterior de su negocio ante el aumento de la percepción de inseguridad. Con ello, desde su celular puede revisar los movimientos alrededores.
“Existe temor porque ya hay negocios cercanos a los que les cobran cupo [extorsión]. Hoy, felizmente, no es mi caso”, narra Miguel.
Esta situación, sin embargo, está lejos de ser aislada, lamentablemente. A partir de una base de datos proporcionada por Adex Data Trade, Gestión identificó que la importación de cámaras de vigilancia viene creciendo fuertemente. Entre enero y agosto de este año, se importaron más de 111,000 unidades de estas cámaras, lo que representó un incremento de 21.5% respecto al mismo lapso del 2024 y de 99.3% frente a los ocho primeros meses del 2023.
Durante todo el 2024, se importaron más de 159,000 unidades de estos productos y, a falta de registrar todo el último cuatrimestre del 2025, en este año ya se avanzó el 70% de ese total, sin considerar que los últimos meses se registran las cifras más voluminosas.
Otro dato analizado por este diario que ayuda a dimensionar la amplia demanda de este mercado es que, en el 2023, el promedio mensual de unidades importadas fue 7,134. Para el 2024, la cifra subió 85% (hasta los 13,260 mensual) y, solo hasta agosto último, el promedio es de 95% más que hace dos años, bordeando los 14,000 cada mes. En junio de este año fue cuando se registró la mayor importación, al menos, desde el 2023, con casi 27,000 productos recepcionados.
Las marcas de estos productos son diversas, entre las que destacan Hikvision, Cisco, Huawei, Bosch. Otros nombres que aparecen son Axis, Dahua, Avigilion, Vivotek, Pelco y más, se recopiló para este análisis.
Hikvision expande presencia en Perú con tecnología avanzada frente a ola de inseguridad
Así, cabe recordar que, Alex Huambachano, director de Canales de Hikvisioon Perú, mencionó a Gestión que las líneas asociadas a nuevas tecnologías dentro de su rubro de seguridad electrónica terminó el 2024 con un crecimiento de entre 25% y 30%. En este punto, detalló que la adopción de cámaras “Smart” se elevó de un 19% a un 43%.
Los expertos consultados para coincidieron en que el crecimiento en la importación de estas cámaras son una evidencia más del avance campante de la criminalidad y que, ante la ineficiencia de la seguridad pública, son los privados que debe asumir estos costos, afectando su desarrollo y de la economía.
“Las cámaras de vigilancia no evitan las extorsiones en estos negocios, pero sirven para disuadir el comportamiento de los criminales. Esto lo vemos en los negocios de distritos consolidados”, señaló Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú (MUP).
“El sector privado invierte cada vez más en su seguridad porque la pública no ofrece las garantías. Con el crecimiento de estas importaciones, se tiene una evidencia más”, agregó Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología.
El riesgo de que las autoridades del país ignoren esta situación es criminal. Hermoza indicó que, a nivel nacional, existen alrededor de 850,000 negocios puerta a calle: librerías, restaurantes, peluquerías, farmacias independientes, panaderías y, las más frecuentes, las bodegas.
Mayor costo para los vulnerables
Sin embargo, no todos cuentan con los recursos para tener esta opción de disuadir a las extorsiones, una de la economías ilegales que más se asentó. Miguel, por ejemplo, contó que adquirir su sistema de cámara de vigilancia le costó S/ 200 aproximadamente. Pero a esto se suma contar con un celular inteligente y una red de Internet con wifi. Hermoza mencionó que los estimados de que los negocios asuman este costo bordea los S/ 700.
“Esta alternativa no llega a todos los sectores. En el caso de las bodegas, para las de subsistencia, cuyos ingresos son de S/ 400 mensuales, no alcanza simplemente. Para las consolidadas de barrio, adquirirla representa cerca del 10% del negocio o los ingresos de todo un mes. Esto significa que sacrifican sus utilidades y otras no quieren crecer por miedo”, explicó Hermoza.
A su turno, Zevallos mencionó que, al 2022, se calculó que el sector privado gastaba alrededor de S/ 12,000 millones en medidas contra la inseguridad. Pero esta cifra estaría subestimada, por lo que algunos negocios acceden a pagar las extorsiones.
Con este escenario, el presidente de MUP añadió que la cifra de mortandad empresarial a causa de la extorsión también viene creciendo. Si bien en 2022 se ubicada en un 2%, se estima que para este año alcance un 12%.
“Tenemos asociadas que abandona sus negocios, incluso, con inventarios llenos. No se soporta la extorsión. El costo que no se ve es que estos negocios permiten el desarrollo de cientos de familias. Con un universo de 850,000 Mypes, se calcula que hay más de 2.5 millones de puestos de trabajos en peligro”, sostuvo.
Zevallos agregó que también se afecta el desarrollo de los negocios porque la criminalidad genera cambios conductuales, como dejar de salir de noche o que los negocios cierren más temprano.
“Son prácticas sociales que parecen menudas, pero pagan las cuentas”, indicó.
Complemento
Para Hermoza, esta tendencia de incremento de cámaras de seguridad también se extiende hacia los hogares, con lo que al conformarse esta red se le brinda apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la identificación del perfil de los delincuentes. Pero las acciones no debe quedar allí.
“Se puede obtener un patrón de la criminalidad, pero se necesita más que solo las cámaras. Es un tema que debe complementarse. Con este incremento de cámaras, el Gobierno debe ponerse a trabajar para que sea útil y no actuar solo post muertes”, refirió.
La herencia que deja César Acuña: las extorsiones y homicidios se disparan en La Libertad
En la perspectiva de Zevallos, la implementación de cámaras de vigilancia resulta útil, pero debe considerarse que la delincuencia encuentra nuevas formas de atacar.
“La cámara es un disuasor frente a un asalto, pero es limitado contra una ráfaga de disparos, por ejemplo. El crimen busca nuevos medios. Siempre se va a requerir que el Estado asuma su responsabilidad porque, de lo contrario, lo carga el ámbito privado”, refirió.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
