El último lunes 10 de enero la concesionaria Angostura Siguas, parte del Grupo Cobra de España, envió una misiva tanto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como al Gobierno Regional de Arequipa para iniciar el proceso de resolución del contrato del proyecto de irrigación Majes Siguas II, que ya lleva paralizada 5 años.
Ante ello -en diálogo con Gestión- el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), que depende de Gobierno Regional de Arequipa, Arturo Arroyo, adelantó que este viernes 21 de enero se le remitirá una carta a la empresa en la que se refuta las cuatro causales expuestas para terminar el contrato.
Agregó que de manera extraoficial se le ha pedido a la empresa “más tiempo” -hasta el 15 de febrero- para concretar la aprobación de la adenda 13 (una de las causales esbozadas) que depende principalmente del Consejo Regional de Arequipa y que ya cuenta con el visto bueno del MEF, ProInversión y Contraloría.
“Este viernes 21 de enero se estará enviando una carta a la concesionaria en la que respondemos a cada una de las causales de caducidad que expone en base al contrato de concesión suscrito”, comentó.
-La respuesta de Autodema a Cobra-
Estas son las cuatro causales planteadas por el Grupo Cobra y la respuesta desde Autodema:
1.- La primera causal que esboza el concesionario de Majes Siguas II está relacionado con que “el concedente (Gore Arequipa) no ha cumplido con la entrega del control del proyecto”.
Al respecto desde Autodema se explica que este punto está relacionado con cuatro predios: específicamente a los terrenos de la zona de Tarucamarca; de Pusa Pusa así como los terrenos que están al borde del río Siguas que van a servir para la construcción de unos accesos a la bocatoma de Lluclla y otro terreno en las Pampas de Siguas (38,500 ha).
Sobre Tarucamarca dijo que estos son unos terrenos en las que ya se ejecutaron algunas obras como vías de acceso (alrededor de 34 kilómetros de vías) pero que -actualmente- está pendiente por parte del concedente la renovación de 14 convenios individuales para el uso de estos predios, a fin de evitar futuros conflictos sociales.
Respecto a la parcela No. 7 en Pusa Pusa detalló que en diciembre 2021 se terminó de sanear y que incluso ya fue inscrita en registros públicos a nombre de Autodema. “No es cierto que no se tenga a disposición este predio”.
Comentó que con los terrenos que están al borde (margen derecho) del río Siguas “existen problemas” debido a que hace 30 años el Gore Arequipa hizo una permuta con los propietarios de estos terrenos (cerca de 16) para intercambiar sus predios por otros en la zona de Majes Pedregal. Sin embargo, el concedente no llegó a tomar posesión ni los inscribió. Ante ellos los dueños y herederos lo han inscritos en registros públicos, por lo que estos terrenos no se pueden disponer.
“Teníamos como propuesta alternativa presentar al ANA un proyecto para el uso de la faja marginal para que a través de esta se pueda construir -con su autorización- las vías de acceso a la bocatoma de Lluclla. No obstante, el ANA pide que se presente unos expediente técnicos indicando cómo se va hacer el acceso; qué área de la faja marginal se va usar; qué tipo de proyectos se va a presentar; entre otros. Si bien la concesionaria ha presentado todo ello, este ha sido observado por el supervisor especializado. Por lo que esta alternativa esta trabada. La otra opción es volver a comprar esos terrenos, pero aún no tenemos un informe legal si es que podamos volverlo a comprar. La otra alternativa es cambiar de trazo para que sea por el margen izquierdo del río Siguas. Está propuesta ya fue planteado al concesionario, sin embargo no ha querido aceptar esta opción, lo que implica que tampoco está dando una salida”, puntualizó.
Por último la derivación Lluclla Siguas, está disponible para entregar excepto un área donde se ubica la cantera de Pampas Bayas ya que está judicializado, por lo que el concesionario debe analizar su reubicación.
2.- La segunda causal esbozada es que “concedente no ha cumplido con entregar las garantías soberanas para el financiamiento del proyecto”. Sobre el particular, desde Autodema se indica que la concesionaria lo que demanda es que el Gobierno garantice -a través de una garantía soberana (16 pagos de US$ 31 millones)- el RIA y el RPI para eso desde Autodema -alega- se han hecho las gestiones en el MEF.
