Los riesgos externos (e internos) se acentúan

El Gobierno de Pedro Castillo ha desperdiciado los vientos de cola externos que lo han acompañado en sus primeros nueve meses de gestión. Aun cuando la elevada cotización de los metales de exportación condujo a un repunte en la recaudación tributaria y una sensación de falsa prosperidad, el pésimo manejo de la conflictividad social ha provocado que se interrumpa la quinta parte de la producción de cobre del país (con la paralización de Las Bambas y Cuajone) y se acentúe la pérdida de competitividad de la plaza peruana para la inversión extranjera. En lugar de promover la inversión, el Ejecutivo se ha propuesto ahuyentarla con una retórica incendiaria para desviar la atención sobre su desgobierno y opacidad.

Peor aún, la recuperación económica se podría estar descarrilando por un acelerado deterioro del entorno internacional, tal cual lo acaba de anunciar el Fondo Monetario Internacional (FMI). Más allá de pronosticar que el mundo se está desacelerando y la inflación no cederá en el corto plazo, el riesgo más complejo que advierte el FMI es que se gatille una convulsión social con implicancias impredecibles en países como el Perú, donde se calcula que hay seis millones de personas con hambre ante el encarecimiento de los alimentos y sin la adopción de medidas efectivas a la vista.

Las perspectivas sobre la recuperación económica mundial eran relativamente pesimistas a inicios de año debido al repunte inflacionario, las interrupciones en las cadenas globales de suministro, la aparición de nuevas variantes de la covid-19 y la lenta reactivación del mercado laboral. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha exacerbado la elevada incertidumbre sobre el panorama mundial. Además, las presiones inflacionarias podrían fortalecerse más de lo previsto y demandar respuestas de política económica más agresivas. En el último trimestre, el FMI ha recortado su proyección de crecimiento mundial de 4.4% a 3.6% para este año, señalando que los riesgos de nuevos recortes son significativos; uno podría ser que se dispare la cotización del crudo por la agudización de las sanciones contra Rusia. Por su parte, la inflación promedio en los países desarrollados sería 5.7%, mientras que en mercados emergentes y en desarrollo sería de 8.7%. En este contexto, hay dos riesgos que es preciso relevar al no contar con medidas de política que los puedan contrarrestar con efectividad.

Primero, la creciente posibilidad de estanflación en diversos países, esto es, tener elevados niveles de inflación coexistiendo con un estancamiento económico, como ocurrió en la década de los setenta con la crisis petrolera de entonces. Por un lado, los bancos centrales en los países industrializados se disponen a incrementar las tasas de interés para anclar las expectativas inflacionarias y evitar que la inflación importada se traslade a un incremento en los costos salariales en mercados laborales sobrecalentados (y sin aumentos en la productividad que los sustenten). En el caso de la Reserva Federal de los EE.UU. se anticipa que en los próximos 12 meses la tasa de referencia alcance 3%, un incremento de 250 puntos básicos para retornar la inflación a 3%.

Sin embargo, el endurecimiento de la política monetaria podría desacelerar a la demanda interna estadounidense, sin necesariamente reducir la inflación en la magnitud esperada (por la naturaleza del shock de oferta). Más aún, la decisión de retirar la enorme liquidez monetaria podría introducir inestabilidad financiera e inducir salidas abruptas de capital, especialmente en los países con mayores desequilibrios externos y mayores niveles de sobreendeudamiento soberano y corporativo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el impacto combinado de la guerra en Ucrania y el retiro de la liquidez internacional rebajaría el crecimiento de América Latina en al menos 1.5% en promedio en 2022-2024. Así, la región registraría nuevamente el crecimiento más bajo del mundo emergente, solo superando las golpeadas economías del Este de Europa que dependen de Rusia cuya economía estaría en una aguda recesión.

El segundo riesgo es una mayor desaceleración de China, cuyo crecimiento esperado se ha acortado a 4.4% en 2022, una de las tasas más bajas (exceptuando el 2020 durante el pico de la pandemia). Esto tendría ramificaciones en el crecimiento de países asiáticos y para países que proveen de materias primas a China, como es el caso del Perú. En las últimas semanas, se ha decretado el confinamiento de diversas ciudades en China debido al incremento de casos de covid-19 y la estrategia de tolerancia cero. Tal es el caso de la dramática congestión en el puerto de Shanghái, el de mayor tráfico de contenedores en el mundo, con la consiguiente disrupción de los costos logísticos (habiéndose incrementado los fletes diez veces en los últimos 24 meses) y el eventual incremento de los precios al consumidor ante las restricciones de oferta de bienes intermedios. Aun cuando se levanten las restricciones chinas y haya una gran disrupción en el comercio exterior para absorber toda la carga represada, se anticipa que persista una gran volatilidad en ese frente.

En lugar de encarar esta situación con el sentido de urgencia que corresponde, el Ejecutivo adopta medidas inefectivas para luchar contra la inflación, demoniza a la gran empresa y precariza el mercado laboral con políticas retrógradas y parcializadas. El Congreso, por su parte, aprovecha la coyuntura para avanzar con una agenda populista con objetivos mercantilistas o de capitalizar el apoyo popular de cara a los comicios regionales y locales. Tal es el caso del forado ocasionado por la devolución del Fonavi o la intención de continuar desangrando el ahorro previsional privado.

Ninguna reforma o política se ha propuesto para evitar el eventual estancamiento económico. Con un entorno externo benigno, la previsión de crecimiento del Perú se ubicaba entre 2% y 3% con una inflación que no cede. Sin embargo, los riesgos externos al alza, el cortoplacismo e incompetencia del Gobierno y la irresponsabilidad del Parlamento auguran un escenario peor.