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En los últimos meses, el Congreso ha aprobado polémicos proyectos que afectan las finanzas públicas, como la entrega de fondos de la ONP y el paso de trabajadores CAS a la planilla estatal.
Pero también ha tomado decisiones que afectan a la actividad privada. Por ejemplo, el fin del cobro de algunos peajes, que aunque luego fue declarada inconstitucional, previamente generó un pronunciamiento de varias embajadas de países europeos señalando que ello alejaría las expectativas de inversión en el país, debido a la inseguridad jurídica.
Ahora el Congreso ha definido un nuevo régimen para el sector agrario y ya está en agenda un proyecto para limitar las tasas de interés de los créditos, medida sobre la cual el ministro de Economía, Waldo Mendoza, ya ha advertido que restringirá el crédito para ciertos segmentos de personas, los cuales se verán obligados a ir con usureros.
¿Cómo frenar esta ola de proyectos que ponen en riesgo a la economía peruana?
Para el economista, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Marcel Ramírez, si bien los proyectos del Congreso buscan resolver diversos problemas, hace falta un análisis técnico de las propuestas para conocer el impacto global de cualquier iniciativa legislativa.
Cabe recordar que un informe emitido por el Consejo Fiscal en noviembre señala que la mayoría de proyectos de ley del Congreso carece de un análisis de costo-beneficio o la evaluación que se hace resulta deficiente.
En esa línea, Ramírez propone que en el Congreso se constituya una oficina de asesoría técnica que obligatoriamente revise los costos y beneficios de los proyectos.
“Una oficina así existe en el Congreso de Estados Unidos y se puede seguir ese ejemplo. Así evitamos que los proyectos se aprueben sin un adecuado análisis técnico”, señaló.
En ello coincidió Jorge Guillén, profesor de finanzas de ESAN, quien refirió que otro ejemplo está en la reforma de pensiones que trabaja el Congreso, donde se plantearon algunas propuestas en la comisión encargada, pero sin hacer un cálculo técnico del impacto del cambio.
“Una oficina técnica ayudará a vislumbrar problemas en las propuestas y evitar medidas contraproducentes”, subrayó.
Acción preventiva
Los analistas refieren que otra tarea pendiente para evitar medidas que tengan impactos negativos desde el Congreso es que el Ejecutivo tenga mayor proactividad para mostrar los beneficios del sistema económico en cada sector, solucionando algunos problemas puntuales, pero sin esperar a que se desencadenen conflictos sociales.
“Cuando crece el conflicto ya es muy difícil negociar con esa presión. El Ejecutivo es el llamado a solucionar los problemas con anticipación, con propuestas viables y sostenibles”, remarcó Ramírez.
Por su parte Guillén agrega que para mejorar la comunicación entre el Ejecutivo, Legislativo, gremios empresariales y sindicatos, el ministro de Economía debería tener un perfil más político. “Para los viceministros sí se requiere un perfil más técnico”, anotó.