Desde el Gobierno peruano dan luces de buscar “poner el pie en el acelerador” con vista a la aprobación de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, conocida como la Ley MAPE; y que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia vence a fin de este año.
Producto de la instalación de una mesa de trabajo para abordar la formalización minera entre diferentes actores del sector, desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunciaron, anteriormente, que presentarán una nueva propuesta al Congreso, la cual recogerá las perspectivas de sus diversos participantes, como gremios y grupos de trabajadores mineros no formales (agrupando informales e ilegales).
Jorge Luis Montero, titular del Minem, al cierre de la sexta sesión de trabajo de ocho programadas, adelantó que son 12 puntos cruciales que considerará la propuesta de nueva Ley MAPE.
Gestión tuvo acceso al detalle de, al menos, siete ejes confirmados, que abarcan desde implementar un sistema de trazabilidad minera “en tiempo real”, ajustes normativos para las concesiones mineras e incentivos para la formalización.
Sin embargo, aunque desde el Gobierno indicaron públicamente que ya se “tiene culminado el texto final” y están consensuados 12 puntos, el documento aún no está al 100% cerrado.
La congresista Diana Gonzales (Avanza País), presente en estas reuniones y quien se mantendrá en esta legislatura como vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, a cargo del debate y aprobación de la nueva ley MAPE, descartó que la propuesta “culminada”.
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Pero sí valoró el deseo desde el Poder Ejecutivo de entregar, a la brevedad, el documento a la nueva comisión legislativa a fin de que sea abordado con un tiempo prudente. Este lunes 18 de agosto se instalará esta mesa de trabajo, que estará presidida por Víctor Cutipa (Bloque Magisterial - JPP).
“Todavía ese texto no está cerrado. Pero sí se quiere entregar el texto para cuando la comisión [de Energía y Minas] asuma. Es también de valorar que el Ejecutivo ha logrado sentar a todos los actores [alrededor de la formalización minera]”, indicó Gonzales en diálogo con este diario. El plazo de vigencia para estas mesas vence, en teoría, a mediados de septiembre (60 días).
Nueva ley MAPE y sus ejes
En la última semana, se convocó para dos reuniones a la mesa técnica de formalización minera. La primera fue el lunes 11 de agosto y la última, el jueves 14. Al salir de esta última se dio un anuncio gubernamental de que el texto final “estaba culminado”. Para efectos prácticos, a decir de Gonzales, lo que se quiso decir es que se definieron los ejes medulares de esta nueva ley.
En detalle, en la sexta sesión, se abordaron siete temas claves alrededor de la propuesta de nueva ley MAPE. Gonzales destacó que se buscará una optimización de la normativa sobre trazabilidad. “Nueva regulación sobre trazabilidad” titula este apartado.
Un documento al que accedió este diario precisó que se apoyarán, al respecto, en el ya creado Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmma), que alcanza data del Minem, del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Sucamec, la Sunat, entre otros.
“No obstante, se requiere que se refuerce este sistema ya implementado. Por lo tanto, a través de la Ley MAPE, se debe regular la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos (…) para ello, se postula la creación del ‘Sistema de Trazabilidad de Minerales’ destinado a garantizar el cumplimiento de lo previamente señalado”, precisa el documento.
Este lunes 18 de agosto se instalará esta mesa de trabajo, que estará presidida por Víctor Cutipa (Bloque Magisterial - JPP). | Congreso
Entre las características de esta regulación al sistema se contempla la implementación de una plataforma tecnológica que permita “registrar en tiempo real” las transacciones comerciales. La idea es realizar la trazabilidad del oro, o cualquier otro mineral, desde el origen hasta la venta final.
También está la “obligación” de registrar la cantidad de material producto de la transacción para ser considerada legal.
Para Gonzales, resulta oportuno el enfoque de una trazabilidad en tiempo real para asegurar la legalidad del producto durante toda la cadena de valor, más aún considerando experiencias previas.
“La propuesta de trazabilidad está entre lo que más se debe destacar. Es importante tenerla en tiempo real para seguir la cadena de valor, desde el origen hasta la venta, y que todas las transacciones estén en una sola plataforma interconectadas con varias bases de datos. Esto es clave porque ya vimos qué pasó con el Reinfo, que tenía información separada de la Sunat, de la Policía, etc”, mencionó la congresista.
