La empresa Lima Expresa advirtió que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estaría incurriendo en un desacato a una orden del tribunal internacional de arbitraje (CIADI), así como en un incumplimiento del contrato de concesión de la Vía de Evitamiento, al inaugurar una vía paralela sin peaje a la altura del peaje de Monterrico, en dirección a la Avenida Separadora Industrial.
Según el comunicado de la concesionaria, el tribunal del CIADI, con sede en Washington, ordenó expresamente al Estado peruano, incluyendo a la MML, EMAPE y la Municipalidad de La Molina, no abrir ni poner en operación vehicular ni peatonal dicha vía, al considerar que constituye una intervención ilegal sobre activos que forman parte de la concesión.
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“La apertura de esta vía representaría una violación directa de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado peruano”, señaló la empresa, que además alertó que la medida expone al país a nuevos arbitrajes internacionales y afecta la confianza de los inversionistas privados.
Lima Expresa también sostuvo que el terreno utilizado por la comuna limeña pertenece a los activos de la concesión que debieron ser transferidos hace más de una década, por lo que su uso actual vulnera los compromisos vigentes.
La compañía cuestionó además la utilidad de la obra, calificándola como un proyecto sin sustento técnico que no reducirá la congestión ni mejorará la seguridad vial, ya que -según afirma- existen rutas libres y seguras que conectan los distritos de La Molina y Ate.
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Asimismo, la empresa señaló que la construcción de esta vía bloquea proyectos clave como la modernización del peaje de Monterrico, una propuesta privada presentada hace dos años a la MML que -sin aumentar tarifas- permitiría ahorrar más de un millón de horas de viaje al año y mejorar la experiencia de los usuarios.
Finalmente, Lima Expresa exhortó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a detener las intervenciones que violan el contrato de concesión y a retomar el diálogo técnico e institucional, con el fin de continuar mejorando la movilidad en la capital sin comprometer la seguridad jurídica ni la calidad de los servicios viales.