“Está en manos del MEF, prácticamente escapa de nuestra responsabilidad”, detalló.
3.- La tercera causal está referido a que el “concedente no ha cumplido con entregar el instrumento de gestión ambiental (PAMA) de la presa Condoroma, a fin de habilitar las obras en dicha presa”.
Desde Autodema se indica que de acuerdo al contrato de concesión, el concesionario tiene que reparar/reconstruir el aliviadero de Condoroma para eso tenía la obligación de elaborar los estudios ambientales para tener la autorización de la refacción del Ministerio de Agricultura, pero está se observó, indicando que el estudio no puede ser únicamente para el aliviadero sino para toda la presa.
Ante ello, el concesionario dijo que no era posible hacer el PAMA para una reconstrucción por lo que el Gore Arequipa se comprometió hacerlo.
“Se encargó los estudios (ambientales) en marzo 2020, pero por la pandemia se paralizó. En diciembre 2021 se nos entregó y este mes se estará presentando. Según el contrato nosotros no teníamos la obligación de hacerlo, por el contrario fue un compromiso que se asumió”, remarcó.
4.- La cuarta causal (que es nueva) es la demora en la aprobación de la adenda 13 para el cambio tecnológico -que genera un aumentó adicional de US$ 104 millones al monto de inversión inicial- que es responsabilidad del Consejo Regional de Arequipa.
Al respecto, en Autodema se recuerda que en octubre del 2021 se entregó la adenda 13 al Consejo Regional para que debatan en el pleno si autorizan o no su firma. Incluso, el funcionario recuerda que en noviembre 2021 se hizo talleres de socialización y de trabajo con los consejeros regionales. No obstante, a enero 2022 el Consejo Regional aún no toma una decisión.
“Esta situación está perjudicando a la región. Si bien la gobernadora (Kimmerlee Gutiérrez Canahuire) sí tiene la disposición de firmarla, pero mientras el Consejo Regional no lo autorice, no podemos hacer nada”, agregó. Dice que se esbozó algunas “salidas” como que -por ejemplo- que el Gobierno Central autorice a la gobernadora -a través de un decreto supremo- la firma de la adenda sin que pase por el Consejo Regional, pero por un tema de jerarquías de normas esta opción se descartó.
-”Más tiempo”-
El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) agregó que extraoficialmente -a través del MEF- y en conversaciones con el concesionario se le ha pedido que no promueva la caducidad del contrato así como más tiempo a la espera de que el Consejo Regional autorice la firma de la adenda 13 de Majes Siguas II.
“Hemos conversado con el MEF y ellos nos han manifestado con nos van ayudar con el concesionario para pedirles que nos esperen hasta febrero -si se puede hasta el 15 de febrero- para que se apruebe la firma de la adenda 13 en el Consejo Regional”, comentó.
Recordó que si bien -en el marco de los contratos APP- hay un plazo de hasta 45 días para presentar una contrapropuesta a los incumplimientos que se atribuyen, en este caso este plazo ya se ha consumido debido a que el concesionario está retomando la caducidad planteada el 2021.
“Por lo que ya no hay plazos, pero según nuestros abogados las tres primeras causales ya se planteó el 2021. No obstante, el tema de la adenda sería una causal nueva por lo que correspondería los 30 más 15 días adicionales. Por lo tanto si el 10 de enero presentaron la carta para caducar el contrato, hasta el 25 de febrero se puede presentar soluciones para evitar la caducidad”, arguyó.
-Nota-
- Para Autodema si se resuelve el contrato de concesión implicaría un retraso adicional de hasta 5 años, debido a que el proyecto iría a un arbitraje que toma tiempo en resolverse a lo que se suma que se tendría que iniciar un nuevo proceso.
- “El costo de oportunidad sería altísimo ya que se dejaría de invertir los US$ 655 millones, que es el monto de inversión estimada en la adenda 13. A lo que suma que las concesionarias hidroeléctricas tampoco podrían invertir tampoco habría la nueva ciudad de Siguas, ni generación de empleo”, subrayó.