En medio de una desaceleración de la economía peruana, las empresas enfrentan grandes preocupaciones en el entorno para la gestión laboral. Así lo señaló el estudio de “La gran empresa como motor del empleo: retos y propuestas”, elaborado por la Asesoría Centrada en Personas y Negocios (AxPEN).
Según el informe -que está bajo la nueva marca de alianza de Apoyo Consultoría y el Estudio de Vinatea & Toyama- las dos principales preocupaciones de la mayoría de los gerentes de recursos humanos son la regulación laboral que ejerce una mayor presión sobre el empleador; es decir, nuevas leyes laborales (59%) y los nuevos criterios judiciales laborales o de Sunafil (56%).
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También se encuentra las presiones de incrementos salariales por el alto costo de vida (47%), el impacto del fenómeno El Niño (42%), presiones de dirigentes sindicales (37%) y crisis política y conflictividad social (31%).
“Esta es la nueva tendencia que está por encima de lo tributario, consumo y otros. Incluso, a diferencia de la encuesta del año pasado, que fue en el Gobierno de Pedro Castillo, la percepción del temor a la legislación laboral ahora es más alta”, sostuvo el abogado Jorge Toyama.
¿Qué impacta más?
De acuerdo con el informe, lo que impacta más al gran empleador es la reposición laboral como regla ante el despido y las limitaciones a la contratación temporal mayores a la establecida por la ley.
Además, la prohibición de tercerización en actividades nucleares, mayores costos no salariales, responsabilidad automática por accidente de trabajo, más feriados, licencias y permisos laborales, entre otros. “En promedio, la regulación se inclina más hacia el gran empleador”, acotó Toyama.
¿Dónde fiscaliza más el Estado?
Toyama señaló que las regiones donde mayor informalidad existe son las que menos inspecciones tienen por parte del Estado. Entre ellas se encuentran: Cajamarca, Huancavelica, Puno, Ayacucho, Amazonas y otras.
“Los que tienen un “poquito” de formalidad son las más inspeccionadas, como Arequipa, Ica y Lima, Moquegua. Como es evidente, el Estado debe concentrarse en los que trabajan, pero no están en planilla”, aseguró.
¿Qué debe hacer la gran empresa?
Para Toyama, la gran empresa debe contar con un equipo de expertos que conecte al negocio con la gestión de personas. Explicó que la alta dirección de la organización debe conocer el negocio y el impacto que ejerce la regulación laboral sobre el sector, a fin de diseñar estrategias que mitiguen la presión regulatoria. Recomendó dotar a la organización de herramientas para la gestión de riesgos.
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Por su parte, José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, manifestó que se debe impulsar y respetar el diálogo tripartito (Gobierno, empleadores y trabajadores) en la aprobación de cambios a la regulación laboral.
En esa línea, el economista pidió que se retome el diálogo el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y retrocedan en cambios normativos que fueron aprobados de manera arbitraria, “como la limitación a la tercerización y los cambios a la ley de negociaciones colectivas que generan desbalances de poder”.
“Esto, con la finalidad de lograr consensos entre trabajadores, empleadores y el Gobierno para evitar aprobar normas que desincentiven la contratación formal”, apuntó.
También, habló de impulsar cambios que hagan más flexible la regulación laboral (facilitar procesos de contratación y despido, brindar facilidades para contratos temporales, reducir costos no salariales), de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
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