Luis Alberto Arias, economista. (Foto: GEC)
Luis Alberto Arias, economista. (Foto: GEC)

Un país tiene dos ejes de interacción para las decisiones a fin de impulsar la actividad económica, la política monetaria, cuyas directrices la lleva adelanta principalmente el Banco Central de Reserva, y la política fiscal cuya decisión fundamental pasa por el Ministerio de Economía (MEF). No quiere decir que son los únicos, pero son los actores principales.

El mes de marzo a mostrado el primer mes de impacto por el COVID-19, periodo en el que se inició el aislamiento social desde el 16 de dicho mes, con una caída de 16% según las cifras oficiales del INEI.

Lo que indica el MEF – según sus estimados preliminares- es que el PBI debería caer en alrededor de 40%. Las otras cifras que acompañan a este desempeño, es que solo en Lima hay más de 1.2 millones de personas sin trabajo en el primer trimestre móvil, de febrero, marzo y abril del 2020, respecto al mismo periodo del 2019.

En este marco, el economista Luis Alberto Arias, revela otro aspecto a considerar, y es que “el impacto de la política fiscal en la actividad económica de abril ha sido pequeño”.

“El gasto público no ha aumentado significativamente y la caída de ingresos es endógena (responde a menor actividad) o temporal (responde a prórroga de obligaciones)”, sostiene a través de su cuenta de Twitter.

En un análisis en el reporte de las operaciones del sector público no financiero, que emite el BCR se detalla que el resultado de las operaciones del sector público ha sido negativo en el mes de abril, “como se esperaba, en S/ 3,458 millones. El año pasado en el mismo mes tuvimos un superávit de S/ 3758 millones”.

“Los meses de abril suelen ser superavitarios porque se regulariza el Impuesto a la Renta. Este año esta se postergó”, recuerda el economista, quien también se desempeñó como vicepresidente del BCR y fue viceministro de Hacienda.

Menos ingresos

El resultado negativo, según detalla Arias Minaya, se explica por la caída de ingresos. “Estos disminuyeron respecto al año pasado en S/ 6,287 millones (-38.6%). A la disminución del impuesto a la renta por la prórroga de la regularización se añade la menor recaudación de IGV e ISC”.

En cambio, los gastos solo aumentaron S/ 546 millones (4.6%).

Ello se explica porque los mayores gastos por transferencias monetarias a las familias que determinaron un crecimiento del gasto corriente (24.3%), se compensaron con una caída de los gastos de capital (-69.3%).