La semana pasada el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley N° 5408/2020-CR, nueva ley del teletrabajo, en reemplazo de la actual ley del teletrabajo promulgada en el 2013.
Al respecto, analistas consultados por Gestión.pe destacaron que la posible nueva ley del teletrabajo -el proyecto está pendiente de ser enviado al Ejecutivo para su promulgación u observación- flexibiliza el actual régimen del teletrabajo, el cual no tuvo la acogida, y lo asemeja al régimen temporal del trabajo remoto, el cual tiene vigencia hasta el 31 de julio de este año.
No obstante, hay un aspecto que elevará los costos de implementación del teletrabajo, por lo que podría desincentivar su uso sobre todo en las pequeñas empresas, indicó el laboralista Renzo Gotelli, docente de la UPN.
El proyecto de ley establece que en caso el trabajador proporcione los equipos y servicio de Internet para sus labores, deberá recibir una compensación de parte del trabajador.
Gotelli refirió que esta es una diferencia importante con el actual sistema del trabajo remoto, donde el empleador asume estos costos de forma voluntaria.
“Ahora se está colocando como obligación, será una diferencia relevante. Para las empresas grandes quizá este costo no afecte tanto, pero para las pequeñas este costo podría representar más (respecto a sus ingresos) por lo que en algunos casos van a preferir que se retorne a la presencialidad”, indicó.
Respecto a este tema, el abogado laboralista César Puntriano refirió que la nueva ley mantendría la obligación fijada en la actual legislación del teletrabajo.
“Ese fue uno de los puntos más flexibles del trabajo remoto. El ahorro para el empleador ha sido un incentivo para implementar el trabajo remoto”, indicó.
Asimismo, en el proyecto de ley aprobado se establece que en el caso de las entidades del sector público, éstas no compensarán al trabajador en caso proporcione equipos y servicio de Internet. “Esto es una de discriminación y tratamiento privilegiado para el sector público sin fundamento”, refirió Puntriano.
Por su parte Gotelli estimó que el Congreso incluyó esa disposición para el sector público con el objetivo de no generar gasto al Estado y evitar el riesgo de que la ley sea declarada inconstitucional.
La norma establece que será el Ejecutivo el que reglamente la ley en un plazo máximo de 90 días tras su promulgación.
Gotelli refiere que en el reglamento se pueden hacer precisiones sobre la compensación que realizará empleador, donde se podrían dar algunas flexibilidades. “Se establecerá la forma de cálculo de la compensación, donde quizá se podrían fijar topes a los costos”, anotó.
Por otro lado, Puntriano destacó que entre las similitudes del proyecto de ley del teletrabajo y el actual trabajo remoto se señala que esta modalidad se puede establecer unilateralmente por el empleador, además de remarcar el derecho a la desconexión digital.
Si se promulga la nueva ley del teletrabajo, esa sería una señal de que la modalidad del trabajo remoto ya no será ampliada, estimó Gotelli.
En esa línea, el proyecto de ley establece que los actuales teletrabajadores y quienes laboran bajo trabajo remoto, tendrán un periodo de adecuación al nuevo régimen de hasta 60 días desde publicado el reglamento.
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