Gobierno da marcha atrás en el CAS y prolongarán su vigencia hasta 2022

Y es que la Ley 31131 no solo prohibió la contratación de personal CAS, sino que les dio carácter indefinido a quienes ya estaban contratados bajo esa modalidad e indicó que paulatinamente deberían pasar al régimen 728 (de la actividad privada en el Estado) o al 276 ( de la carrera pública tradicional).

Tras ello, el gobierno del entonces presidente de la República, Francisco Sagasti, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dicha norma, pues afecta la política laboral y de servicio civil del Estado.

Sin embargo, el actual gobierno de Pedro Castillo dijo que sí estaba de acuerdo con la ley e incluso presentaron una solicitud al TC para retirar la demanda realizada en la administración anterior, la cual fue rechazada por la entidad constitucional.

Extensión de contratos

Pese a que el Gobierno manifestó estar a favor de mantener la ley que elimina el CAS, en la iniciativa de la ley de presupuesto que se discute en el Congreso, se busca permitir la extensión de estos contratos durante el 2022.

Es decir, todos los trabajadores que actualmente tienen contrato CAS pero no tienen la condiciones de “permanentes”, podrán renovar sus contratos con este mismo régimen hasta el 31 de diciembre del 2022.

“Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones”, señala.

También se permite contratar vía CAS en casos de reemplazo y suplencia de trabajadores (Gestión 22.11.21).

Contratos por terceros

Otra modalidad de contratación que se prohibió en el Estado, desde el mes de julio, es la de locación de servicios, también conocida como contratos por terceros.

Este tipo de contrato es considerado por Servir como uno de los que informaliza a los empleados públicos, pues no otorga ningún beneficio social a los más de 170,000 trabajadores que laboran en esta condición.

Pero el Gobierno también en el proyecto de la ley de presupuesto incluyó un artículo que permite que durante el próximo año las entidades continúen contratando vía locación de servicios.

“Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2022 lo establecido en la Ley 31298, ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada”, señala el texto propuesto por el Gobierno al Parlamento.

Ayer se inició el debate del dictamen de la ley de presupuesto público del 2022, que asciende a más de S/ 197,000 millones. Entre los gastos destaca el fuerte incremento del pago de la deuda (ver gráficos).

Gobiernos regionales tendrán más recursos

Una de las modificaciones realizadas por el Congreso para que los gobiernos regionales tengan mayor presupuesto el 2022, fue en el Fondo de Compensación Regional (Foncor).

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo establecía que los recursos del Foncor para el próximo año sean de unos S/ 3,151 millones, tomando en cuenta de que estos se obtienen del 1% de la recaudación del IGV en el país, establecida en la Ley 31069 publicada en noviembre del 2020.

Sin embargo, la Comisión de Presupuesto decidió modificar este porcentaje en la Ley de Equilibrio Financiero, y ahora el Foncor se financiará con el 1.5% del IGV recaudado, es decir, la cifra del fondo sube a S/ 4,727 millones.

La comisión realizó 40 modificaciones al proyecto inicial enviado por el Poder Ejecutivo, 31 de ellos a pedido de congresistas.