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El Congreso de la República inició el debate para una nueva ley de promoción de la industria peruana. Un proyecto que busca impulsar medidas para ocho sectores estratégicos, como la pesca, agroindustria y minería, identificados previamente por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) por ventajas comparativas.
La iniciativa, que tiene 119 artículos, incluye un paquete tributario que afectan directamente al Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Gestión consultó con extitulares de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la pertinencia de estos incentivos tributarios.
Frente a la premura de la SNI por sacar adelante la ley, que busca su publicación antes de fin de año, las voces consultadas por este diario coinciden: frente a una recaudación tributaria mermada, las medidas propuestas requieren mayor análisis sobre su impacto fiscal.
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“Corazón” golpeado
El paquete tributario de la propuesta normativa tiene dos pilares. “La reinversión de utilidades con un compromiso de gasto y la depreciación acelerada son el corazón del proyecto”, explica Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la SNI, a Gestión.
Sobre la alternativa de reinvertir utilidades, se plantea un descuento del IR de hasta 70%. Castillo asegura que se trata de una decisión que otros países de la región como Ecuador y Chile ya tomaron y que el MEF está al tanto de ello. “Se aplicaría en la medida de que las empresas reinviertan en equipo y contratación de mano de obra”, detalla.
Al respecto, Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, afirma que sería ineficaz. “No es una novedad, existe desde hace 50 años, y fracasó. Solo sirve para disminuir la la inversión industrial. Es una forma de convertirnos en una especie de paraíso fiscal”, critica.
En el caso de depreciación acelerada, la propuesta es que aplique para toda maquinaría adquirida entre los años 2024 y 2034 hasta en un 33.33%. “Lo tiene ya la minería. Ya hay empresas que pasan de trabajar laminados de zinc a producir cables y deben comprar bastantes cosas. Antes se planteó para un año, eso es un error: en ese tiempo ni siquiera llegan los equipos”, sostiene Castillo.
Para Luis Miguel Castilla, extitular del MEF, si bien la minería cuenta con este beneficio, no podría extenderse a siete sectores más sin analizar su impacto. “El Código Tributario pide que se haga una evaluación de la efectividad de cada régimen”, advierte.
En respuesta, Castillo asegura que, antes de llevar la propuesta al Congreso, descartaron un golpe serio a la caja fiscal. “El costo estatal se recupera más rápido por la compra de equipos. El IGV generado por consumo sobrepasa fácilmente el impacto generado”, afirma.
Sin embargo, Arias cuestiona el estimado. “Lo mismo se dijo antes de la hiperinflación: que el consumo crecería y eso compensaría el descenso. Hasta ahora no hay sustento técnico de ello”, recalca.
La propuesta de ley también busca exonerar de ciertos tributos a sectores específicos, como electromovilidad, o en zonas determinadas, como la importación de bienes de capital e insumos a industrias manufactureras en polos de desarrollo en zonas altoandinas y amazónicas.
“Las exoneraciones representan 2 puntos del PBI, unos S/ 20,000 millones. En un contexto donde cae la recaudación, no sé si el timing sea el mejor”, comenta, al respecto Castilla.
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Mal “timing”
Tanto el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), como la misma Sunat, señalan que en el primer semestre del 2023, la recaudación tributaria tuvo una caída de 6.8%, respecto al 2022.
La perspectiva en agosto tampoco fue buena para los dos impuestos que la propuesta de ley planea afectar, de acuerdo con Sunat. La recaudación del IGV fue de S/ 7,104 millones, lo que significa una disminución del 18.4% respecto al mismo mes de 2022. Por IR, se recaudaron S/ 4,013 millones, una caída del 9.9% en comparación al año pasado.
“Por ese motivo estas propuestas se hacen más graves en esta coyuntura. Este año la recaudación tributaria caerá más que en la pandemia. Estará por debajo del 15% del PBI”, estima Arias.
Aún bajo esa realidad, Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI, le aseguró a este diario que buscarán contar una nueva ley de industrias antes de fin de año. “Hay consenso en el Parlamento, sobre todo por la situación económica, de la necesidad de contar con nuevos sectores productivos”, resaltó.
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Discusión necesaria
A pesar de las discrepancias, ambos especialistas ven necesario discutir el impulso industrial. Sin embargo, como señala Castilla, será necesario que el Gobierno también se involucre.
“Esto debería promoverlo el Poder Ejecutivo. No me opongo a las medidas, pero otros países donde se aplican tienen realidades distintas. La industria está golpeada y no se puede permitir que desaparezca, pero es un facilismo bajar impuestos. Se ignora el aspecto laboral e institucional, que también son importantes”, remarca.
Por ello será clave la posición que entes como la Sunat y el MEF den sobre los alcances del proyecto en las comisiones donde se discuta. Frente a ello, Arias propone que se busque un sistema tributario neutral.
“Eso significa tener una cancha plana para todos los sectores y contribuyentes. Una misma tasa de IR para todos, sin exoneraciones ni beneficios para ciertos grupos”, agrega.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
