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El Consejo Fiscal expresó su preocupación por la insistencia del Congreso en la aprobación de leyes que incrementan el gasto público, lo cual indica vulnera flagrantemente lo establecido en la Constitución, que establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto.
Refirió que en esta categoría recae la recientemente promulgada, Ley N° 31131, que establece la eliminación gradual del régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y el paso de sus trabajadores a los regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 276 y el del Decreto Legislativo N° 728.
Según cálculos realizados por el Poder Ejecutivo, la implementación de esta norma, que fue observada en su momento, incrementaría de manera permanente el gasto público en más de S/ 4,200 millones anuales (aproximadamente 0,5 puntos porcentuales del PBI), incrementando en más de 30% el costo asociado a la contratación de aproximadamente 324,000 empleados públicos.
“Esta iniciativa legislativa, al igual que otras que se han promulgado en el último año, contraviene la Constitución pues ignora los principios en materia presupuestaria previstos”, señaló el Consejo Fiscal.
Agregó que en particular la norma transgrede: i) la prohibición del Congreso para crear o aumentar el gasto público (artículo 79), ii) el principio de equilibrio presupuestario (artículo 78), y iii) la competencia del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública (artículo 118).
“Si bien el Tribunal Constitucional está corrigiendo estas iniciativas legislativas ante los reclamos del Poder Ejecutivo, tal como tendría que ocurrir en esta ocasión, el actuar del Congreso está generando pésimos precedentes sobre la calidad de las normas que expide, además de expectativas que después de algunos meses quedan insatisfechas”, sostuvo.
“En particular, en este tema se combina la necesidad de dar el mismo marco de protección social a todos los trabajadores, con la necesidad de que sea la meritocracia el elemento central en la construcción de un servicio civil, todo ello respetando, por un sentido de prudencia, los límites presupuestales. En este caso en particular, la Ley N° 31131 se opone a la reforma del servicio civil que busca ordenar la gestión de recursos humanos en el sector público determinada por la Ley N° 30057″, subrayó el Consejo Fiscal.
“Dado que la incorporación de los trabajadores CAS a las planillas permanentes de las entidades públicas se realizaría de manera automática, no se considerarían las necesidades reales de recursos humanos permanentes en la administración pública, lo cual sí está contemplado en el cuadro de puestos de la entidad (CPE) del régimen de la ley 30057 del servicio civil”, remarcó.
Finalmente, el Consejo Fiscal recordó que la aprobación de esta norma se suma a otras que tienen efectos perniciosos sobre el manejo de la planilla pública y la sostenibilidad fiscal, puesto que podrían generar aumentos en los niveles de endeudamiento y sobre el costo de financiamiento para el sector público.