Mediante un comunicado oficial, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante el anuncio de la concesionaria Rutas de Lima: iniciar un proceso de disolución y liquidación.
Como se recuerda, la decisión fue adoptada, entre otros, tras el cierre de 26 casetas de peaje, el mismo que ocasionó la pérdida de más del 60% de sus ingresos.
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Atracción de inversiones en riesgo
De acuerdo con AFIN, el Perú afirma, por un lado, que busca atraer inversión privada, pero, a la vez, las medidas que desconocen contratos vigentes envían señales de inseguridad jurídica y generan un efecto contrario.
“Este caso daña la imagen internacional del país, debilita la credibilidad de sus instituciones y afecta la capacidad de atraer nuevas inversiones en infraestructura en beneficio de millones de peruanos”, se pudo leer.
“En ese sentido, el proceso de liquidación de Rutas de Lima no solo representa una controversia empresarial, sino que millones de usuarios que transitan por las vías concesionadas corran el riesgo de que se vean comprometidos el mantenimiento, la seguridad vial y la operación adecuada de la infraestructura, pilares esenciales para garantizar tránsito seguro y eficiente”, agregó.
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Importancia de las APP
AFIN destacó que las Asociaciones Público-Privadas (APP) han permitido al Perú avanzar en sectores clave como transporte, telecomunicaciones, energía y agua.
“Sin embargo, este tipo de casos ponen en entredicho la sostenibilidad de este modelo. Respetar los contratos suscritos por el Estado es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo de infraestructura que el país necesita”, aseguró.
AFIN exhortó, en ese sentido, a que las controversias de cualquier índole se resuelvan en el marco de los mecanismos legales y contractuales establecidos.
“El Perú no puede arriesgar su reputación internacional ni el bienestar de los ciudadanos por decisiones que afectan la institucionalidad y la confianza en las reglas de juego”, remarcó.
