El aumento del caudal del río Rímac y Chillón, sumado a los peligros inminentes por lluvias intensas y peligros asociados, prendieron las alertas en algunos distritos de Lima, pero cuya afectación también tendría un impacto mayor en toda la capital.
“Hemos pedido que se declare en emergencia Lima Este, los distritos de Santa Eulalia, Chosica, Chaclacayo para contar con mayores recursos y contrarrestar, mitigar los daños del aumento del río y las lluvias intensas. El trabajo es clave porque las consecuencias de desbordes afectan más allá de estos distritos, por ejemplo, perjudicando el traslado y abastecimiento de mercados al tenerse dificultades en la carretera central”, señaló Oswaldo Vargas, alcalde de Lurigancho-Chosica, en diálogo con Gestión.
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Realizadas ya las alertas sobre la marcha de estos fenómenos, esta semana, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lideró una reunión multisectorial para implementar “un plan estratégico de intervención conjunta” en las cuencas de los ríos Chillón y Rímac, en Lima. Sobre esta extensión, se identificaron 44 puntos críticos: 34 en el río Rímac y 10 en el río Chillón. Además, se dispuso de maquinarias para efectuar labores de limpieza y descolmatación de las zonas vulnerables y las mallas dinámicas. También se acordó la distribución de atención de las cuencas y cuidado de puentes.
Sin embargo, en este contexto también es clave analizar la asignación de recursos que se brindó para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales en los últimos años, haciendo foco en los distritos más vulnerables exponencialmente.
Recursos para la prevención
En el 2024, el presupuesto de Lima destinado a obras públicas para atender este tipo de desastres ascendió a más de S/41.8 millones, más de cinco veces su presupuesto inicial. Este fue un valor similar a los S/39.7 millones que se terminaron asignando en el 2023, poco más del doble de su recursos de apertura. Según constató Gestión, en el 2024, la capacidad de gasto del presupuesto asignado fue de 87.7%, mientras que, en el 2023, un 67.7%.
Uno de los distritos que, al menos desde el 2021, recibió mayores recursos fue Lurigancho-Chosica, precisamente donde se pide declarar en emergencia nacional desde inicios del presente año y fue severamente afectado por el ciclón Yaku en el verano del 2023.
A diferencia de otras jurisdicciones, como Santa Eulalia, San Juan de Lurigancho y Cocachara, Lurigancho-Chosica fue la única que contó con recursos para atender y prevenir desastres todos estos años. A algunas se les terminó retirando dichos recursos en el transcurso del año y, en otras, simplemente nunca se asignó.
Entre el 2021 y el 2024, Lurigancho-Chosica tuvo un presupuesto promedio superior a los S/5.6 millones con una capacidad de gasto de 90% anual. Fue en el 2021 cuando se les brindó la mayor cantidad de recursos por S/9.4 millones y gastó el 90.5% del total.
En general, para Lima en este año, se destinó como presupuesto inicial más de S/5.4 millones, de los cuales más de la mitad están asignados para Lurigancho-Chosica (S/2.7 millones). Sin embargo, es importante recordar que estos recursos están sujetos a variaciones en el transcurso del año.
Este Diario revisó los principales proyectos financiados en Lurigancho-Chosica y aparecen la instalación de muros de contención para aumentos del cauce de huaycos, mejoramiento de infraestructura de proyección en quebradas, adquisición de volquete, tractor de orugas, excavadora hidráulica y cargador frontal, mejoramientos de servicios de limpieza de barreras dinámicas, entre otros. Las obras contemplaron recursos hasta por S/3.3 millones y registraron ejecuciones de hasta 96%.
El distritro más vulnerable
Ante este escenario, el alcalde Vargas subrayó que los recursos con los que han contado en estos años fueron financiados, principalmente, por el municipio, por lo que exhortó a las autoridades nacionales a realizar transferencias adicionales a bien de atender esta temporada de eventuales desastres. También criticó, por ejemplo, que cambios normativos redujeron el espacio para la ejecución de Obras por Impuestos (OxI).
“En el 2024, asignamos alrededor de S/4 millones para obras de evacuación ante huaycos, pero no son suficientes”, comentó. Vargas anotó que el período ideal para actuar es entre mayo y diciembre, cuando debe realizarse los reforzamientos y descolmataciones. Apuntó que esto es cíclico, pues el deterioro natural es cada temporada.
A partir del ciclón Yaku del 2023, comentó que instalaron 22 barreras dinámicas, pero estas necesitan un mantenimiento, si es que no una renovación. “Desde ese tiempo, pedimos maquinaria pesada para descolmataciones, cuya respuesta llegó casi a fines del 2023 y los trabajos fueron solo hasta fines del 2023. Del total, se hizo solo un 60%. En el 2024, con nuestro propio presupuesto atendimos muros de contención debilitados y contratamos maquinaria”, señaló.
Vargas, quien también es el presidente de la Mancomunidad Municipal Lima Este, indicó que tienen registrado todos los puntos críticos en la zona y cada uno cuenta con una ficha técnica, la cual fue entregada a las autoridades nacionales.
“Solo en la zona de Carapongo tenemos hasta 500 viviendas que serían afectadas de manera directa por el desborde del río. Solo en la cuenca del río Rímac tenemos hasta 20 puntos críticos, a las cuales se suman otras 30 de las quebradas”, detalló.
Un dato no menor que señaló Vargas es que, ya con el aumento del flujo del río, se tiene menos espacio para los trabajos de prevención, pues la maquinaria no puede ingresar por la altura y fuerza del caudal. Así, se debe apuntar a reforzar las barreras que debían ser descolmatadas.
Problema estructural
Flavio Ausejo, experto en políticas públicas y profesor de la PUCP, señaló que el problema principal del Perú ante la atención y prevención de desastres pasa por la ausencia de una estrategia de orientación de recursos. Esto se aplica para atender cualquier emergencia, como huaycos, terremotos o friajes.
“Por ejemplo, ante el friaje y las heladas se hizo un documento identificando la cantidad de población afectada y los planes a ejecutar. Sin embargo, el problema es la implementación. Allí aparecen las inercias administrativas, presupuestales, entre otros”, analizó.
Ausejo indicó que este primer punto se explica en la falta de capacidad estructural para asignar recursos en el aparato público y concretar las compras de bienes y/o servicios. A esto se suma que, en los últimos años, surgió como problema la alta rotación de directivos para solicitar y ejecutar estos presupuestos.
“Al final del día, el que ejecuta no tiene una mirada estratégica porque no ha tenido mucha tiempo en el puesto”, subrayó. “Y se añade que quien presupuesta la obra atender la emergencia no está vinculado con el funcionario que estará a cargo. Entonces, simplemente se hace un presupuesto para cuadren los números”. Esto explicaría, en parte, que las variaciones significativas entre el presupuesto inicial y el final ante desastres.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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