¿Qué se busca en concesiones mineras?
Un segundo aspecto que valoró Gonzales son los cambios normativos sobre el régimen de concesiones mineras. Se busca atender un escenario donde se identificaron casos donde los titulares se las otorgaron a terceros a cambio de una contraprestación fuera de una relación contractual formalizada, con lo que el Estado no puede recaudar impuestos por la transacción.
“La legislación peruana no contempla ninguna manera de evitar esta anómala situación, que termina siendo perjudicial para el erario nacional y para el minero en formalización”, detalla el documento.
Así, se plantea modificar la normativa, precisamente, para incrementar el pago de penalidad según estrato, revisar los plazos para cumplir con la producción mínima exigida, también observar los plazos para definir la causal de caducidad de concesiones y establecer el derecho de preferencia en concesiones extinguidas.
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La propuesta que maneja, actualmente, la mesa técnica de formalización profundiza sobre las concesiones extinguidas, que es cuando ya no tienen un titular por incumplir algunas disposiciones.
Al respecto, se propone permitir que el Minem pueda autorizar áreas de no admisión de petitorio para el caso de concesiones extinguidas, de manera que otorgue “derecho de preferencia a los pequeños mineros y mineros artesanales que cumplan con determinadas condiciones”.
Sobre este aspecto, Gonzales indicó que cualquier propuesta de nueva ley MAPE debe abordar la problemática alrededor de las concesiones, pues se trata del principal problema para la formalización minera. “Los contratos e incentivos es un tema álgido. En el papel se puede poner de todo, pero sin incentivos no resultan atractivos y no avanzan”, refirió.
¿Incentivos para la formalización minera?
La propuesta que lidera el Ejecutivo también formaliza el anuncio que el ministro Montero venía dando hace varios meses: el impulso de un fondo minero que, aunque creado, no tiene reglamentación. Esto se presentaría como una “solución eficaz” a los problemas de consolidación y crecimiento empresarial de la MAPE, de manera que logre su crecimiento empresarial y cumpla con estándares legales.
También se propone ofrecer incentivos a la suscripción de contratos de explotación. Para quienes lo concreten con pequeños o artesanales mineros tendrán un beneficio de “exoneración del pago de la vigencia y de la penalidad equivalente a 10 veces el área objeto del contrato y por el plazo suscrito.
“Para acceder a dicho beneficio el plazo del contrato de explotación no puede ser inferior a cinco cinco años”, precisó el documento.
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En este marco, también se suma la idea de que desde el Minem se promueva “mecanismos de compra y venta legales que aseguren el cumplimiento de las exigencias de trazabilidad y generen condiciones de mercado equilibradas y transparentes”.
Además, se buscará ajustar la normativa buscando la promoción y asistencia técnica a los pequeños y artesanales mineros.
A esto se agregan apartados relacionados a la inclusión financiera, donde el Banco de la Nación tendrá el rol de promoverla con el acceso a servicios bancarios básicos y líneas de crédito que ayuden al desarrollo sostenible de sus actividades, además de apertura de cuentas bancarias.
Adicionalmente, se propondrá implementar un sistema simplificado de verificación para la validación de la identidad del productor minero artesanal o de subsistencia al que se permite la emisión de liquidaciones de compra.
Apuntes de las reuniones
Por último, Gonzales indicó que llamó la atención que desde organizaciones como la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) haya existido el interés de incluir modificaciones sobre el uso de explosivos, cuando esto ya tiene su propia normativa y que se aplica más allá de la minería.
“El tema de explosivos no debió ser medular en las reuniones, pero siempre fue un condicionante de la Confemin y la Fenamarpe, había una inusitada preocupación. Esto no hace más que reiterar que el Reinfo fue usado como amparo legal [para la actividad minera ilegal]”, subrayó.
En este contexto, también valoró que desde el Ejecutivo se haya abierto la convocatoria para que se sumen a las reuniones más organizaciones de trabajadores. “No creo que solo dos agrupen a todos los mineros del país”, sostuvo.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
