Un 87.5% de los trabajadores formales (un millón cincuenta mil) del Perú estaría trabajando en empresas tercerizadoras, según reveló la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal (AETT) (ver gráfico).
De acuerdo con el presidente de la AETT, Óscar Núñez, la reciente aprobación del Decreto Supremo 001-2022, que prohíbe el uso de la tercerización para cubrir puestos nucleares pone en riesgo a la totalidad de dichos trabajadores, quienes, señala, podrían perder su empleo como consecuencia de la vaguedad de la norma en definir el “núcleo” del negocio.
“Esa norma es un campo minado y tiende hacía la desaparición de la tercerización. La diferencia entre nuclear y principal no es clara y consideramos que todo se puede clasificar como nuclear. Nosotros ya prevemos que impacte en todos nuestros asociados, lo cual terminaría afectando a más de 700,000 personas, sin contar las empresas y trabajadores que no forman parte de la AETT”, indicó el presidente.
Afectados
Núñez agregó que, según la data de la AETT, alrededor del 85% de las empresas del país utilizan servicios de tercerización, por lo que el impacto de la norma llegaría a todo el Perú.
Según indica la Asociación, el 53% de empresas que utilizan este tipo de contratos se encuentran en el rubro de la minería y en construcción, por lo que serían los más impactados por la medida que cobra vigencia en agosto.
Por otro lado, un 35% opera en los sectores de petróleo, retail y consumo.
Finalmente, un 12% se encuentra en el sector de agricultura, manufactura, comercio y otros.
Según Núñez, la norma “paralizará por completo al país” o llevará a que se recurra al mercado informal, como vienen advirtiendo los expertos.
Agrega que, en el peor de los casos, se podría ver un caso como el de México hace unos años, en el que el empleo formal se redujo en un 80%, según sus cálculos.
Reacción
En ese sentido, Núñez indicó a Gestión que ya se presentó una acción popular contra la norma, pidiendo su derogación, así como una demanda de barrera burocrática ilegal ante el Indecopi, buscando su inaplicación.
“Hemos enviado escritos con nuestros puntos de vista a la Comisión de Trabajo del Congreso para que puedan hacer algo al respecto, pero hasta ahora no nos responden. Hemos hecho lo mismo con el mismo Ministerio de Trabajo y otros ministerios”, agregó el presidente de la AETT.
Núñez agrega que se está conversando con la OIT para ver acciones adicionales a tomar.
Cabe indicar que Ernesto Aguinaga, el antiguo director de la Dirección General de Trabajo del MTPE, quien, según indican fuentes de Gestión, ideó el Decreto Supremo 001-2022, renunció el pasado 14 de abril.
Empresas a la espera de cambio
Planes. Según explica María Haydee Zegarra, socia del estudio Rebaza, la mayoría de empresas aún no ha decidido implementar ninguno de los planes previstos para enfrentar la entrada en vigencia del Decreto Supremo 001-2022. Agrega, además, que se están considerando varias opciones que no necesariamente llevarían al despido de los trabajadores, como asignarles tareas que no involucren desplazamiento.