(Foto: Sunafil)
(Foto: Sunafil)

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) publicó el Protocolo de Fiscalización para la Contratación de Trabajadores Extranjeros.

Al respecto, Juan Carlos Valera, asociado senior del Estudio Olaechea, comentó que este protocolo es la versión final del proyecto publicado el mes pasado.

Valera, explicó que el Protocolo publicado da mayores alcances de las disposiciones establecidas en el Proyecto publicado en el mes de junio, al establecerse la forma de realizar la verificación del cumplimiento, por parte de los empleadores, en materia de contratación de personal extranjero.

Opinó que el protocolo ayudará a combatir la informalidad laboral que se viene dando al momento de contratar personal extranjero y que afecta a varios trabajadores en el país; generándose así un “sub empleo”.

Fiscalización a trabajadores extranjeros

Resaltó que el protocolo eliminó el capítulo incluido en el proyecto el cual era respecto a la verificación de contratación de trabajadores de nacionalidad venezolana, con Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario – Provisional (APTE-P) o Permiso Temporal de Permanencia (PTP). 

Y, que si bien no se requiere la verificación de aprobación de contrato de trabajo por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, si se seguirán las mismas reglas establecidas en el Protocolo a efectos de verificar el cumplimiento a los porcentajes limitativos al momento de la contratación del personal extranjero.

Es decir, no superar el 20% del total de empleados y obreros y 30% del total de la planilla y sueldos.

Asimismo, indicó que se hace especial énfasis en la contratación de personal extranjero con la calidad de refugiado, indicándose que para que un extranjero con dicha calidad pueda trabajar temporalmente en el país se requiere el documento expedido por la Comisión Especial para los Refugiados que acredite que la solicitud de refugio está en trámite.

No se contempla a los refugiados que tienen cónyuge de nacionalidad peruana, padres, hijos o hermanos peruanos y ha cumplido dos años de residencia en el país.

Los empleadores deben tener en cuenta que no deben contratar personal extranjero fuera de los márgenes de la ley, actualmente, para iniciar la contratación de un personal de nacionalidad extranjera se debe presentar el contrato a la Autoridad Administrativa de Trabajo, siendo la aprobación del mismo de forma automática

Además se deberá presentar una Declaración Jurada donde se señale que la contratación del personal extranjero cumple las condiciones establecidas por esta ley y cuenta con la capacitación o experiencia laboral requerida (esto se mantendrá hasta que se cree un sistema virtual por el cual se podrán ingresar los contratos), mientras que la documentos que acrediten el cumplimiento de porcentajes limitativos o de exoneración del mismo deben estar a la mano ante una eventual fiscalización por parte de Sunafil.

Las inspecciones de Sunafil podrán ocurrir en cualquier momento y de no cumplir las disposiciones establecidas en el Protocolo se estarían cometiendo infracciones las cuales va a devenir en multas en perjuicio de la empresa, alertó el laboralista.

La opción debe ser por la formalización

Por su parte, Percy Alache, director del Área Laboral de PwC Perú, comentó que este protocolo debe servir para continuar con la formalización promovida por el Estado.

A los problemas conocidos de la migración venezolana, existen trabajadores extranjeros en provincias indebidamente contratados, que no tienen documentación en regla (información insuficiente o falsa) e incluso, reciben pagos antes de obtener la visa o pagos fuera de planilla.

Estos trabajadores son de diversas nacionalidades e incluso de países que no tienen convenios con el Perú. En su mayoría laboran en empresas de construcción, minería, agroindustria y comercio (ello incluye a empresas contratistas).

Por lo tanto, la fiscalización debe ser conjunta y sistematizada, porque si bien Sunafil tiene mayor presencia nacional, Migraciones no aún tiene ese logística y sigue siendo la sede de Lima la que centraliza la labor de fiscalización.